Ma de los Angeles Chagolla Vargas
Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma de los Angeles Chagolla Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia definitiva por la que se sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del término legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director de Impuestos Inmobiliarios del Municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual, devuelve la misiva girada el veintitrés de agosto del año en curso al Director o Jefe del Departamento de Impuestos Inmobiliarios de Silao de la Victoria, Guanajuato, a fin de notificarle la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio. Ahora bien, toda vez que dicha misiva fue entregada a la autoridad municipal de esta ciudad, sin embargo, se encuentra dirigido a su homologa del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, por tanto, mediante oficio con trascripción del presente auto, reexpídase a la autoridad correcta, la comunicación oficial devuelta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. [...] S E N T E N C I A [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Jefe de Departamento de Impuestos Inmobiliarios, con residencia en Silao de la Victoria, Guanajuato, al rendir el informe justificado, manifestó la certeza del acto reclamado, pues señaló que mediante oficio número *****, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dio respuesta a la petición que la quejosa le formuló mediante escrito de tres de febrero de dos mil veintiuno. Esto es, que al momento de presentar la demanda de amparo (veintinueve de junio de dos mil veintiuno), ciertamente existía ese acto de omisión, pues aunque el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, ya había dado respuesta al escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintiuno, lo cierto es que también confesó que no le notificó a la parte quejosa hasta el catorce de julio de dos mil veintiuno, sin que se soslaye que dicha respuesta la conoció además al momento que se le dio vista con las constancias que adjuntó a su informe dicha autoridad. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad; documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "Registro digital: 394182 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 226 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 53 Tipo: Jurisprudencia DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO. Hipótesis de improcedencia. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causal de improcedencia que en la especie se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en autos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que la referida causa de improcedencia se actualice no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje en ella alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". En el caso, el acto reclamado que aquí se analiza es la omisión de dar respuesta, clara y directa, al escrito presentado ante la autoridad responsable, el tres de febrero de dos mil veintiuno. En el citado escrito, se advierte que la petición concreta, que solicitó fue: "Que atento a lo dispuesto por el primero párrafo del artículo 161 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, que a la letra dice: [.] Vengo a solicitar se sirva apertura cuenta predial respecto del *****. Sirviendo como base de tributación el valor que al efecto determine la Dirección de Catastro de este Municipio, conforme al valor fiscal aprobado de esa zona. Teniendo la obligación fiscal de tributar y al no contar aún con el título de propiedad correspondiente, estoy en posesión de dicho lote, por lo que la apertura que solicito sea de carácter de poseedora, teniendo como antecedente de ello lo siguiente:." Documental con la que la quejosa acreditó haberla presentado, como consta en el sello de recibido que obra en el mismo, la cual fue valorada previamente aunado a que la autoridad responsable aceptó el acto reclamado relativo a la omisión al derecho de petición. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe con justificación, a las que con anterioridad se dio el valor probatorio correspondiente, se advierte que dio respuesta al citado escrito. Ello mediante oficio I.I./014/2021, en el cual le contestó: "al respecto me permito hacer de su conocimiento que no es posible generar la cuenta predial del predio que solicita. Lo anterior, debido a que el procedimiento que debe seguir es solicitar al fraccionador que le entregue la documentación correspondiente y un Notario Público deberá llevar acabo el trámite de la escrituración a su nombre del predio y como parte de este trámite el Notario presentará ante el Departamento de Impuestos Inmobiliarios el aviso notarial, para que ya usted adquiera el dominio pleno del mismo y por ende se genere la cuenta predial correspondiente al bien inmueble en cuestión, o bien, que el Juzgado, en rebeldía del fraccionador, ordene firmar dicha escritura. Por otra parte, la negativa a lo peticionado por la parte solicitante se fundamenta en el artículo 1815 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que dispone que la venta de un inmueble deberá constar en escritura pública. Asimismo, para que en lo sucesivo cumpla con lo dispuesto en el Artículo 161 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Están obligados al pago de este impuesto (predial) las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras de inmuebles por cualquier título" en donde la escritura pública es el documento que formaliza el acto de compraventa del predio y a su vez el título que menciona este artículo." Ahora bien, el artículo 8° de la Constitución Federal, señala: "...Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En ese contexto, si en la especie el acto reclamado lo constituye la falta de contestación al referido escrito y como se vio con anterioridad, la autoridad responsable, dio respuesta a esa petición en los términos indicados, entonces cesaron los efectos del acto reclamado, pues con ello se cumple con lo establecido en el artículo 8º Constitucional, el cual señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y que, además, debe dárselo a conocer en breve término; respuesta que además se hizo en forma congruente con lo solicitado, merced a que la petición y el contenido de la respuesta están íntimamente vinculados entre sí, por lo que la vulneración a la citada garantía Constitucional no continúa surtiendo sus efectos, ya que surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó el agravio que dio motivo a la promoción del amparo, por la omisión al derecho de petición, reponiendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Es así, porque la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, fue notificada por la autoridad responsable al correo que la quejosa proporcionó en su escrito de petición, esto, el catorce de julio de dos mil veintiuno, lo que implica que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto del contenido de dicha contestación, la parte quejosa estuvo en aptitud de ampliar su demanda inicial, lo que no hizo, pues como se advierte en auto de diecinueve de julio del año en curso se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si deseaba ampliar su demanda para reclamar la citada respuesta y, se le apercibió que de no ampliar su demanda respecto de esas contestaciones se tendría únicamente como acto reclamado el que precisó en su demanda, lo que no cumplió y por tanto, como se dijo, únicamente se estudia como acto reclamado el señalado en su demanda, consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito; ya que al no haberse ampliado la demanda, la respuesta de mérito no puede ser materia de análisis constitucional. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Contradicción de tesis 164/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 205/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de dos mil ocho." Del mismo modo, es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que establece: "Registro digital: 174739 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.1o.A.121 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1201 Tipo: Aislada DERECHO DE PETICIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, EL JUZGADOR NECESARIAMENTE DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO. Desde un inicio el derecho de petición se instituyó de manera plena para el ciudadano -Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814-, posteriormente fue limitado en materia política y casi eliminado con motivo del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, aunque retomó su vigencia en el Proyecto de Constitución de 1o. de diciembre de 1916 hasta incorporarse a la Constitución de 1917. Así, conforme al texto actual, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. De ello se sigue que el acto de petición en sí y el contenido de ésta, se encuentran íntimamente vinculados entre sí, al participar del principio de congruencia, por lo que al conocer del juicio de amparo promovido por violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador necesariamente debe analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 545/2005. Francisco Javier Feria Covarrubias y otro. 24 de marzo de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Darío Carlos Contreras Reyes. Ponente: Salvador Mondragón Reyes. Secretario: J. Jesús Gutiérrez Legorreta. Nota: Por ejecutoria del 22 de agosto de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 258/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional. En consecuencia, resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales derivada del acto reclamado, lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 62/91. Ismael Rochín Medina. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas. Recurso de revisión 117/91. Raúl Salazar Corbalá. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 103/91. Ramón Gordillo Reyes. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Recurso de revisión 123/91. Dolores Pavlovich Valenzuela. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 138/91. Jesús Aguilar Navarro. 11 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Nota: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 49, Pág. 115." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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19/07/2021... INFORME JUSTIFICADO Téngase por recibido el oficio signado por el Jefe del Departamento de Impuestos Inmobiliarios del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado, en ese sentido, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se le tiene anunciando como pruebas las documentales que exhibe. Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe y de las documentales, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. DOMICILIO Y MEDIO DE CONTACTO Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. FORMAS DE CONTACTO Asimismo, la responsable proporcionó una dirección de correo electrónico, el cual será considerado únicamente para efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. VISTA PARA AMPLIAR Ahora bien, de las documentales que allegó la autoridad responsable, se advierte el oficio I.I./014/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que ésta dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa a su escrito de tres de febrero del año en curso (presentado ante la autoridad responsable). En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado de dicha documental a la parte quejosa, y requiérasele para que dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si tiene interés en ampliar la demanda de amparo, respecto del oficio I.I./014/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que el Jefe del Departamento de Impuestos Inmobiliarios del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa a su escrito de tres de febrero del año en curso (presentado ante la autoridad responsable). De hacerlo, deberá cumplir con los requisitos previstos en los artículos 108 y 110 de la legislación de la materia, esto es, indicar el acto por el que amplía la demanda, además de expresar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen sus antecedentes, si lo considera pertinente, señalar preceptos constitucionales violados y formular conceptos de violación. En el entendido que también deberá exhibir las copias de la ampliación de demanda necesarias para que se distribuyan entre la responsable y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se apercibe a la parte quejosa que, de no hacer manifestación al respecto en el término concedido, se continuará el trámite del presente asunto en los términos propuestos en el escrito inicial de demanda. Notifíquese y de forma electrónica al quejoso.
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