Ma. de los Angeles Corona Cresencio
Expediente 1431/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma. de los Angeles Corona Cresencio
- Abraham Leal Balderas
- Ministerio Publico Adscrito A la Unidad de Atención Temprana de la Zona Sur Poniente, de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Morelos.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notificación.
- Principal
Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo 1431/2019, promovido por *********, contra actos que reclaman del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, por estimarlos violatorios del artículo 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, ****************** por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que precisa en su escrito de demanda (foja 2 a 9). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de demanda. Mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a una nueva autoridad (foja 40 a 43). Previos diferimientos, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en el acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que el acto reclamado carece de ejecución al ser de naturaleza omisiva y, por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso haya presentado la demanda. Segundo. Precisión de acto. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda, de la ampliación de la misma y de las constancias que obran en autos se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de reconocerles el carácter de víctima en la carpeta de investigación **********, así como la omisión de notificarles el acuerdo en donde se les reconozca dicho carácter para que puedan tener acceso a la carpeta de investigación referida. Se dice lo anterior, ya que el acto que por esta vía se reclama se fijó tomando en cuenta la lectura integral de la demanda y la totalidad de la información del expediente del juicio, basándose preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tercero. Existencia de actos. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos (foja 23), Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Sur Poniente (foja 25 a 27) y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Hechos de Tránsito de la Fiscalía Regional Sur Poniente (foja 51), al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin embargo, se desvirtúa dicha negativa con lo manifestado en dichos informes y con las documentales anexas, en específico las diligencias de trece de octubre de dos mil diecinueve, en donde los quejosos además de identificar el cuerpo del occiso ********también presentaron denuncia o querella por el delito de homicidio culposo en la carpeta de investigación *************** (fojas 8 y 9, 15 y 16 tomo I de pruebas); en razón de que de ellas se advierte la existencia de los actos reclamados, pues efectivamente interpusieron denuncia o querella sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se les haya reconocido el carácter de víctimas a fin de que pudieran tener acceso a la carpeta de investigación referida, de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Cuarto. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procederá a analizar las causales de improcedencia planteadas por las partes, o que se adviertan de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclama la omisión de reconocerles el carácter de víctima en la carpeta de investigación *******, así como la omisión de notificarles el acuerdo en donde se les reconozca dicho carácter para que puedan tener acceso a la carpeta de investigación referida. Ahora bien, de las constancias que remitió el cinco de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y Hechos de Tránsito de la Fiscalía Regional Sur Poniente (foja 63 a 74), las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte dictado en la carpeta de investigación *******, se les reconoció la calidad de víctimas a los quejosos por la comisión del delito de homicidio culposo de quien en vida respondiera al nombre de **********, a fin de que los quejosos tengan acceso a la carpeta de investigación referida (foja 71 a 72); además el diez de febrero de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Sur Poniente hizo constar que se encontraban presentes en dicha institución los quejosos y les notificó en forma personal el acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte (foja 73). Establecido lo anterior, se tiene que si bien al veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, las autoridades responsables no habían dictado el acuerdo relativo a fin de reconocerles el carácter de víctimas a los quejosos en la carpeta de investigación **********, ni les habían notificado dicha determinación, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el seis de febrero del año en curso, se dictó el acuerdo correspondiente, el cual fue notificado en forma personal a los quejosos el diez de febrero de dos mil veinte; por lo que es evidente que en el caso en estudio las omisiones reclamadas, cesaron en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, las autoridades responsables al dictar el acuerdo relativo a fin de reconocerles el carácter de víctimas a los quejosos en la carpeta de investigación ********para que tengan acceso a la misma, y al notificarles de forma personal dicho acuerdo, hicieron que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cabe precisar que las tesis aplicadas en el presente asunto si bien fueron emitidas antes de la reforma a la ley de amparo, también lo es que no contravienen la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo referida. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, y se; R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, contra el acto precisado en el considerando segundo, por la razón expuesta en el penúltimo considerando de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Ma. de los Ángeles Corona Cresencio, por el cual amplía la demanda de amparo, y señala como nueva autoridad responsable, a la Fiscalía de Hechos de Tránsito y Delitos Patrimoniales, ello en atención a la vista concedida en auto de veintiuno de noviembre de del presente año (fojas 28 y 29). Ahora bien, toda vez que la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, está condicionada a la aparición de hechos nuevos que hayan sido desconocidos por la parte quejosa al momento de presentar su escrito inicial de demanda, y que se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional, con motivo de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables o que tal conocimiento se desprenda de cualquier constancia o probanza ofrecida por las partes; en ese sentido, se tiene a la quejosa de mérito, ampliando la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el numeral 117, de la ley en cita, requiérase a la autoridad responsable Fiscalía de Hechos de Tránsito y Delitos Patrimoniales, con sede en Jojutla, Morelos, su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberá referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo; debiendo, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Requerimiento constancias. En caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comunique de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañará las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de cien y treinta unidades de medida y actualizaciones, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a la nueva autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de garantías promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele como medida de apremio, multa hasta por la cantidad equivalente a ciento unidades de medida y actualizaciones. Notificación al Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Apercibimiento. De igual forma, con apoyo en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la promovente, que si la nueva autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con ella, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y el principio de celeridad procesal. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de la nueva autoridad que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación a autoridad responsable. Hágase del conocimiento de la nueva autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, está obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su respectivo informe justificado; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa por cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, envíese oficio que derive de este acuerdo a las autoridades restantes que inicialmente fueron señaladas como responsables, únicamente para conocimiento de lo acordado en este auto. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de diciembre del año en curso (foja 33 reverso), y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos se advierte que la audiencia constitucional, se encuentra programada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del nueve de diciembre de este año (foja 29); sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo. Lo anterior, obedece a que funge como nueva titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno diciembre de dos mil diecinueve, la Juez Erika Nayeli Torres Santiago, lo que se hace del conocimiento a las partes. Para dar margen a lo anterior y para el efecto de que se impongan del presente acuerdo, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para su verificativo.
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