Ma de Lourdes Olivares Lopez
Expediente 2479/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Ma de Lourdes Olivares Lopez
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. El presente asunto es susceptible de destrucción. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. El incidente de suspensión es susceptible de destrucción, se procederá a la misma una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo del asunto.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte JOSE DE JESUS ARMANDO DE LA CRUZ RAMIREZ, el contenido del acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis dice: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado veintiuno de agosto del presente año, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente integrada en el expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] la responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: - Gestionen efectivamente el desahogo de la prueba documental de informes a que hace alusión en auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, en el conflicto laboral 2605/2016, para lo cual, de ser necesario, deberán girar los oficios y demás gestiones necesarias para tal fin, incluyendo los apercibimientos y medidas de apremio necesarios, lo que hará con plenitud de jurisdicción." Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio del Presidente Auxiliar y Secretario de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, del proveído de fecha siete de agosto de dos mil veintitrés, en el que se hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada y oferente de la prueba documental de Informes en el juicio de origen y se le tuvo por perdido el derecho a desahogar dicho medio de convicción. Ahora bien, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa manifiesta su inconformidad respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable. Al respecto, manifiesta que existe un incidente de nulidad de personalidad pendiente de resolver por la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, sin embargo, Indíquese al quejoso que los efectos de la sentencia de amparo únicamente constriñen a las autoridades responsables a gestionar efectivamente el desahogo de la prueba documental de informes y no así comprenden al desahogo de diversas etapas procesales del expediente natural. Tiene aplicación al respecto, la tesis 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 732, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad. Archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en atención al artículo 15 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, vigente a partir del ocho de junio siguiente, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y gestión ambiental, no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o bien, relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, no trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no se generó por el Pleno de Circuito, no versa sobre materia agraria y no integró jurisprudencia o tesis aislada en este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el presente asunto es conservable, en virtud de que, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, el órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido.
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