Ma de los Ángeles Estrada Rosas
Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma de los Ángeles Estrada Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I... Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que adjunta testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 178/2018, por la cual se determinó declarar infundado el medio de impugnación de que se trata. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... se hace constar que el presente es susceptible de destrucción... JDO. 11 JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Pral: 1011/2018-I Antecedente: Recurso de queja: 178/2018. OF: 24258/2018 Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. P r e s e n t e : Acuso recibo del oficio 1109, por el que remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 178/2018. Atentamente Juez Marín García Moreno. Titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito En el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
- Principal
I... Téngase recibido el oficio enviado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que informa que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto y se registró como recurso de queja número 178/2018...
- Principal
I... Téngase recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo. ... se tiene por interpuesto el recurso de queja de que se trata. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de interposición y expresión de agravios, copia de traslado y copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno y solicítese el acuse de recibo correspondiente. De igual forma, ríndase el informe respectivo al tribunal colegiado. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 1011/2018-I, el cual es del tenor siguiente: Auto 28/Junio/2018.- "... Vista la demanda promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Beriozabal, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1011/2018-I. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu . Es así en virtud de que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. Acotado lo anterior, es menester precisar que el acto que por esta vía se tilda de inconstitucional, consiste en el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Beriozabal, Estado de México, en el expediente 559/2018 de su índice, por lo que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de doce de junio actual que no admitió la queja interpuesta en contra del diverso de cinco de junio del presente año, por el que se acordó la inadmisión de la solicitud de la quejosa -procedimiento judicial no contencioso para acreditar la identidad de su persona- al no haber desahogado le prevención de veintiocho de mayo de la misma anualidad. En ese orden el suscrito considera que de manera alguna puede ser considerado como acto de imposible reparación la resolución combatida, pues tal actuación en sí misma no irroga ningún perjuicio o lesión en la esfera jurídica ni sustantiva de la quejosa, puesto que los actos reclamados no le causan perjuicio alguno, máxime que está en posibilidad de volver a realizar su solicitud respecto a la identidad de persona que pretende acreditar (variación de su nombre); de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido por la Constitución General o los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera y, consecuentemente, el acto que por esta vía se reclama no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. En abundamiento, debe señalarse que el suscrito considera que también se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo , toda vez que la quejosa dejó de hacer valer el recurso de apelación en contra del proveído de cinco de junio del presente año, por el que no se admitió su solicitud -procedimiento judicial no contencioso para acreditar la identidad de su persona-, como lo establece el numeral 3.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que lo es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. También, cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo . Ahora bien, en el caso concreto, en contra del proveído de cinco de junio actual dictado por el juez responsable en el que no se admitió su solicitud, procede el recurso de apelación, que debió interponer la hoy quejosa. Lo anterior, conforme al contenido del artículo 3.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México . Del contenido del citado precepto se advierte que las providencias dictadas en procedimientos judiciales no contenciosos, son apelables con efecto suspensivo si el recurso lo interpone el promovente y en el efecto no suspensivo, cuando las recurra un tercero. En este contexto, como en el caso a estudio la parte quejosa reclamó en este juicio de garantías el auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 559/2018 por el Juez Cuarto Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozabal, Estado de México, en el que se inadmitió su solicitud respecto a la identidad de su persona derivado de la variación de su nombre, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Así las cosas se concluye que, en la especie, se encuentran acreditados los supuestos previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, por una parte, el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial, en específico al Juez Cuarto Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México; asimismo, en contra del acto reclamado consistente en el auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 559/2018, procede el recurso de apelación. En este orden de ideas, de conformidad con la porción normativa antes reproducida, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable, es recurrible mediante el recurso de apelación, por lo que es inconcuso que la quejosa debió agotar el citado medio de impugnación, antes de acudir a esta instancia constitucional. Así las cosas, al no haberse agotado el recurso de apelación que establece la ley como medio de impugnación para revocar o modificar el auto que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es claro que se actualiza el tercero de los requisitos antes apuntado, esto es que, no se hizo valer el medio ordinario de defensa, por tanto, no se cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Siendo conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de las excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no implica para la accionante, alguna de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad contenidas en la misma. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia, advertidas de oficio por este órgano jurisdiccional, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII y XXIII y 107, fracción V, esté último a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso j), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda, a fin de notificarle el contenido del presente proveído a la parte quejosa y a su vez, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. De igual forma, se autoriza a las personas restantes, conforme a lo establecido en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 24 del propio ordenamiento legal, por no contar con dicho registro De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..."
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