Ma. de Lourdes Rodriguez Castro
Expediente 1015/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Rodriguez Castro
- Comisión Federal de Electricidad, ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 83 a 94), mediante la cual sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. De acuerdo al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, también deben destruirse el original y duplicado del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva en los mismos; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hágase la devolución de los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, previa razón de recibo que se deje asentada en autos; en la inteligencia que la parte interesada deberá de comparecer con copia fotostática de una identificación oficial dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados los documentos serán susceptibles de ser destruidos junto con el expediente, en término de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio firmado por la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe con justificación; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; en virtud de que en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad oficiante (foja 75).
- Principal
Visto el oficio enviado vía electrónica por la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Asimismo, se tiene como su domicilio procesal el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que las mismas dada su calidad de autoridad responsable señalada en el presente asunto, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; igualmente, en términos del diverso numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene como sus delegados a los que indica en su oficio de cuenta.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de cuenta, se le tiene a la quejosa ratificando en toda y cada una de sus partes el contenido del ocurso presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, asimismo, manifiesta que su nombre correcto es Lourdes Minerva Rodríguez Castro; solicitando se acuerde lo que en derecho proceda. En consecuencia, visto el estado de los autos, se advierte que por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la quejosa manifestó que ampliaba su demanda de amparo respecto de las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad y Superintendente de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, a las cuales les reclamó lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADOS: 1.- EL EXCESIVO COBRO DECRETADO EN EL RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL PERIODO FACTURADO DEL 11 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA ******************** ******************** DE ESTA CAPITAL, EN DONDE ME COBRA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN QUE LO HAYA USADO, YA QUE SE ME HIZO EL CORTE DEL SUMINISTRO DEL MISMO; YA QUE DICHO ACTO VIOLA MIS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 8 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2.- .- LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE TAL PRECEPTO POR LA RESPONSABLE, EN EL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ME REALIZA EN EL RECIBO DE COBRO DEL PERIODO FACTURADO DEL 11 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019, EN DONDE ME COBRA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SIN QUE LO HAYA USADO, YA QUE SE ME HIZO EL CORTE DEL SUMINISTRO DEL MISMO; YA QUE DICHA NORMA Y ACTO SE APLICACIÓN VIOLA MIS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA." En ese sentido, cabe resaltar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la citada legislación, prevén que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de autoridad, entendiéndose por ésta aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquél que se emite con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por tanto, para considerar que se trata de actos de autoridad, se deben cumplir los siguientes parámetros: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. En la inteligencia que bastará la ausencia de uno de éstos para que no se considere acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Bajo ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que el objetivo de las reformas en materia energética se constriñeron a establecer que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, opera como un ente privado que, entre otros servicios públicos, brinda el de suministro básico de energía eléctrica bajo el régimen de derecho privado a través de la celebración de contratos y, por ende, se les otorga el carácter de actos mercantiles. Estableció que en los contratos de suministro básico de energía celebrados con los particulares, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los gobernados, ni realiza actos equiparables a dicha relación. Lo anterior, porque los actos que lleva a cabo en su carácter de suministrador de energía eléctrica, derivan de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial; por tanto, todos aquellos actos derivados del referido pacto contractual, se tratan de una relación de coordinación entre particulares y la paraestatal en los términos que finalmente pacten. Por esas razones concluyó que a la Comisión Federal de Electricidad no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando se reclamen actos que deriven del contrato de suministro de energía eléctrica, incluidos el corte, suspensión o desconexión del servicio; habida cuenta que la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor verifican el contenido de los contratos para asegurar que no contengan clausulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para el usuario. Sin que lo anterior impida que cuando la Comisión Federal de Electricidad realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se consideren inconstitucionales, se le pueda señalar como autoridad responsable. El criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ve reflejado en la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." En ese sentido, las "DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO", cuyos artículos 1, 10.2, fracción VIII y 24 fracciones I, IV y V, VI, VII y XII, prevén: "1. Del Objeto, Alcance, y Ámbito de Aplicación Estas Condiciones Generales tendrán como objeto establecer los derechos y obligaciones de los Suministradores y de los Usuarios Finales no Participantes del Mercado que cuenten con un Contrato de Suministro. Se sujetarán a las presentes Condiciones Generales las actividades de Suministro Eléctrico en todas sus modalidades, al amparo de Permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) bajo la Ley de la Industria Eléctrica (la Ley). (.) 