Ma. de los Angeles Castrejon Mazari

Expediente 322/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
322/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Ma. de los Angeles Castrejon Mazari
  • Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 322/2021-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en el diverso 9/2021, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 322/2021-I, promovido por MA. DE LOS ÁNGELES CASTREJÓN MAZARI, por propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el ocho de abril de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y recibido al día hábil siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por razón de turno, MA. DE LOS ÁNGELES CASTREJÓN MAZARI solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, y otras autoridades. Segundo. Radicación y desechamiento de la demanda. Por acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, se radicó el expediente con el número 322/2021-I; y se desechó la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el desechamiento, el cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien por resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca 110/2021, declaró fundada la queja interpuesta y ordenó a este juzgado a admitir la demanda promovida. Tercero. Admisión y trámite de la demanda. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de alzada, por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: El Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6ª época; a través de la cual revocó el acuerdo CPSHAPI/48/2016, emitido en acta de cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dieciocho en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, sexta época, por el que se otorgó a la quejosa el derecho a la pensión por jubilación; así como los efectos y consecuencias legales que deriven en cumplimiento del acta de sesión extraordinaria. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la que se determinó la creación de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, a que se hace mención en la referida acta de once de diciembre de dos mil veinte. La promulgación, firma y publicación del Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6ª época. La orden de suspensión definitiva de pago que deriva de la citada Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, como consecuencia de su cumplimiento. La omisión de pago de la pensión por jubilación otorgada a la quejosa a través del referido acuerdo CPSHAPI/48/2016, emitido en Acta de Cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en: El Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6ª época; a través de la cual revocó el acuerdo CPSHAPI/48/2016, emitido en acta de cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dieciocho en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, sexta época, por el que se otorgó a la quejosa el derecho a la pensión por jubilación; así como los efectos y consecuencias legales que deriven en cumplimiento del acta de sesión extraordinaria. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la que se determinó la creación de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, a que se hace mención en la referida acta de once de diciembre de dos mil veinte. La promulgación, firma y publicación del Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6ª época. Lo anterior, en virtud de que así lo señalaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados; además, así se corrobora con la copia certificada del acta de mérito, remitida por las autoridades responsables del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, con su respectivo informe justificado, a las que se otorga eficacia probatoria plena, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. De igual manera son ciertos los actos consistentes en: La orden de suspensión definitiva de pago que deriva de la citada Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, como consecuencia de su cumplimiento. La omisión de pago de la pensión por jubilación otorgada a la quejosa a través del referido acuerdo CPSHAPI/48/2016. Se estima lo anterior, no obstante que las autoridades responsables del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos expresamente negaron dicho acto; sin embargo, se abstuvieron de acreditar la existencia del pago de dicha pensión a la parte peticionaria del amparo, aun cuando estuvieron en aptitud de hacerlo, al ser quien en todo caso puede disponer de los medios probatorios correspondientes. Es aplicable al respecto la tesis: 1a. IV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2022760, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1215, con el rubro: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD.". Cuarto. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio oficioso por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se analizará si en el caso se actualiza alguna. Las autoridades Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico "Tierra Y Libertad", todos del Estado de Morelos, hacen valer que se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en virtud de la parte quejosa no combate la publicación del acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, por vicios propios. Es fundada la causal de improcedencia. Dichos preceptos legales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación.". Se actualiza dicha causal, en razón de que la quejosa no combate por vicios propios el acto de publicación del acta de sesión de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, de modo que omite exponer conceptos de violación, no hay causa de pedir suficiente para destruir la presunción de su constitucionalidad y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2010097, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: PC.I.A. J/49 A (10a.), Página: 2248, del rubro siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamados a las autoridades, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, se sobresee en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a los actos consistentes en: El Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6ª época; a través de la cual revocó el acuerdo CPSHAPI/48/2016, emitido en acta de cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dieciocho en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, sexta época, por el que se otorgó a la quejosa el derecho a la pensión por jubilación; así como los efectos y consecuencias legales que deriven en cumplimiento del acta de sesión extraordinaria. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la que se determinó la creación de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, a que se hace mención en la referida acta de once de diciembre de dos mil veinte. La orden de suspensión definitiva de pago que deriva de la citada Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, como consecuencia de su cumplimiento. Se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que, para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 5926 6ª Época, su promulgación, firma y publicación, o diversa sesión extraordinaria de cabildo y/o proyecto de revocación que se haya instaurado contra el quejoso, que pueda dejar sin efectos la pensión por jubilación concedida. En tal sentido, esta juzgadora estima que tal acto no causa alguna afectación al interés jurídico de la parte quejosa, en razón que de las constancias remitidas por las responsables se advierte que los actos que reclama no están dirigidos a su persona. En efecto, en la sesión extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial 5926, Sexta Época, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que revocan acuerdos pensionarios contenidos en el acta de sesión de cabildo de la responsable de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 5633 6ª Época, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, aprobaron por unanimidad revocar los dictámenes pensionarios de dieciocho trabajadores, sin que de los ahí