Ma. de los Ángeles Godínez Marín
Expediente 1029/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. de los Ángeles Godínez Marín
- Ma. de los Ángeles Godínez Marín y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 25 a 28). Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, y de acuerdo a la certificación de cuenta no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio y anexos enviados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 927/2012, y que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Se afirma lo anterior, porque mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Ma. de los Ángeles Godínez Marín por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97, y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados al Servicio del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mientras que en el capítulo de antecedentes narró: "[.]. 6.- Con fecha 08 y 26 de marzo del 2019, se solicitó a la responsable hacer efectiva la medida de apremio fijada a la demandada y aplicar la multa más efectiva, como parte de la eficaz e inmediata ejecución del laudo, sin que a la fecha haya acordado dicha petición, PRECISANDO QUE EL NATURAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEL LAUDO EN LA CUAL YA SE DESAHOGARON TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y SOLO QUEDA QUE LA DEMANDADA CUBRA LA CONDENA QUE LE FUE IMPUESTA, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basó su reclamación en que: el Presidente del Tribunal Laboral ha sido omiso en emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que le presentó el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, a través de las cuales solicitó que se aplicara la multa fijada a la parte demandada para vencer su contumacia de cumplir el laudo. No obstante que, la parte quejosa destacó como acto reclamado, la omisión de aplicar la multa fijada a la parte demandada para vencer su contumacia de cumplir el laudo; empero, aquella circunstancia es una consecuencia de la falta de acuerdo a las promociones que en tal sentido presentó el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, envió copia certificada del acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, del que se aprecia que en primer término recibió las promociones que le presentó la parte quejosa el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve y señaló a la parte quejosa que acordaba favorable sus peticiones, ello en virtud que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, y aplicó la multa a la parte demandada de $21,122.5 M. N. (veintiún mil ciento veintidós pesos 5/100, moneda nacional) equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 , 96, 97 y 98 de la Ley 51 del Estado de Guerrero. En esas condiciones, dado que en cinco de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa presentó la demanda de amparo; y en auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, la responsable acordó las promociones que le presentó el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. Además, si bien en el acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, la potestad dio respuesta a las promociones que le presentó la parte quejosa el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; lo cierto es que, volvió a requerir a la parte demandada el pago de la cantidad de $644,745.52 M. N. (seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 52/100, moneda nacional), para lo cual le otorgó un plazo de veinte días hábiles, y la apercibió para el caso de incumplimiento, en aplicarle una multa por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. Por ende, tal proveído implica la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, puesto que al haberse requerido nuevamente el cumplimiento del laudo a la parte demandada, es obvio que está encaminado a lograr su ejecución, sin paralizar dicho procedimiento. Entonces, aun cuando se respetara la vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias allegadas por parte de la autoridad responsable, el análisis constitucional del proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ya que el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. Y en el caso, en el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad de cumplimiento, sino que se proveyó su continuación, por lo que tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas con diez minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (foja 14). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Ma. de los Ángeles Godínez Marín por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de la documental que anexa al escrito de demanda consistente en copia con firmas autógrafas del proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral 927/2012, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1029/2019 y fórmese el expediente respectivo. No es obstáculo que las quejosas, señalen como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad capital, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 13, fracción VII del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. ADMISIÓN.Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 112 de la Ley de Amparo; se admite la demanda contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señaladas no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su respectiva residencia oficial. Asimismo, se requiere al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). PRUEBAS. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su intención las documentales que anexan a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la peticionaria no es la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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