Ma. de Lourdes Guerrero Bustos

Expediente 619/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
619/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes Guerrero Bustos

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato; nueve de agosto de dos mil veintidós. I. Autoridad acepta competencia. Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que dicho tribunal aceptó la competencia declinada por este Juzgado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que en auto de quince de junio de dos mil veintidós, este juzgado se declaró incompetente, competencia que fue aceptada en párrafos que anteceden. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Notifíquese.

  2. Principal

    Tribunal colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital; mediante el cual informa que previo a determinar la competencia legal declinada por este órgano constitucional, requirió al Juez Noveno Menor Civil de León, Guanajuato a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    León, Guanajuato; quince de junio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa cumple con requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Ma. de Lourdes Guerrero Bustos, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de dos de junio de dos mil veintidós, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio, se desprende que la quejosa reclama la sentencia de tres de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio mercantil número 2115/2021-M, en el que se condenó a la parte quejosa al pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.). III. Incompetencia. Derivado de lo anterior, se considera que la determinación reclamada, en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio antes referido, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. (.)." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.". "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. (.)." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicio mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (.)." De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, teniendo como característica que las sentencias definitivas o laudos, deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que, sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. En efecto, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado destacado la sentencia de tres de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio mercantil 2115/2021-M; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar de recibo. IV. Cuaderno de incompetencia. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    León, Guanajuato; dos de junio de dos mil veintidós. I. Quejosa. Ma. de Lourdes Guerrero Bustos. II. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 619/2022-IV. III. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y, sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto que reclama; lo anterior, ya que si bien menciona que es la sentencia dictada en data tres de mayo del presente año, dentro del juicio número 2115/2021-M; sin embargo, en los antecedentes plasmados en su escrito de demanda precisa que es la sentencia interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós, sin que se adviertan antecedentes relacionados con la tramitación de algún incidente; así, dada la ambigüedad de sus manifestaciones, es necesario que precise cuál es el acto que reclama; esto es, si es una sentencia interlocutoria o bien una sentencia definitiva, en la inteligencia que de reclamar la sentencia interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós, deberá precisar bajo protesta de decir verdad de manera completa, cronológica y detallada la totalidad de los antecedentes relacionados con la tramitación del incidente de origen. Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Reyes Durán López y Guillermo Ochoa Vargas, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral y su correlativo 24 de la ley de la materia a Gustavo Figueroa de la Cruz y Luis Fernando Durán Torres, por no contar con dicho registro. Por otra parte, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano