Ma. de los Remedios Ceja Puga

Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Ma. de los Remedios Ceja Puga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL..

  2. Principal

    notificacion personal..

  3. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpongan el recurso de revisión contra la audiencia y resolución constitucional, sin que lo hayan hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86 del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe la autoridad de mérito que de no dar cumplimiento lo ordenado, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos del Subdelegado de Prestaciones en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, ******************** (en adelante, quejosa, agraviada o parte quejosa, o parte agraviada), por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: "... III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El ing. Miguel Fernando Ríos de la Mora, Subdelegado de Prestaciones en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de Colima, ubicado (.) IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como Responsables, Sub Delegado de Prestaciones del ISSSTE en Colima, le reclamo a falta de respuesta a la petición de pago correcto de mi pensión jubilatoria, la cual fue realizada por la suscrita conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, escrito que contiene sello de acuse de recibo de dicha autoridad del día 01 de Agosto del año 2022..." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, el día de hoy, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, con registro IUS: 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común registro IUS: 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, pues al rendir informe justificado reconoció no haber emitido la respuesta correspondiente al escrito presentado por la quejosa el uno de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierta la omisión que le reclama; es que deben tenerse esta como plenamente probada. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Quinta Época, Tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, publicada con el rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado quedó demostrada con la documental que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, consistente en el acuse de recibo escrito con sello de recibido de uno de agosto de dos mil veintidós, misma que este juzgador le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 133, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, página: 262, registro IUS: 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la Tesis: IV.3o.108 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, página: 353, registro IUS: 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Ahora bien, las partes no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 268, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia: Común, página: 288, registro IUS: 1002334, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Los conceptos de violación no se transcriben. La parte quejosa, en su escrito de demanda expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional, atento a lo dispuesto en el ordinal 74 de la ley de la materia, pues ni de éste ni de ningún otro se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, página: 830, registro IUS: 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación propuestos resultan fundados. Como se precisó, en el particular, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión en dar respuesta al escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en el que solicitó al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, el pago correcto de su pensión jubilatoria. Asimismo, en sus conceptos de violación refiere que la omisión de la autoridad responsable al no dar respuesta a la petición formulada, infringe en su perjuicio lo establecido por el artículo 8° constitucional. En tales precisiones, conviene establecer el contenido del artículo 8° constitucional, el cual señala lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conforme a dicho precepto, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita, que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8° constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ahora bien, a efecto de analizar los alcances del derecho fundamental previsto en el artículo 8° constitucional, es necesario hacer las siguientes consideraciones: El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente a su solicitud. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a). La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b). La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición, desahogando cada uno de los aspectos que se le solicitan; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En este último aspecto, es de destacarse que no existe obligación para la autoridad de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Así, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Estas consideraciones encuentran sustento en la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1897, que es de rubro y contenido siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, no se acredita que la autoridad responsable haya dado respuesta a lo peticionado por la quejosa en su escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, al considerar que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, al no haber emitido una respuesta a lo solicitado por la quejosa es evidente que ha incumplido con la obligación que le impone el citado precepto constitucional. Al respecto, como se precisó con antelación el derecho de petición contenido en el artículo 8° Constitucional, toma sustento en base a las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la omisión a dar contestación a una petición, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad sustenta su actuar; por lo que es claro, que subsiste la afectación de que se duele la quejosa. En mérito de lo anterior, al quedar demostrado que la autoridad responsable no ha hecho un pronunciamiento en torno a la solicitud efectuada por la quejosa; se origina una trasgresión al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual es lo procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Así las cosas, con fundamento en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que: El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, conforme a las facultades que le son propias, conteste debidamente por escrito a la petición formulada por ******************** -quejosa-, sin que dicha contestación implique que el trámite solicitado sea favorable o no. Hecho lo anterior, ordene y realice la notificación a la parte quejosa. OCTAVO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ********************, contra el acto que reclamó del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el séptimo considerando de la misma. Notifíquese por lista.

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