Ma. de los Angeles Hernandez Garcia
Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Ma. de los Angeles Hernandez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término, para la interposición del recurso de queja, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se determinó desechar de plano la demanda de garantías; en tal virtud, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, archívese el presente juicio de garantías, como asunto totalmente concluido. Finalmente, conformidad a lo establecido en el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción, de conformidad a lo establecido en el artículo 20, fracción IV del citado instrumento normativo, por haberse desechado la demanda, actuación que encuadra en las determinaciones que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, además de que carece de relevancia documental.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Aviso principal.- Por este medio se notifica a la parte quejosa el auto dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, que dice: Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, anexo al cual devuelve, los autos del juicio de garantías y remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de seis de junio de dos mil veintitrés, en el toca de queja de referencia, cuyo punto resolutivo dice: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; ténganse por recibido el expediente y anexo citado; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó al tener por interpuesto el recurso y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Por tanto, en acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, se repone el procedimiento en el presente juicio, para el único efecto de pronunciarse nuevamente sobre la demanda de amparo instada, subsanando la deficiencia destacada en la resolución dictada por la Superioridad. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de garantías; téngase por recibida, y antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, procede analizarla. Así, de lo transcrito, resulta evidente que la solicitud que efectúa la quejosa, la realiza como trabajadora del Ayuntamiento, dado que las mismas las dirige al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Barca, Jalisco. De ahí que las responsables actúan en un plano de coordinación. En ese orden de ideas, al ser el acto reclamado la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el cinco y dieciocho de febrero, ambos de dos mil veinte, dirigido al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, por lo que resulta claro que no es un acto emanado de una autoridad alguna para efectos del juicio de amparo, pues, este no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral. Es así, pues los actos que reclama la quejosa derivan de la relación de coordinación patrón-trabajador; por tanto, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, deben considerarse que lo reclamado por la quejosa no tiene el carácter de actos emitidos por una autoridad; esto, específicamente, porque estos revisten un carácter estrictamente laboral, dado que inciden directamente en los derechos que de esa naturaleza corresponden a la demandante de derechos fundamentales, de ahí que la problemática que se suscite al respecto, debe estar sujeta a la ley laboral que corresponda. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es así, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre sujetos, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones laborales, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el estado, y sus trabajadores, es del ámbito competencial, establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se corrobore el nivel en que la quejosa y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante la autoridad contenciosa laboral que proceda, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Cabe precisar que la agraviada manifestó haber presentado demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. En consecuencia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXVIII, del artículo 61, con los artículos 1° y 5, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se concluye que la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de garantías y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza.
- Principal
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