Ma. de Lourdes Gómez Villegas
Expediente 536/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 25/07/2022
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Gómez Villegas
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 536/2019-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. De igual forma, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 536/2019-I, se aprecia que en resolución de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ma. de Lourdes Gómez Villegas. Inconforme con dicha determinación, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte tercero interesada interponiendo recurso de revisión en contra del citado veredicto. Posteriormente, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se recibió el oficio 1938/2022, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual remitió testimonio autorizado de la resolución que se pronunció en sesión de siete de abril de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 260/2021, con motivo del medio de impugnación descrito en el párrafo que antecede; ejecutoria, que quedó como sigue: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Ma. de Lourdes Gómez Villegas, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultado primero de esta resolución, en los términos y para los efectos señalados en el fallo recurrido." Relatado lo anterior, se aprecia que se confirmó la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que repusiera el procedimiento a efecto de dejar insubsistente el auto de cuatro de octubre de dos mil trece, con el que ordenó el emplazamiento por edictos a la impetrante en comento, así como todas sus consecuencias jurídicas, en el entendido que, previamente a ordenar el emplazamiento por edictos de la aquí quejosa, debía requerir a la parte actora para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si desconoce el domicilio actual de la citada demandada. Asimismo, en su caso, también bajo protesta de decir verdad, precisara el último domicilio que habitó del cual tuviera conocimiento, para tratar de emplazarla o bien llevar a cabo la investigación correspondiente para su localización y, en caso necesario, a petición de la actora, llevar a cabo algún tipo de investigación, en diversas dependencias tanto públicas y privadas, incluso de alguna corporación policial, así como todas aquellas diligencias que tuviera dentro de su disponibilidad; en el entendido de que también a solicitud de la actora se podría practicar el emplazamiento en el domicilio que bajo protesta de decir verdad, señaló que habita la quejosa en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. De igual forma, se actualizó la figura de litisconsorcio pasivo necesario; por ende, la concesión otorgada se hizo extensiva por lo que hace al codemandado en el juicio de origen Carlos Humberto Rivera Hernández. Consecuentemente, en esa misma fecha se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable; motivo por el cual, el diez de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 450, enviado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunicó el auto inserto de tres de ese mismo mes y año, emitido en el expediente 1125/2012, del índice de ese órgano, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el citado juicio, del índice de ese tribunal. En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que la autoridad responsable en este juicio, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, porque mediante auto de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio hipotecario 1125/2012, por el citado Juez responsable, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de dicho expediente y proveyó lo correspondiente respecto al emplazamiento de los demandados Ma. de Lourdes Gómez Villegas y Carlos Humberto Rivera Hernández. No se soslaya que la autoridad ejecutora denominada Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del oficio CA/182/2022 de veintiocho de abril de dos mil veintidós, informó que se adhería al cumplimento de la autoridad ordenadora; ello sin que adjuntara la cédula de notificación para el emplazamiento del doliente al juicio hipotecario aludido. Sin embargo, la realización del nuevo llamamiento a la parte quejosa no es necesario para tener por cumplida la resolución en comento, cuenta habida que la restitución de garantías se alcanzó al momento en que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, aunado al hecho de que en este pronunciamiento no podrían analizarse los vicios que en su caso presente la nueva diligencia que se practique. Sobre el tema, se invoca la tesis número VI.2o.C.626C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro 168786 en el IUS 2012 y publicada en la foja 1412, del tomo XXVIII, septiembre de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SENTENCIA DE AMPARO. AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLA EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJARA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y SE ORDENARA LA LEGAL REALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO, NO PUEDEN ANALIZARSE LOS VICIOS DE LA NUEVA DILIGENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO. Al resolver sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Juez de lo Civil responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen y ordenara la legal realización del emplazamiento del demandado, no pueden analizarse los vicios de los que pudiera adolecer la nueva diligencia de llamamiento a juicio, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esto es así, porque si en la ejecutoria correspondiente no se impuso a dicha autoridad la obligación de realizar materialmente el nuevo emplazamiento, sino que únicamente se le conminó a que ordenara que éste se practicara, es inconcuso que la nueva diligencia de llamamiento a juicio no está comprendida dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable debía desplegar para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que las irregularidades que pudieran viciarla no pueden ser materia de análisis al resolver sobre éste." En consecuencia, debe concluirse que en el caso, es procedente declarar, sin perjuicio de que la parte interesada intente el medio de impugnación correspondiente, que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, desde el tres de mayo de dos mil veintidós. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La resolución protectora se emitió el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 260/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. 2. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de dicha ejecutoria. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el tres de mayo de dos mil veintidós. 4. El oficio relativo se recibió en la oficialía de partes el diez de mayo de dos mil veintidós. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es doce de mayo de dos mil veintidós; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes, que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 450, firmado electrónicamente por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida dentro del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que la aludida responsable comunica el cumplimiento dado a la sentencia protectora emitida en este juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho informe a la vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que de no hacerlo, este órgano de control constitucional determinará de oficio si se cumplió con la misma por ser una cuestión de orden público. Notifíquese personalmente.
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