revocados esté considerado el proyecto de pensión por jubilación concedido a la ahora quejosa; así, la sesión extraordinaria reprochada no está emitida en su contra, para tener derecho a impugnarla por esta vía constitucional Esto es así, pues del análisis del Acta de Sesión Extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, se observa que a la quejosa no se le revocó pensión alguna, sino únicamente a diversas personas que enseguida se señalan: Adela Manzanares, Alberto Núñez Alva, Rodrigo Martínez Ortiz, Edgar David Martínez Colín, Irineo Campuzano Cruz, José Luis Pérez Ortiz, Juventino Velasco Santiago, Francisco Maya Morales, Eusebio Salgado Torres, Gerardo Molina Patiño, Armando Martín Millán Cruz, Mario Terán Martínez, Maryo Luis Moreno Abarca, Pascuala Mora Nájera, José Alejandro Guerra Trejo, Francisco Hernández Román, Efraín Carranza Vicario y Rubén Manzanares Moreno. Tal circunstancia queda demostrada con la propia acta de sesión de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, de la que se deduce que no existe referencia alguna a la cancelación del derecho de pensión de la aquí quejosa MA. DE LOS ÁNGELES CASTREJÓN MAZARI. En ese sentido, no se acredita la afectación al interés jurídico reclamado, siendo que tal cuestión indefectiblemente correspondía demostrarla a la quejosa, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que no exhibió en este juicio medios de convicción idóneos para demostrar que en efecto se vio perjudicada con la cancelación definitiva de su derecho de pensión por jubilación. Por lo expuesto, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia con número de registro 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s) Común, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en: La omisión de pago de la pensión por jubilación otorgada a la quejosa a través del referido acuerdo CPSHAPI/48/2016, emitido en Acta de Cabildo correspondiente a la sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho. Resalta de oficio que dicha omisión genérica de pago ya fue combatida por la quejosa en el diverso juicio de amparo 1992/2018, radicado en este juzgado, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Juicio de amparo que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio para resolver este asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Por tanto, respecto de esta omisión genérica de pago de pensión otorgada en el acuerdo pensionatorio CPSHAPI/48/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar algún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no sólo contra la técnica rectora de la materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Se estima que para la existencia de cosa juzgada, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya instado otro juicio de amparo indirecto en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, debiendo existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. En efecto, la causal de improcedencia de que se trata se exterioriza en el llamado principio de cosa juzgada del juicio de amparo, el cual consiste en la autoridad y fuerza que la ley atribuye a una sentencia ejecutoriada, que equivale a la irrevocabilidad e inmutabilidad de lo resuelto en el fallo respectivo, ya en el juicio en que aquélla se pronuncie o en otro diverso. Este principio encuentra justificación en la necesidad de que, por seguridad jurídica, se evite replantear en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales. Así, de las constancias que integran el referido expediente 1992/2018 del índice de este juzgado, se observa que la quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de pago de la pensión concedida mediante el acuerdo CPSHAPI/48/2016, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Acto que reclamó de las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorera y Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Asimismo, de las actuaciones que obran en dicho expediente se advierte que por resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión administrativo 296/2019 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ".Cubran a la quejosa, de manera inmediata, la pensión que ha omitido pagar de conformidad con el acuerdo CPSHAPI/48/2016, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos treinta y tres.". Juicio de amparo que a la fecha se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, siendo que las autoridades responsables se encuentran realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector emitido y efectuar el pago de la pensión de la quejosa con motivo del referido acuerdo pensionatorio. Por lo cual, se considera que respecto de dicho acto, consistente en la omisión de pago de la pensión concedida mediante el acuerdo CPSHAPI/48/2016, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; a la fecha existe una decisión firme que da lugar a la cosa juzgada en dicho asunto, y que provoca que se actualice la improcedencia del presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que las cuestiones referidas ya fueron juzgadas en sentencia firme en un diverso juicio promovido por la misma quejosa, en donde se reclamaron los mismos actos y contra iguales autoridades responsables, deben considerarse cumplidos los requisitos legales de la causal abordada, y consecuentemente, declararse la improcedencia del presente juicio de amparo respecto de tal acto, con fundamento en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, actualizándose por tal motivo el sobreseimiento, con base en lo previsto por la fracción V del artículo 63 de esa propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.1o.C.3 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 1960, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Materia(s): Civil, Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN UN JUICIO EN RAZÓN DE LA SENTENCIA FIRME EMITIDA EN OTRO, CON INDEPENDENCIA DE LAS FECHAS DE SU INICIO." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis XX.95 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA." Quinto. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el Secretario en Funciones de Juez de este órgano jurisdiccional, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy, treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, treinta de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de amparo 322/2021-I. Conste.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; mediante el cual, solicita se revoque el acceso al expediente electrónico al usuario "JCZUÑIGA", por los motivos expuestos. Como los solicita la parte promovente instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que revoque la consulta del Expediente Electrónico aludida dentro del juicio de garantías en que se actúa, al usuario precisado en el párrafo que precede. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio y anexo remitido por el delegado de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos, por medio del cual refiere que no le es materialmente posible acatar la suspensión concedida en el presente asunto, consistente en el pago de pensión por jubilación a MA. DE LOS ANGELES CASTREJÓN MAZARI, toda vez que el Ayuntamiento que representan carece de recursos financieros y solicita se vincule a diversas autoridades al cumplimiento de la interlocutoria dictada en el presente incidente. Asimismo, informa las medidas que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión decretada en este incidente, indicando que el dieciocho de agosto del año en curso, presentó ante la Coordinación del Trabajo, solicitud para acceder al Fondo de Laudos y Sentencias, de igual forma, que el veinticinco de agosto den año que transcurre, presentó ante la Secretaría de Hacienda un informe financiero y solicitud de ampliación presupuestal. Ahora bien, atento a lo manifestado en el informe de cuenta, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruíz, que autoriza y da fe.

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