Ma. de Lourdes Reynoso Valadez
Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Reynoso Valadez
- Enrique de Anda Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE AMPARO, SIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, SE DETERMINA DESTRUIR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
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León, Guanajuato, diez de agosto de dos mil dieciocho. V I S T O el juicio de amparo 569/2018-IV, promovido por ********************, contra actos de la Juez Décimo Segundo Menor Civil de esta ciudad y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. En cumplimiento a lo ordenado en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 489/2018, del índice de este juzgado, en el que se decretó la separación de autos para resolver la demanda planteada por ********************, contra actos del Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad y otras autoridades, la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, turnó a este juzgado el nuevo juicio de amparo separado de aquél, a fin de que se analizaran los actos reclamados derivados del juicio ejecutivo mercantil M-948/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo Menor Civil de esta ciudad, así como su ejecución atribuida a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y Secretario de Seguridad Pública Municipal, ambos de la localidad; admitiéndose a trámite el nuevo contradictorio el diez de julio de dos mil dieciocho, sin que fuese necesario requerir a las autoridades responsables su informe justificado ni emplazar al tercero interesado Enrique de Anda Hernández (parte actora en el juicio de origen), en virtud de que dichas constancias obran en el juicio de amparo 489/2018 materia de separación, razón por la cual únicamente se ordenó darles vista con la radicación del juicio, así como darle intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a analizar el escrito de demanda y las constancias que conforman los autos, para determinar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, juez Décimo Segundo Menor Civil, directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, así como al secretario de Seguridad Pública Municipal, todas de la localidad: La orden de embargo dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil M-948/2018 del índice del Juzgado responsable, a realizarse con auxilio de la fuerza pública en el inmueble ubicado en calle Pradera número 614, colonia Parque Manzanares de esta ciudad, así como su cumplimentación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables juez Décimo Segundo Menor Civil y directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambas con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado reconocieron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil M-948/2018 del índice del Juzgado responsable, que anexó a su informe con justificación y obra a fojas 34 a 58 de autos. Prueba documental pública a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada respecto de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En atención al sentido afirmativo de los informes rendidos y a la plena eficacia de la documental exhibida, está demostrada fehacientemente la existencia de los actos combatidos, según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En lo que respecta a la autoridad responsable secretario de Seguridad Pública Municipal de la localidad, autoridad con carácter de ejecutora, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negación se ve desvirtuada ante la certeza de los actos reclamados a la juez Décimo Segundo Menor Civil de esta ciudad, quien tiene el carácter de autoridad ordenadora, además de que en el caso se trata de un acto de inminente ejecución. CUARTO. Causa de improcedencia informada por la juez responsable. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior trascripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los elementos siguientes: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De actualizarse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando se modifica sustancialmente la situación jurídica de donde surgió el acto atribuido a la autoridad, ya que, aun cuando éste subsista ya no es susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al quejoso y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el presente caso, tenemos que el acto que la quejosa tilda de inconstitucional es la orden de embargo dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil M-948/2018 del índice del Juzgado responsable, a realizarse con auxilio de la fuerza pública en el inmueble ubicado en calle Pradera número 614, colonia Parque Manzanares de esta ciudad, así como su cumplimentación; contradictorio respecto del cual tiene el carácter de tercera extraña. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y de las documentales que remitió como justificación de su acto -las cuales fueron valoradas en el considerando tercero de esta resolución-, se evidencia que efectivamente mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio de origen promovido por Enrique de Anda Hernández en contra de Marcela de Lourdes Reynoso Valadez, el cual se ordenó ejecutar en el inmueble que defiende la quejosa ubicado en calle Pradera número 614, colonia Parque Manzanares de esta ciudad (fojas 50 a 52). Quedando así de manifiesto tanto el acto reclamado en este juicio de amparo (orden de embargo), como la calidad de tercera extraña de la impetrante en el contradictorio de origen. No obstante lo anterior, consta que mediante oficio agregado el seis de agosto del año en curso (foja 151), la juez de origen remitió diversas documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, con las que se demuestra que el actor en el juicio de origen Enrique de Anda Hernández, por conducto de su endosatario en procuración, se desistió de la acción y procedimiento intentado en contra de la demandada Marcela de Lourdes Reynoso Valadez; petición que fue acordada de conformidad por la juez responsable en auto de tres de los corrientes, en el que además dio salida al expediente y ordenó su archivo como asunto concluido (fojas 147 a 150 de autos). