Ma. de Lourdes Morales Flores

Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
900/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes Morales Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado vía electrónica por ******, en su carácter de representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la autoridad responsable Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, y al efecto manifiesta que su función en relación con la cita para que la aquí quejosa ******, le sea practicado el estudio de gammagrama cardiaco y prueba de esfuerzo, en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, únicamente es de enlace, dado que dicho nosocomio goza de autonomía. En atención a su contenido, téngasele por informando las gestiones realizadas para obtener la cita antes precisada, en el entendido de que una vez que cuente con ella, la deberá informar a la brevedad posible a este órgano de control constitucional. Por otra parte, visto el estado de autos, del que se desprende que en proveído de tres de octubre de la presente anualidad, se reservó proveer lo conducente en relación con la petición de la autorizada de la parte quejosa, relativa a que se le proporcione el apoyo para su traslado al hospital de alta especialidad en la Ciudad de México; por tanto, se levanta dicha reserva y, con independencia de que no se cuenta con la fecha para llevar a cabo el estudio precisado en el párrafo que antecede, indíquese a la promovente que dicha petición la deberá realizar ante la autoridad responsable. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones de las partes precisadas en párrafos que anteceden, es necesario recordar que los efectos de la suspensión de plano otorgada en auto de veintinueve de agosto del año en curso, fue para los siguientes efectos: "(.) PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE LE PROPORCIONE A LA INCIDENTISTA MA. DE LOURDES MORALES FLORES, LA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A QUE TIENE DERECHO, ES DECIR, EN EL CASO PARTICULAR, DICTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PERTINENTES Y URGENTES, A FIN DE QUE, PREVIO LOS ESTUDIOS MÉDICOS PREOPERATORIOS Y ATENDIENDO AL ESTUDIO QUE INDIQUE QUE ASÍ LO REQUIERE, SE LE PROGRAME LA CIRUGÍA DE COLECISTECTOMÍA PARA SU PADECIMIENTO DE CÁLCULOS EN LA VESÍCULA, Y LE SEAN PROPORCIONADOS LOS CUIDADOS Y TRATAMIENTO ADECUADOS POSTOPERATORIOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO MÉDICO ADECUADO PARA ELLO; TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 77 BIS 37 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUES EL DERECHO A LA SALUD DEBE SER PROPORCIONADO, AL SER UN DERECHO HUMANO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PORQUE DE LO CONTRARIO SE CAUSARÍAN DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN QUE DE NINGUNA FORMA PUEDEN SER RESTITUIDOS CON LA PROBABLE CONCESIÓN DEL AMPARO. Con base en lo anterior, la autoridad responsable deberá realizar las acciones necesarias para salvaguardar su derecho a la salud de acuerdo con la gravedad que la quejosa presenta. Debiendo destacar que el tratamiento y medicamentos recetados quedarán bajo su más estricta responsabilidad, atendiendo a los lineamientos precisados en autos de veintinueve de agosto y veinticinco de septiembre, ambos del año que transcurre. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes a su notificación, informe la fecha de la cita en el hospital de tercer nivel, a fin de que se realice a la aquí quejosa *****, el estudio de gammagrama cardiaco con prueba de esfuerzo. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Finalmente, se ordena notificar por lista a todas las partes, incluida la responsable, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tienen por recibidos los oficios firmados vía electrónica por *****, en su carácter de representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la autoridad responsable Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada de las documentales consistentes en los estudios preoperatorios realizados a la aquí quejosa Ma. de *****, y la impresión de pantalla del correo electrónico enviado al Director General del Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI, de veintiséis de los actuales, a fin de realizar a la citada quejosa el estudio de gammagrama cardiaco y prueba de esfuerzo; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para lo cual, se ordena correr traslado con las documentales que se anexaron a los oficios de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Ahora bien, de las documentales que fueron remitidas como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable oficiante, se advierte que la aquí quejosa *****, acudió el diecinueve de septiembre del año en curso, al Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ser valorada por el cardiólogo David Ibarra, fecha en la que se ordenó se le practicara el estudio de gammagrama cardiaco con prueba de esfuerzo, y de la documental que remite la responsable en el oficio que se provee, consistente en una impresión de pantalla del correo electrónico enviado al Director General del Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI, se desprende que es hasta el día veintiséis de septiembre de esta anualidad, en que solicitó al referido hospital de tercer nivel en la Ciudad de México, la realización de dicho estudio. