Ma. de los Angeles Patricia Morales Soto
Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2021
Partes del expediente
- Ma. de los Angeles Patricia Morales Soto
- Fiscal Ejecutivo Asistente de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que María de los Ángeles Patricia Morales Soto no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el nueve de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, se requirió a la parte impetrante para que realizara lo siguiente: ".. Precise el acto o actos que en concreto reclama en la presente instancia constitucional, esto es si reclama en su totalidad el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 467/2006; o bien, únicamente la porción en la que se le hace efectiva una multa por la cantidad de veinte unidades de medida y actualización, cuyo monto asciende a $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos con cuarenta centavos), y al efecto se ordena girar oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Ello porque aunque refiere que reclama el acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente agrario 467/2006; empero, del análisis de la copia del acto reclamado que adjuntó a su demanda, se conoce que en dicho acuerdo se le impuso una multa, sin que al efecto realice algún concepto de violación con relación a la misma y tampoco la señale como acto reclamado destacado. Lo anterior, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV, (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la nueva Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Luego, ante la oscuridad de la demanda en cuanto al señalamiento del acto reclamado, lo que procede es realizar la presente prevención a fin de que la promovente aclare cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. De igual manera deberá: 2) Manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, desde el auto de radicación hasta la etapa actual en la que se encuentra el juicio agrario 469/2006. Ello es así, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3) Proporcionar el domicilio completo y correcto de la tercero interesada Saula Tlachi Cuautle; y, en caso de no conocerlo, así lo manifieste bajo protesta de decir verdad. Ello porque si bien indicó su nombre; empero, no indicó su domicilio, a fin de que pueda ser emplazada, y tampoco manifestó bajo protesta de decir verdad desconocerlo. Lo anterior, porque que es carga procesal del quejoso proporcionar el nombre y domicilio completo y correcto de la parte tercero interesada, por ello, debe allegarse de todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación y en caso de que desconozca su domicilio, debe indicarlo así bajo protesta de decir verdad, ya que es una formalidad exigida por el numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, deberá: 4) Precisar los efectos para los cuales solicita la suspensión de los actos que en su caso señale como reclamados. Lo anterior, para el efecto de proveer lo concerniente a la medida cautelar que solicita. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con seis copias, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la siguiente forma: dos para las autoridades señaladas como responsables, dos para aperturar el incidente de suspensión, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y una para la parte tercero interesada. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo precisado en los puntos 1), 2), y 3) de la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo; y con relación al diverso punto 4) se proveerá lo relativo a la suspensión en los términos solicitados en su escrito de demanda". Por lo que al no haber dado cumplimiento a lo precisado en el párrafo que antecede, la consecuencia jurídica es tener por no presentada la demanda promovida por María de los Ángeles Patricia Morales Soto, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por el que remite copia certificada de la resolución de declaración de beneficiarios dentro del expediente laboral de origen; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, atento que mediante acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. En las anotadas circunstancias, resulta necesario precisar que el acto reclamado materia de análisis de este juicio, se hizo consistir en La resolución contenida en el oficio SPF-SI252/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó que es improcedente condonar las multas relativas a las resoluciones determinantes 4200527, 4232179, 3546883 y 3308768, por actualizarse una agravante en términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, seguida la secuela procesal, por resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la persona moral quejosa denominada "ORTEGA GODÍNEZ Y COMPAÑÍA", Sociedad Civil, contra el acto que reclamó de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en la cual se precisaron como efectos del fallo protector, los siguientes ".es conceder el amparo para el efecto de que la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla: 1. Deje insubsistente la resolución contenida en el oficio SPF-SI-252/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó que es improcedente condonar las multas relativas a las resoluciones determinantes 4200527, 4232179, 3546883 y 3308768, por actualizarse una agravante en términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación; 2. En su lugar, emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias precisadas en esta sentencia, específicamente relacionadas con la motivación del acto de autoridad". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran contra la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno causó ejecutoria; por lo que se requirió el cumplimiento respetivo a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, mediante oficios SPF-PF-DAFL/1279/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual se advierte que realizó lo siguiente I.- Dejó sin efectos la determinación contenida en el oficio SPF-SI-252/2020 de ocho de septiembre de dos mil veinte; y, II.- Tomando en consideración los lineamientos del fallo protector, dictó una nueva resolución mediante oficio SPF-SI-200/2021. Por lo anterior, mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el veintisiete de mayo del mismo año, por lo que, atendiendo a la citada vista, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y atendiendo a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo. Lo anterior, en virtud de que la concesión de amparo dentro del presente juicio constitucional se constituyó para los efectos siguientes. ".es conceder el amparo para el efecto de que la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla: 1. Deje insubsistente la resolución contenida en el oficio SPF-SI-252/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó que es improcedente condonar las multas relativas a las resoluciones determinantes 4200527, 4232179, 3546883 y 3308768, por actualizarse una agravante en términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación; 2. En su lugar, emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias precisadas en esta sentencia, específicamente relacionadas con la motivación del acto de autoridad". Por tanto, en cumplimiento al fallo protector, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla el veinte de mayo de dos mil veintiuno dicto una resolución, en la cual señaló lo siguiente: I.- Dejó sin efectos la sentencia contenida en el oficio SPF-SI-252/2020 de ocho de septiembre de dos mil veinte; y, II.- Tomando en consideración los lineamientos del fallo protector, dictó una nueva resolución mediante oficio SPF-SI-200/2021. De lo anterior, se desprende que la responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.
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