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque aun cuando subsiste la orden de embargo dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil M-948/2018 del índice del Juzgado responsable, a realizarse con auxilio de la fuerza pública en el inmueble ubicado en calle Pradera número 614, colonia Parque Manzanares de esta ciudad, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, en función del desistimiento de la acción por parte del actor y posterior archivo del contradictorio de origen, esto es, se modificó el entorno del acto reclamado generando que una eventual sentencia concesoria carezca de efectos. Así es, puesto que en el caso se estima que no es posible materialmente obtener la revocación de la orden de embargo a ejecutarse en el domicilio que defiende la quejosa (acto reclamado), puesto que el juicio en el que fue dictada ya fue archivado como asunto totalmente concluido, al haberse desistido la parte actora del mismo, de ahí que, si en dado caso se llegara a conceder el amparo, no habría forma material de ordenar su cumplimiento. En resumen, el acto reclamado subsiste, pero su objeto o materia dejó de existir al haberse modificado el entorno en el cual fue emitido, de modo que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos, pues aun cuando se declarase la inconstitucionalidad de la determinación reclamada, no sería posible restituir el derecho que estima violado la quejosa. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que el acto reclamado subsista no puede surtir efecto legal o material alguno, pues su objeto dejó de existir. En mérito de lo anterior es que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia Legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras, atento al criterio sostenido por la entonces Tercera Sala del más alto tribunal del país, en la jurisprudencia número 102, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 569/2018-IV, promovido por ********************, contra actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3055/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistido de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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León, Guanajuato, seis de agosto de dos mil dieciocho. Autoridad responsable informa desistimiento de la acción y procedimiento del contradictorio de origen. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Décimo Segundo Menor Civil, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el auto de desistimiento de fecha tres de agosto del año en curso, en el que se tuvo a Víctor Flores, autorizado de la parte actora, desistiéndose en perjuicio de la parte que representa de la acción y del procedimiento ejecutivo mercantil M948/2018; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3055/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistido de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA AL TERCERO INTERESADO ENRIQUE DE ANDA HERNÁNDEZ, A TRAVÉS DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN, EL ACUERCO DE 10 DE JULIO DE 2018, EL CUAL A LA LETRA DICE: LEÓN, GUANAJUATO, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. I. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Y REGISTRO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DOS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 489/2018-IV, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ORDENÓ LA SEPARACIÓN DE AUTOS; REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 569/2018-IV Y CONTINÚESE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO POR LO QUE HACE A LA QUEJOSA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ DÉCIMOSEGUNDO MENOR CIVIL DE ESTA CIUDAD Y OTRAS AUTORIDADES. II. PARTE QUEJOSA. MA. DE LOURDES REYNOSO VALADEZ. III. FIJACIÓN DE LA LITIS. VISTAS LAS CONSTANCIAS DE CUENTA, SE DESPRENDE QUE LA QUEJOSA RECLAMA LA INMINENTE DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRADERA NÚMERO 614, COLONIA PARQUE MANZANARES DE ESTA CIUDAD, ASÍ COMO DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN SU INTERIOR. IV. INFORMES JUSTIFICADOS. TODA VEZ QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES YA RINDIERON SUS RESPECTIVOS INFORMES CON JUSTIFICACIÓN, ÚNICAMENTE DÉSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO. V. EN CASO DE QUE SOBREVENGA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. CON LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE EL ARTÍCULO 64, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE SABER A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO A LAS DEMÁS PARTES, QUE DEBERÁN INFORMAR, DE MANERA INMEDIATA, CUANDO SOBREVENGA ALGUNA CAUSA QUE PROVOQUE EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL Y DE SER POSIBLE ACOMPAÑAR LAS CONSTANCIAS QUE LO ACREDITEN; APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO ASÍ, SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, SEGÚN LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LA OMISIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 251 DE LA LEY DE LA MATERIA; DEBIDO A QUE, POR UN LADO, SE CONTINUARÍA LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL OCIOSO EN SU PROSECUCIÓN, CON EL GRAVOSO DESPERDICIO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Y, POR OTRO LADO, EN EL SUPUESTO DE QUE SE DETERMINE CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL AL PROMOVENTE, EL CUMPLIMIENTO NO PODRÍA MATERIALIZARSE, LO QUE CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO. VI. VISTA A LA REPRESENTANTE SOCIAL ADSCRITA. DESE VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA PARA LOS EFECTOS LEGALES DE SU REPRESENTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. VII. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. VIII. