Ma. De los Ángeles Falcón Martínez
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. De los Ángeles Falcón Martínez
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del tres de mayo del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda presentada por ***********, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Estado de México; regístrese bajo el número 531/2023-II. En el caso, de la lectura de la demanda de cuenta se desprende que la quejosa señala como acto reclamado el retraso en el procedimiento relativo al expediente laboral J.I/585/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Estado de México y en consecuencia la omisión de emitir el laudo respectivo. Ahora bien, a consideración de este juzgador, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional debido a que el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Cabe apuntar que aquellos derechos de naturaleza formal o adjetiva, su afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, cabe precisar que al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Agregó que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. De ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, registro digital 2011580, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Como se colige, la sala en cita precisó una excepción a esa regla general de improcedencia, que es específicamente cuando el juzgador advierta la existencia de una abierta dilación del proceso o su paralización total. De la Jurisprudencia anteriormente transcrita se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra los siguientes actos: 1. La omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones, o 2. La omisión de proseguir en tiempo con el juicio. De ahí, la consideración de que los supuestos señalados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean coincidentes en cuanto a que presuponen encontrarse iniciado el trámite de la contienda, sin que se haya dado respuesta a una petición, o bien, no se ha continuado en tiempo por alguna causa diversa, como por ejemplo, la dilación en señalar la fecha para la celebración de audiencias, el desahogo de pruebas o el diferimiento de audiencias o diligencias. Máxime que no nos encontramos en el supuesto de la paralización total del procedimiento, toda vez que de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa en el escrito inicial de demanda en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, específicamente en el indicado como 4), se aprecia que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se cerró la instrucción y el veintiséis de abril fue boletinado dicho cierre, por lo cual no han transcurrido los diez días hábiles a que hace referencia la parte quejosa. De los anteriores antecedentes se advierte que, si bien existe una prolongación en el tiempo para que la junta responsable emita el laudo respectivo en esa instancia; lo cierto es que la misma dilación procesal se encuentra debidamente justificada, por lo que este juzgador no advierte que exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento, por la que sea innegable que, por ningún motivo la contienda de origen continuará, pues como se dijo, es consecuencia lógica del estado procesal en que se encuentran los autos. En ese sentido, en el caso concreto, el acto reclamado no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, así como tampoco este juzgador de amparo advierte que en el juicio de origen exista una abierta dilación o paralización total del mismo, exclusivamente por que no se ha emitido el laudo respectivo, para que sea procedente el juicio de garantías que nos ocupa y así este órgano de control constitucional pueda analizar esa circunstancia. Es así, pues la omisión en cita, no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa, si se atiende a que su única consecuencia es que se emita el referido fallo. Por lo que el acto reclamado por la promovente no transgrede derechos sustantivos, sino sólo tiene efectos intraprocesales, mismos que desaparecerían con el hecho de que obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones en el expediente de origen, y en caso de no ser así, podrá promover amparo directo en términos de lo dispuesto por los preceptos 170 y 172, de la Ley de Amparo, y hacer valer las violaciones que aduce se cometieron en su perjuicio que de resultar fundadas podrán dar lugar al otorgamiento de la protección constitucional, con lo cual, se extinguirían los efectos de las referidas violaciones. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Septiembre de 1992, número 57, de rubro y texto siguiente: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". En ese tenor, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. En consecuencia lo que procede es desechar la demanda de amparo. En otro contexto, téngase por autorizado al usuario que indica en el ocurso que se acuerda, para las notificaciones electrónicas y consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al oficial judicial "A" a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Se tienen como medios de comunicación alternativos la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que señala, para el caso de que este órgano jurisdiccional así lo estime conveniente, durante la tramitación de este expediente. Téngase por autorizadas a los profesionistas y personas que designa para los efectos que precisa. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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