Ma. de Lourdes Garduño García

Expediente 750/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
750/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes Garduño García

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, cúmplase con lo ordenado en proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, esto es, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto totalmente concluido en los términos precisados en dicha determinación; toda vez que por un lado se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Secretaria encargada del despacho Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, por medio del cual acusa recibo del oficio 17611/2019 y anexos, e informa que ese juzgado se avocó al conocimiento del asunto declinado por este juzgado y registró la demanda con el número de juicio de amparo 652/2019-V-A. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que este órgano jurisdiccional declinó competencia legal por razón de territorio; asimismo, carece de relevancia documental.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Intégrese el escrito signado por Ma. de Lourdes Garduño García, a través del cual, desahoga la prevención de diez de junio de la presente anualidad y exhibe copia certificada de un acta de matrimonio; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento de mérito. DESECHAMIENTO Ahora, de los escritos de demanda y aclaratorio, se obtiene que la quejosa reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La pretensión de iniciar denuncia penal por fraude hacia la suscrita, derivado del requerimiento de reintegración de la cantidad de $212,932.32 (doscientos doce mil pesos novecientos treinta dos pesos 32/100M.N) e intereses. En ese orden, RESPECTO DE ESE ACTO RECLAMADO se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causa que estatuye el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al tenor de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello es así, porque la recurrente del amparo sustancialmente se duele de la pretensión de la responsable de iniciar una denuncia penal en su contra, sin que exista dato alguno que ello haya acontecido. En tales condiciones, es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, la promovente pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia. Con base en lo anterior, es que se justifica la determinación que se adopta ya que la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Sustenta lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Dicho de otro modo, formalmente no puede ser materia de protección constitucional un acto que es de realización incierta, porque la naturaleza del juicio de amparo es verificar la constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades responsables, por lo que es inconcuso que no se puede realizar ese ejercicio de escrutinio, cuando el acto formalmente es inexistente y no hay, siquiera, certeza de que en algún momento se llegue a materializar. Ello porque de los datos que arroja el escrito de demanda, sus anexos, así como el escrito de desahogo de prevención, se advierte que el Instituto señalado como responsable, sólo hizo del conocimiento de la quejosa que era necesario hacer devolución de una cantidad monetaria obtenida por el cobro de una pensión, toda vez que se comprobó que los documentos que utilizó para acceder a aquélla, no eran los actuales, en tanto que se advirtió la existencia de un juicio de disolución matrimonial respecto a la quejosa y su finado presunto esposo; sin embargo, no se obtiene dato alguno que acredite que la responsable procedió a realizar una denuncia penal. Máxime que, en todo caso, de existir una indagatoria iniciada en contra de la quejosa, el Instituto señalado como responsable solo fungiría como denunciante; por lo que cualquier acto de afectación que pudiera resentir la amparista con la existencia de esa investigación penal, tendría que ser reclamada a la autoridad ministerial a cargo de la mencionada averiguación. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en la pretensión de iniciar denuncia penal por fraude hacia la suscrita, derivado del requerimiento de reintegración de la cantidad de $212,932.32 (doscientos doce mil pesos novecientos treinta dos pesos 32/100M.N) e intereses, por ser notoriamente improcedente. INCOMPETENCIA Por otra parte, la quejosa también reclama del Juez y Notificador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial Ubicado en Altamira, Estado de Tamaulipas: Todo lo actuado y lo concerniente al juicio 77/2012, ante un ilegal emplazamiento, al no haber sido oído y vencido en el sumario. En ese tenor, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior es así, ya que de las propias aseveraciones vertidas por la promovente, se advierte que se reclama el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en un juicio de divorcio con número de expediente 77/2012, reclamado al Juez y Notificador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial Ubicado en Altamira, Estado de Tamaulipas. Sentado lo anterior, es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, se estima que es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, dado que la ejecución del acto que en esta vía se combate tuvo lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito, toda vez que es en la jurisdicción donde actúa la autoridad ejecutora señalada como responsable. Por tanto, sin resolver sobre la admisión, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 750/2019-IV-D, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda de cuenta, promovida por Ma. de Lourdes Garduño García, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 750/2019-IV-D. PREVENCIÓN Del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde; por tanto, en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114 fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior en razón de que la quejosa aduce reclamar de esa autoridad, la pretensión de denuncia penal en su contra; sin embargo, del análisis de las documentales que la promovente acompaña al escrito que se atiende, se advierte un acta de comparecencia, de veintisiete de mayo de dos mil nueve, de cuyo contenido se observa que se hizo del conocimiento de la ocursante que se comprobó que los documentos que exhibió para tramitar la pensión del finado David Hernández Cruz, no eran válidos. También se observa que el Área Jurídica y Órgano Interno de Control de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinó que existió un cobro indebido de la mencionada pensión, por lo que especificó que la cantidad correspondiente debía ser reintegrada, por lo que se firmó el convenio correspondiente. Ante ello, este órgano de control constitucional presume que la quejosa suscribió un acuerdo de voluntades con la autoridad señalada como responsable, para liquidar la deuda contraída derivada del pago de una pensión; además, contrario a lo que se afirma en la demanda de amparo, no se aprecia que la responsable haya pretendido iniciar una denuncia penal en su contra. De ahí que resulte necesario que la quejosa especifique claramente el acto que reclama del Instituto señalado como responsable. Además, la quejosa también deberá: Exhibir en original o copia certificada, el convenio de pago descrito en el acta de veintisiete de mayo de dos mil nueve. Lo anterior en virtud a que con ello se pueden tener al alcance mayores datos con el fin de precisar el acto que tilda de inconstitucional; y, con ello, verificar su procedencia y, en su caso, la legalidad o no del mismo. Toda vez que los datos que se solicitan son requisitos esenciales de la demanda, la quejosa deberá exhibir, las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito y anexos respectivos, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad, en el entendido de que deben ser suficientes para correr traslado a todas las partes, formar los cuadernos incidentales; y para el caso de que indique nuevas autoridades responsables, deberá exhibir copias suficientes de la demanda. Hágase del conocimiento de la parte quejosa las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de desahogar el requerimiento de mérito, pero manifieste hechos falsos u omita los que le consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente, que de no desahogar los requerimientos formulados dentro del término concedido, con fundamento en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, únicamente en lo que concierne al acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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