Ma de los Ángeles Ortiz Ávila
Expediente 2425/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2425/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Ma de los Ángeles Ortiz Ávila
- Director General para la Validación de Beneficiarios de la Subsecretaría del Bienestar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que sobreseyó en el juicio, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó.
- Principal
SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa en virtud de que se controvierten actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: ********************a) La omisión de la Dirección General para el Bienestar de la Personas Mayores de la Subsecretaría del Bienestar de realizar la validación de datos personales para incorporación y por consecuencia, autorizar los depósitos bancarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. ********************b) La omisión de la Delegada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, de dar seguimiento en la verificación y avance en la ejecución de dicho programa y liberar los recursos a efecto de que la parte quejosa reciba la pensión aludida. ********************c) La omisión del Servidor de la Nación del Módulo de Atención del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, de dar información sobre el estado en el que se encuentra el proceso de acceso al citado programa. ********************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Servidor de la Nación del Módulo de Atención del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, (denominación propuesta por la parte quejosa), en virtud de que ésta fue declarada como inexistente en la audiencia constitucional .********************Lo anterior, no obstante que mediante proveído de veintitrés de marzo actual, se dio vista a la parte quejosa a fin de que indicara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable, sin que hubiera atendido tal requerimiento. ********************En efecto, a la parte quejosa le corresponde la carga de demostrar el acto reclamado, y por ende, también la denominación correcta de la autoridad responsable. ********************En ese sentido, si la autoridad así señalada como responsable por la parte quejosa no existe, es lógico que cualquier acto u omisión que se le atribuye es inexistente. ********************Tampoco es cierto el acto reclamado a la Delegada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado.********************En ese mismo sentido, debe considerarse inexistente el acto reclamado a la Dirección General para el Bienestar de la Personas Mayores de la Subsecretaría del Bienestar; no obstante de que si bien es cierto fue omisa en rendir su informe justificado y ello genera la presunción de su existencia, de conformidad al párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, dicha presunción se encuentra desvirtuada por las consideraciones siguientes.********************En efecto, la Delegada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, precisó que después de una búsqueda en sus archivos no se encontró registro o evidencia del ingreso del trámite o solicitud mediante formato FUB, así como que la parte quejosa haya acudido ante un módulo para realizar el ingreso del trámite (solicitud) al programa que refiere; de ahí, que ante la inexistencia de las omisiones combatidas manifestadas por la autoridad responsable en cita, la parte quejosa se encontraba obligada a demostrar su certeza mediante los medios de prueba idóneos.********************Lo anterior encuentra apoyo en el contenido de la tesis VI.2o.A.4 K, de rubro:********************"PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO."********************Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, se desprende con certeza que no obra medio de convicción fehaciente que demuestre la existencia del ingreso del trámite (solicitud) al programa "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores" cuya omisión de dar seguimiento hasta su conclusión se les reclama a las autoridades la Dirección General para el Bienestar de la Personas Mayores de la Subsecretaría del Bienestar y Delegada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, es decir, que la quejosa haya comparecido a un módulo de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, a realizar el ingreso del trámite (solicitud) cuyo retardo constituye el acto reclamado.********************Pues bien, debido a que las documentales anexas a su demanda de amparo, consistentes en las copias simples de la credencial para votar a nombre del quejoso y de una tarjeta de débito expedida por el Banco del Bienestar, carecen de valor probatorio al ser copias simples; además que no generan convicción para justificar la existencia de la solicitud realizada, toda vez que tal como señaló la responsable, en los archivos a su cargo no se contaba con registro del ingreso del trámite perpetrado por la aquí quejosa, al margen de que la copia de la credencial de elector únicamente demostraría que se encuentra inscrito en dicho padrón electoral; en tanto que la tarjeta de débito, sólo demostraría que la institución bancaria de referencia le expidió dicha tarjeta; por lo que las probanzas exhibidas de ninguna manera sirven para acreditar la existencia del trámite de ingreso al programa "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores".********************Resulta aplicable la Jurisprudencia 1/89, de rubro: ********************"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." ********************Bajo tal circunstancia y ante la omisión del solicitante de la tutela constitucional de acreditar la existencia del ingreso del trámite (solicitud) de incorporación al "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", cuya omisión de dar seguimiento hasta su conclusión se reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo conducente es decretar el sobreseimiento del juicio de protección de derechos fundamentales en que se actúa.********************En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Finalmente, no pasan desapercibidos para esta juzgadora los alegatos expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo y por las razones contenidas en el tercer considerando de este fallo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, en el cual manifiesta, lo siguiente: "(.) en el Organigrama de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, NO EXISTE la autoridad correspondiente a SERVIDOR DE LA NACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL MUNICIPIO DE TALA, se aclara que los "Centros Integradores" son lugares, no autoridades y se encuentran ubicados en los domicilios publicados en la página electrónica (.)". En ese sentido, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la autoridad responsable, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días legalmente computados, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, proporcione la denominación y domicilio correcto de la autoridad. Apercibido que, de no manifestar lo conducente, en el término concedido para tal efecto, se tendrá como inexistente a la responsable Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la PARTE QUEJOSA, el auto de VENTITRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, por el cual se acordó lo siguiente: Se tiene por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, en el cual manifiesta, lo siguiente: "(.) en el Organigrama de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, NO EXISTE la autoridad correspondiente a SERVIDOR DE LA NACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL MUNICIPIO DE TALA, se aclara que los "Centros Integradores" son lugares, no autoridades y se encuentran ubicados en los domicilios publicados en la página electrónica (.)". En ese sentido, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la autoridad responsable, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días legalmente computados, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, proporcione la denominación y domicilio correcto de la autoridad. Apercibido que, de no manifestar lo conducente, en el término concedido para tal efecto, se tendrá como inexistente a la responsable Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo.
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