Ma. de Lourdes Vallejo Escalera
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Vallejo Escalera
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de enero de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual se devuelve diligenciado el exhorto 527/2021 (orden 3521/2021), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa los proveídos de trece y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, asimismo, requerirle para que señalara domicilio en esta ciudad, donde oír notificaciones personales. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIONES POR LISTA. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno; por lo que, las subsecuentes notificaciones personales que le resulten a dicha parte procesal, practíquense por medio de lista, de conformidad con los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo CAUSA ESTADO. Por otro lado, visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. DEVUELVE EXHORTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 19392, signado en forma electrónica por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia; a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 508/2021 (comunicación 3404/2021), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Lo anterior sin que haya lugar realizar el acuse de recibo al estilo correspondiente, toda vez que dicha comunicación oficial fue recibida de manera electrónica en este Juzgado Federal. SE GIRA EXHORTO. Ahora bien, vistas las manifestaciones realizadas por la autoridad exhortada de las que se advierte que el motivo por el cual no fue diligenciada la comunicación oficial que se recibe lo fue por que no se encontraba legible el domicilio donde habría de llevarse a cabo la diligencia solicitada; en ese contexto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales; tomando en consideración que el domicilio indicado por el promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales no corresponde a esta ciudad; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, envíese de nueva cuenta atento exhorto, vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, para que notifique a la quejosa Ma. de Lourdes Vallejo Escalera, por conducto de su apoderado jurídico, la presente determinación así como la diversa de trece de diciembre de dos mil veintiuno (se remite copia), en el domicilio procesal ubicado en la calle José Sixto Verduzco Número 587 de la Colonia Independencia de la Ciudad de Morelia Michoacán. Asimismo, lo prevenga en términos del citado auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, para que en ese acto, o dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal informe el tratamiento dado al exhorto en comento; hecho lo encomendado, lo devuelva a la brevedad posible. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE EXHORTO AL QUEJOSO.
- Principal
I. PRINCIPAL 696/2021-III En trece de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Salomón Martínez Botello, en cuanto apoderado jurídico de Ma. de Lourdes Vallejo Escalera, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancias en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, con registro 21788. Conste. 1. Asimismo, la Secretaria CERTIFICA: que se recibe la demanda original con firma autógrafa, con cuatro copias y dos anexos. 2. Que después de haberse realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se localizaron antecedentes del juicio de amparo relacionado con este asunto, sin tener semejanza con el acto aquí reclamado. 3. De igual manera, que Susana Elena Álvarez Zambrano, sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; lo que no acontece respecto de Oscar Iván Ramos Chávez. Lo que se asienta para constancia y en vía de certificación, para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Lic. Jéssica Artemisa Arriaga Esparza. Secretaria. Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Salomón Martínez Botello, en cuanto apoderado jurídico de Ma. de Lourdes Vallejo Escalera, carácter que se le reconoce por así acreditarlo con las constancias que acompaña a su escrito; demanda instaurada contra actos del Juez Segundo de Primera Instancias en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán. Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 696/2021-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. 1 Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y por ende no deberán digitalizarse las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponde a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial. Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: 1. El proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 224/2021, en el cual, el juez responsable designó perito tercero en discordia para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos; y, 2. El proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el citado expediente, en el cual, el juez responsable, determinó que no ha lugar a tener a la parte quejosa, interponiendo apelación en contra del mencionado auto de diez de noviembre del año en curso, en el que se nombró perito en discordia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)2, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39. Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. En el caso, la promovente del amparo reclama el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 224/2021, en el cual se designó perito tercero en discordia para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos, así como el diverso proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el citado expediente, en el cual el juez responsable, determinó que no ha lugar a tener a la parte quejosa interponiendo apelación en contra del mencionado auto de diez de noviembre del año en curso, en el que se nombró perito en discordia. Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". De lo anterior se obtiene que las determinaciones impugnadas son actos que tienen su origen en una actuación llevada a cabo dentro del juicio ordinario civil, es decir, determinaciones en las cuales se designó perito en discordia Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 y se determinó no admitir el recurso de apelación en contra del auto que tuvo por designado perito en discordia, sin embargo, debe decirse que a afecto de analizar la procedencia del juicio de amparo que no ocupa, resulta necesario examinar la determinación que se pretendió combatir con dicho medio ordinario de defensa, ello con la finalidad de establecer si sus efectos producen afectación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa. En efecto, como se expuso en párrafos que anteceden, el acto reclamado consistió determinaciones en las cuales se designó perito en discordia y se determinó no admitir el recurso de apelación en contra de dicho auto que tuvo por designado perito en discordia, los cuales, no son de los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación del Juez responsable de designar perito en discordia y el determinar no admitir el recurso de apelación en contra de dicho auto que tuvo por designado perito en discordia, no violan ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues únicamente trae como consecuencia que se continúe la prosecución del juicio subyacente; situación que no se proyecta sobre derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En efecto, el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 224/2021, en el cual se designó perito tercero en discordia para el desahogo de la prueba pericial, así como el diverso de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual determinó que no ha lugar a tenerlo interponiendo apelación en contra del mencionado auto de diez de noviembre del año en curso, en el que se nombró perito en discordia, de lo que se colige que las determinaciones que constituyen el acto reclamado sólo podría afectar derechos Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Debe invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia IV.2o.C.J/21 (10a)3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni 3 Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539. Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. AUTORIZADOS. Téngase como persona autorizada de la parte quejosa con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Susana Elena Álvarez Zambrano, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho. No así, a Oscar Iván Ramos Chávez, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal, por no contar con dicho requisito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que el domicilio indicado por el promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales no corresponde a esta ciudad; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, envíese atento exhorto, vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, para que notifique a la quejosa Ma. de Lourdes Vallejo Escalera, por conducto de su apoderado jurídico, la presente determinación, en el domicilio procesal ubicado en la calle José Sixto Verduzco Número 587 de la Colonia Independencia de la Ciudad de Morelia Michoacán. Asimismo, lo prevenga para que en ese acto, o dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía interconexión las Jessica Artemisa Arriaga Esparza 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 25/09/23 11:05:21 constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE EL AUTO RELATIVO. Si se alega la falta de notificación personal del auto que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, cabe decir que como en el auto recurrido se tiene por no interpuesta la demanda de amparo, es de considerarse que con ello se afecta a la parte quejosa en el procedimiento tutelar de sus garantías constitucionales, por lo que el C. Juez de Distrito, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Amparo, debió ordenar que la notificación de que se trata se hiciera en forma personal."4 FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese, por medio de exhorto a la parte quejosa.
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