Ma. de Lourdes Azuara Ahumada
Expediente 177/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Azuara Ahumada
Actuaciones
- Principal
MESA.- VII Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. De Lourdes Azuara Ahumada, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
MESA VII Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 177/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido... Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 112 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: De la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua y Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ), en su calidad de autoridades ordenadoras, reclamo la inminente suspensión del servicio de agua potable por parte de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. De la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, en su calidad de ejecutora, reclamo el oficio de 12 de enero de dos mi veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello. En ese sentido, se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6° de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Del contenido de los artículos trascritos, se advierte que dentro de los principios esenciales que rigen la procedencia del juicio se encuentra el llamado "principio de agravio personal y directo", el cual debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona. De lo que se deduce, que debe existir un agravio personal y directo en la esfera jurídica del gobernado, ya que sólo así será procedente el amparo indirecto y, como éste tiene por objeto restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en una circunstancia real y efectiva que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. Luego, es evidente que cuando la parte quejosa se duele de una afectación a su esfera jurídica, que realmente no existe, el juicio de amparo resulta improcedente para combatir sus efectos, toda vez que sería desacertado el pretender nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del gobernado, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión del acto reclamado. Ahora bien, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo u ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El agravio en cuestión, debe recaer en una persona determinada y debe estar efectuándose en el momento de la promoción del juicio de amparo, es decir, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, pues sólo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva. Dicho principio, también se encuentra consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional, pues fue incorporado al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarse, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. En ese sentido, respecto al concepto de dicho principio "agravio personal y directo" para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados... Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, en el que se le notifican las nuevas tarifas a pagar para ser acreedor al suministro de agua potable, apercibido que de no realizar el pago respectivo se hará acreedor a la limitación o suspensión del servicio de agua; el cual por sí mismo, no le produce una afectación actual, real y directa; además, el apercibimiento en el contenido, es un acto futuro e incierto para la procedencia del juicio de amparo. Ello es así, pues del contenido de tal oficio emitido por el Presidente del Consejo Directivo de la ***, se advierten las tarifas a pagar para el año dos mil veintiuno, así como el apercibimiento de limitación o suspensión del servicio de agua, en caso de no cubrir dichas cantidades; por tanto, dicha circunstancia no causa un perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que constituye únicamente un oficio que indica la cantidad a pagar por consumo de agua; esto es, las consecuencias del acto combatido se encuentran supeditadas a la conducta que la parte quejosa guarde en relación a realizar o no el pago de la cantidad por suministro de agua. De ahí que se considere la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado no causa perjuicio real alguno, pues no establece en definitiva alguna situación jurídica en contra de la parte quejosa, como sería el corte y/o suspensión del servicio de suministro de agua potable, sino que en realidad se trata de una invitación con un apercibimiento cuya materialización depende de la conducta que asuma la parte solicitante de amparo. Luego, si se diera el caso de que la responsable hiciera efectivo el corte y/o suspensión del suministro de agua, por la conducta omisiva de la parte quejosa, es entonces cuando se puede afectar la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, por lo que no afecta de inmediato su esfera jurídica, de ahí que deviene improcedente el presente juicio. En tales condiciones, resulta evidente que el oficio por el cual se le comunica las tarifas a pagar para el año dos mil veintiuno, así como la posible limitación o suspensión del servicio de agua, no producen una afectación actual, real y directa a la parte peticionaria de amparo, por ser actos futuros e inciertos pues están condicionados a que ésta incumpla con lo solicitado, así como al hecho de que la autoridad decida llevar a cabo lo establecido, por lo cual, no resulta ser un acto inminente al no existir certeza de su ejecución. Máxime que, como se indicó, de lo manifestado por la parte quejosa en su demanda al narrar los hechos y antecedentes bajo protesta de decir verdad, no se advierte que se haya realizado el corte de suministro de agua; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso 5, fracción I de la citada ley, este último interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia PC.I.L.J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, enero de 2016, página 2321, registro digital 2010813, de rubro y texto siguiente: En mérito de lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, al no existir algún derecho subjetivo protegido por la norma que sea afectado de forma real, esto es, por no haberse acreditado el agravio personal y directo que ocasiona la emisión de acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA de plano la demanda de amparo de que se trata, promovida por ***. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas únicamente para los mismos efectos a las personas que señala, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables... HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. QSJA
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