Ma. de Lourdes Adame Melgoza
Expediente 521/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Adame Melgoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo. Agréguese el oficio de cuenta, que remite el Secretario Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual informa que acepta la competencia declinada de la demanda de amparo promovida por Ma. De Lourdes Adame Melgoza. Archivo. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, aceptó la competencia de la referida demanda, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 521/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, se advierte que acuden en esta vía señalando como acto reclamado: La sentencia emitida en el toca de apelación I-76/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. La desposesión de los predios rústicos situados en el poblado de "San Antonio", perteneciente al municipio de Purépero, Michoacán, con una superficie: Dos hectáreas, veintidós áreas, setenta y un centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Oriente en trescientos ochenta y un metros, con propiedad de Elisa Melgoza Rodríguez; al Poniente de Norte a Sur con doscientos diez metros cincuenta centímetros, dobla al Poniente en diecisiete metros veinte centímetros y al Sur en tres tramos, de sesenta y un metros, cincuenta centímetros; sesenta y cinco metros y sesenta y cinco metros con Julio Leyva; al Norte en cincuenta y un metros con la carretera La Piedad-Carapan, zona federal de por medio; y, al Sur en sesenta y un metros, con camino sin nombre. De treinta y un áreas, treinta y dos centiáreas, dentro de las siguientes medidas y colindancias: al Oriente en cincuenta y dos metros, con camino sin nombre; al Poniente en cincuenta y seis metros, con propiedad de Juan Pérez, camino de por medio; al Norte en cincuenta y dos metros, con camino de por medio; y, al Sur, en cincuenta y nueve metros, con herederos de Julio Leyva. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Ello es así porque la resolución combatida implica como consecuencia la desposesión de los predios rústicos situados en el poblado de "San Antonio", perteneciente al municipio de Purépero, Michoacán; lugar en el cual, ejerce jurisdicción un juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que ha de conocer del asunto. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Máxime que no se observa algún otro acto vinculado con la ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues, se reitera, el acto reclamado de tiene su ejecución en el municipio de Purépero, Michoacán, lugar en el cual ejerce jurisdicción los juzgados de distrito de Uruapan. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. Remítanse los presentes autos y anexos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias certificadas de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que no pone en peligro la integridad de la peticionaria. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios a Julio Melgoza Salazar y José Antonio Galván Aguilera, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito; mientras que al resto de personas que señala, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 521/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, se advierte que acuden en esta vía señalando como acto reclamado: La sentencia emitida en el toca de apelación I-76/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. La desposesión de los predios rústicos situados en el poblado de "San Antonio", perteneciente al municipio de Purépero, Michoacán, con una superficie: Dos hectáreas, veintidós áreas, setenta y un centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Oriente en trescientos ochenta y un metros, con propiedad de Elisa Melgoza Rodríguez; al Poniente de Norte a Sur con doscientos diez metros cincuenta centímetros, dobla al Poniente en diecisiete metros veinte centímetros y al Sur en tres tramos, de sesenta y un metros, cincuenta centímetros; sesenta y cinco metros y sesenta y cinco metros con Julio Leyva; al Norte en cincuenta y un metros con la carretera La Piedad-Carapan, zona federal de por medio; y, al Sur en sesenta y un metros, con camino sin nombre. De treinta y un áreas, treinta y dos centiáreas, dentro de las siguientes medidas y colindancias: al Oriente en cincuenta y dos metros, con camino sin nombre; al Poniente en cincuenta y seis metros, con propiedad de Juan Pérez, camino de por medio; al Norte en cincuenta y dos metros, con camino de por medio; y, al Sur, en cincuenta y nueve metros, con herederos de Julio Leyva. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Ello es así porque la resolución combatida implica como consecuencia la desposesión de los predios rústicos situados en el poblado de "San Antonio", perteneciente al municipio de Purépero, Michoacán; lugar en el cual, ejerce jurisdicción un juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que ha de conocer del asunto. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Máxime que no se observa algún otro acto vinculado con la ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues, se reitera, el acto reclamado de tiene su ejecución en el municipio de Purépero, Michoacán, lugar en el cual ejerce jurisdicción los juzgados de distrito de Uruapan. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. Remítanse los presentes autos y anexos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias certificadas de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que no pone en peligro la integridad de la peticionaria. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios a Julio Melgoza Salazar y José Antonio Galván Aguilera, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito; mientras que al resto de personas que señala, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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