10.2 El Usuario Final del Suministro Básico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes derechos: (.) VIII. Inconformarse o quejarse cuando así convenga a sus intereses, solicitando la reparación o restitución del daño o perjuicio causado por el Suministrador de Servicios Básicos. El pago por los servicios recibidos no ratifica su conformidad con dichos servicios, y la presentación de una queja ante la Profeco o la CRE antes de la fecha límite de pago por parte del Usuario Final inhabilita al Suministrador de Servicios Básicos de poder Suspender el Suministro Eléctrico a su Instalación Eléctrica Independiente, en apego al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en tanto se resuelva en definitiva dicha queja y se eleve a nivel de cosa juzgada por la CRE o Profeco, según corresponda. La imposibilidad de suspender el Suministro estará acotada a la causa que motivó la queja presentada ante Profeco o la CRE, debiéndose liquidar normalmente las Facturaciones posteriores que no sean objeto de quejas ante dichas instituciones. (.) 24. De la solución de quejas I. Sin perjuicio de las acciones legales que resulten procedentes, las quejas que se susciten entre el Usuario Final y el Suministrador de Servicios Básicos con motivo de la prestación del Suministro Eléctrico a que se refieren las presentes Condiciones Generales, podrán ser resueltas de conformidad con lo dispuesto en el presente apartado. (.) IV. Cuando la queja expresada por el Usuario Final o tercero afectado no resulte suficientemente clara, el Suministrador de Servicios Básicos deberá poner a disposición de dicho Usuario Final o tercero afectado los medios que le permitan precisar dicha queja a más tardar en los tres días hábiles siguientes a la presentación de la queja original. Dichos medios podrán incluir asistencia personal, por escrito, vía telefónica o vía internet, entre otros. V. El Suministrador de Servicios Básicos deberá asignarle a cada caso atendido un número de expediente, atender y responder las quejas de los Usuarios Finales o solicitantes en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la queja fue presentada. El número de expediente servirá al Usuario Final o tercero afectado para dar seguimiento al estatus de su solicitud o queja. VI. Si una vez agotado el procedimiento de conciliación previsto en el Contrato de Suministro la queja no quedara atendida a satisfacción del Usuario Final, o si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de esta disposición la queja no fuera atendida a satisfacción del Usuario Final o tercero afectado, éste podrá presentar su queja ante la CRE o la Profeco, según corresponda, utilizando el mismo número de expediente que le hubiera asignado el Suministrador de Servicios Básicos, a través de cualquier medio. En este caso Suministrador de Servicios Básicos deberá proporcionar al Usuario Final la información de contacto de la Procuraduría y la CRE, con el fin de que éste pueda dar continuidad a su queja por otras vías. VII. La CRE y la Profeco atenderán las quejas que reciban de los Usuarios Finales del Suministro Básico en apego a sus respectivos procedimientos internos, así como aquellos que establezcan para coordinarse entre sí, observando lo establecido en los artículos 120 y 121 del Reglamento. (.) XII. Las resoluciones e instrucciones de la CRE se elevarán a cosa juzgada, y únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, conforme al artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía. (.)" El primero de los numerales transcritos prevé que las condiciones generales tienen por objeto establecer los derechos y obligaciones de los suministradores y usuarios finales que cuenten con un contrato de suministro de energía eléctrica; otorgándoles, entre otras prerrogativas, la de inconformarse o quejarse contra cualquier acto inherente al prestación del servicio, pudiendo solicitar la reparación o restitución del daño o perjuicio causado por el Suministrador de Servicios Básicos. Además, que las quejas o inconformidades derivadas del contrato de suministro de energía, podrán ser resueltas de conformidad con lo dispuesto en el apartado "De la solución de quejas", por el Suministrador de Servicios Básicos; en el entendido que cuando no sea suficientemente clara, se deberá poner a disposición del interesado los medios que le permitan precisar los motivos de su queja debiendo asignarse a cada caso un número de expediente. Que una vez agotado el procedimiento de conciliación que prevé el contrato de suministro de energía eléctrica y si la queja no se resolvió a satisfacción del usuario, o no se hizo en el tiempo establecido, se podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Energía o la Procuraduría Federal del Consumidor; siendo posible impugnar la determinación final que emita la primera de las citadas a través del juicio de amparo. Expuesto lo anterior y atendiendo a lo resuelto en la contradicción de tesis 198/2017, se concluye que las determinaciones emitidas por el Suministrador de Servicios Básicos respectivo de la Comisión Federal de Electricidad, al resolver las instancias de queja o inconformidades, no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud que se resuelve lo relativo a la prestación del servicio que deriva de lo previsto en el contrato de prestación de suministro de energía eléctrica. Entonces, es claro que a los actos reclamados, a las autoridades responsables, no les reviste el carácter de actos de autoridad para efectos de la instancia constitucional, en virtud que éstos están relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica que, la gobernada en su calidad de usuario, contrató con la Comisión Federal de Electricidad, cuya naturaleza es mercantil y, por consiguiente, se rigen por el derecho privado. De ahí que no existe una relación de supra-subordinación frente a la gobernada, sino un vínculo de coordinación al derivar de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, donde no se ejerce una facultad de imperio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la instancia constitucional resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente; por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de demanda propuesta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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