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SIN QUE HAYA LUGAR A TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EN VIRTUD DE QUE EN EL DIVERSO JUICIO DE AMPARO 489/2018-IV SE PROVEYÓ LO CONCERNIENTE A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. IX. PRUEBAS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO SE TIENE POR OFRECIDA LA DOCUMENTAL QUE LA PROMOVENTE ANEXÓ A SU DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO LA DIVERSA QUE ANEXÓ A SU INFORME JUSTIFICADO EL JUEZ DÉCIMOSEGUNDO MENOR CIVIL DE ESTA CIUDAD, LA CUAL OBRA AGREGADA EN FOJAS 34 A 58 DE AUTOS, DE LO CUAL HÁGASE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. X. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LA PARTE PROMOVENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ARCO BIZANTINO NÚMERO 413 DE LA COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIÁN DE ESTA CIUDAD Y COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 A FERNANDO MARCELO FRANCO CASTILLO, EN VIRTUD DE CUENTA CON CÉDULA REGISTRADA EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO Y EN TÉRMINOS RESTRINGIDOS DEL MISMO NUMERAL Y EL CORRELATIVO 24, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LOURDES IVETTE REYNOSO VALADEZ, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO. XI. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA. SE TIENE COMO PARTE TERCERA INTERESADA A ENRIQUE DE ANDA HERNÁNDEZ, POR CONDUCTO DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN VÍCTOR FLORES, CLOVIS ORLANDO LÓPEZ ORNELAS Y JAIRO ISRAEL TORRES NAVA, QUIEN YA FUE EMPLAZADO EN AUTOS, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE ORDENA NOTIFICARLE EL PRESENTE PROVEÍDO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO. ASIMISMO, SE DEBERÁ REQUERIRLE PARA QUE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, LO QUE DEBERÁ HACER POR ESCRITO EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES, AUN LAS QUE TUVIERAN QUE SER DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE PRACTICARÁN POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, SIN ULTERIOR ACUERDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN HACER LA SOLICITUD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 26 DE LA PROPIA LEGISLACIÓN. XII. ACUERDOS GENERALES. EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 17 DE LA CARTA MAGNA, Y DE LA OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 21, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DESDE ESTE MOMENTO SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES ORDENADAS EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA; ELLO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DEBAN REALIZAR NOTIFICACIONES PERSONALES TANTO EN EL PRESENTE JUICIO PRINCIPAL COMO EN EL CUADERNO INCIDENTAL, INCLUYENDO EL EMPLAZAMIENTO, A CUALESQUIERA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y NO SEA POSIBLE PRACTICARLOS EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, LO ANTERIOR PREVIA RAZÓN ASENTADA POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE TRIBUNAL. LUEGO, RESULTA UN HECHO NOTORIO QUE EN EL PRESENTE CIRCUITO GENERALMENTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACUSAN RECIBO DE DIVERSAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, LO QUE INCREMENTA LA CARGA DE TRABAJO Y LA VOLUMINOSIDAD DE LOS EXPEDIENTES OBSTACULIZANDO CON ELLO EL MANEJO FÍSICO Y ESTUDIO DE LOS MISMOS; Y, DEBIDO A QUE LOS PROPIOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN II, INCISO A) Y B), 28 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, DISPONEN QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LAS DIVERSAS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS, SE LES HARÁN POR MEDIO DE OFICIO, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A TRAVÉS DEL FUNCIONARIO ADSCRITO DESIGNADO, QUIEN RECABARÁ RECIBO DEL MISMO, EL CUAL SE AGREGARÁ A LOS AUTOS Y HARÁ LAS VECES DE ACUSE. POR LO QUE, A FIN DE EVITAR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RESULTA INNECESARIO QUE INFORMEN CADA VEZ QUE RECIBAN COMUNICACIÓN PROVENIENTE DE ESTE JUZGADO, SALVO AQUELLOS CASOS EN LOS QUE DE MANERA EXPRESA LES SEA SOLICITADO EL ACUSE DE RECIBO. POR OTRA PARTE, CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL NUMERAL 26 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE COMUNICA A LAS PARTES, EN ESPECIAL A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, QUE LA FECHA DE TODO TIPO DE AUDIENCIAS (CONSTITUCIONAL E INCIDENTAL) SE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE LISTA, CUYA CONSULTA ES FÁCIL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. SE INFORMA A LAS PARTES QUE DESDE ESTE MOMENTO SE AUTORIZA LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS QUE SOLICITEN DURANTE EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADO SUPLETORIAMENTE EN VISTA DE LO PREVENIDO POR EL NUMERAL 2º DE LA LEY DE AMPARO. PARA AGILIZAR EL TRÁMITE, OMÍTASE FIRMAR LAS MINUTAS DE OFICIOS. FINALMENTE, PARA EFECTO DE HACER EFECTIVA LA JUSTICIA PRONTA, RÁPIDA Y EXPEDITA, SE ORDENA A LA SECRETARIA JUDICIAL PROCEDA, BAJO CRITERIO LIMITADO Y HÁBIL, ÚNICAMENTE CERTIFICAR Y AGREGAR A LOS AUTOS AQUELLOS TRÁMITES DONDE RESULTE INÚTIL DICTAR ACUERDO; LO ANTERIOR PROCEDERÁ SÓLO EN LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS: A) PROMOCIONES YA ACORDADAS EN AUTOS; B) DUPLICACIÓN DE INFORMES O COMUNICACIONES RECIBIDAS; C) ACUSES DE RECIBO; Y, D) SOLICITUDES DE COPIAS (EN RAZÓN DE ESTAR AUTORIZADAS DESDE ESTE AUTO INICIAL). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA CARLOS ARMANDO SALCEDO CORDERO, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR LICENCIA CONCEDIDA A LA TITULAR, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN EL OFICIO CCJ/ST/2342/2018, DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SUSCRITO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DE DICHA COMISIÓN, LICENCIADO VICENTE DAVID BURGUET FRANCO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LA LICENCIADA NORMA ROJAS LÓPEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
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