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase al Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del oficio que contenga el presente acuerdo, informe la fecha de la cita en el hospital de tercer nivel, a fin de que se realice a la aquí quejosa *****, el estudio de gammagrama cardiaco con prueba de esfuerzo; lo anterior en razón de que desde el día diecinueve de septiembre de este año, fue valorada para ello. Apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio, en términos de los numerales 237, fracción I y 260, ambos de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio enviado con evidencia criptográfica por ****, en su carácter de representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la autoridad responsable Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en esta ciudad, personalidad que tiene reconocida en el presente sumario, por medio del cual rinde su informe justificado; por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona y como domicilio procesal el que indica. De conformidad con el diverso numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte, las documentales que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele proporcionando correo electrónico, para establecer contacto. Luego, como lo solicita expresamente el suscrito se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "RogelioCarrisoza", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la autoridad oficiante cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos. Ahora bien, de lo manifestado por el oficiante y de las documentales allegadas, se advierte que le fueron realizados estudios preoperatorios, y con motivo de ellos, se determinó que tiene alto riesgo quirúrgico, ordenándose la valoración por el cardiólogo, quien encontró un riesgo aún mayor; quien refirió se le realizara a la aquí quejosa, los estudios de inductor de estrés con prueba de esfuerzo y de gammagrama cardiaco, de este último, aduce el promovente, se gestionó la cita en un hospital de tercer nivel que cuente con la indumentaria especializada para realizarlo. Por lo antes expuesto, requiérase a la autoridad responsable Director General del Hospital Regional 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes al en que le surte efectos la notificación del presente proveído, informe: 1.- EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS PREOPERATORIOS, ASÍ COMO EL DE INDUCTOR DE ESTRÉS CON PRUEBA DE ESFUERZO. 2.- LA FECHA DE LA CITA EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL A FIN DE QUE LE SEA REALIZADO EL ESTUDIO DE GAMMAGRAMA CARDIACO. Apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio. De igual forme, dígase a la autoridad que deberá realizar las acciones necesarias para salvaguardar su derecho a la salud de acuerdo con la gravedad que la quejosa presenta. Debiendo destacar que el tratamiento y medicamentos recetados quedarán bajo su más estricta responsabilidad. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, sin perjuicio a lo anterior, incurrirá en responsabilidad pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato serán consignados para el ejercicio de la acción penal. Lo anterior es así, pues del contenido del artículo 4º constitucional se desprende que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna y comprende, como servicio básico, la atención médica. Así lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 136/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 61, de rubro y texto siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Cabe precisar que el alto tribunal ha sostenido que la obligación de vigilar que se respete el derecho de acceso a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recae en todos los poderes públicos del Estado, incluyendo desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico e, incluso, en algunos casos, los particulares. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XXIII/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 626, en que se señala: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano". Por su parte, el artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, es del tenor literal siguiente: "ARTICULO 77 Bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes: I. Recibir servicios integrales de salud; II. Acceso igualitario a la atención; III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad; IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud; V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen; VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en Salud; VII. Contar con su expediente clínico; VIII. Decidir libremente sobre su atención; IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos; X. Ser tratado con confidencialidad; XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión; XII. Recibir atención médica en urgencias; XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica; XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban; XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas, y XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida." Al respecto debe precisarse que La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno. Lo anterior, es así, pues se insiste, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Apoya la anterior determinación la Tesis: IX.1o.1 CS (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que comparte este tribunal colegiado, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD. La protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico, como se advierte del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XIX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.". Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale."2 Finalmente, con el contenido del oficio y anexos que se provee, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes contados a partir de aquel al en que le surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que en derecho corresponda, apercibido que de manifestar nada al respecto, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano