Ma de la Luz Pérez Rivera

Expediente 556/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
556/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • Ma de la Luz Pérez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda, dígasele que en auto de uno de los corrientes se le pusieron a su disposición, así como que las personas que autoriza para recogerlos, ya se encuentran autorizadas para ello.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Se autoriza la devolución de los documentos que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, los cuales quedan a su disposición en la secretaría.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ************, por su propio derecho, contra actos del Director Nacional del Centro Nacional de Energía, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 556/2016-1. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la parte quejosa reclama esencialmente la ejecución del corte del suministro de energía eléctrica relativo a los números de cuenta 34DP08A013453261 y 34DP08A013453262, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. De lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El precepto legal y fracción reproducidos, condicionan la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio y conforme a las leyes que los rijan, a que previamente a acudir a esta instancia extraordinaria el gobernado agote el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que ya no sean susceptibles de modificación o invalidación por medio de defensa legal alguno. En el caso a examen, se reclama la ejecución del corte del suministro de energía eléctrica relativo a los números de cuenta 34DP08A013453261 y 34DP08A013453262, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, acto que por su naturaleza, es susceptible de combatirse en el recurso de revisión en términos del artículo 1 y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica. En efecto, en cuanto a actos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que todos los actos de esa dependencia relacionados con la obligación constitucional de prestar servicio público de energía eléctrica, son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, ya que es a través de éste es que se presta dicho servicio. Además, determinó que de acuerdo con el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, este es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, es decir, constituye un ente del Estado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo tanto, en contra de los actos que realiza para la prestación del servicio, procede el recurso de revisión en términos del artículo 1 y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al haber emitido esos actos un organismo descentralizado o el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica. Tiene aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Asimismo, en relación con las excepciones que deben considerarse respecto a dicha causa de improcedencia del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos informa que la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "[.] y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En consonancia con lo anterior -según expresa dicho Alto Tribunal-, la citada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, " ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1 los alcances; 2 los requisitos; y, 3 los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte -continúa argumentando el Alto Tribunal-, el artículo 28, fracción III, inciso , de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas 24 y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días al día hábil siguiente; pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO , DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional .... Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1 los alcances; 2 los requisitos; y, 3 los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas 24 y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días al día hábil siguiente; pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Con base en lo anteriormente expuesto se concluye que, si la Ley de Amparo no exige mayores requisitos que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para conceder la suspensión en contra de un acto administrativo emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es inconcuso que cuando proceda el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho medio de impugnación debe agotarse previamente a acudir al juicio de amparo, precisamente porque no se reúnen las condiciones para que opere el caso de excepción, relativo a la suspensión de los efectos del acto combatido, como lo prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así pues, al ser procedente el juicio de nulidad contra el acto reclamado, y no exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, es claro que debió agotarse antes de acudir al amparo y al no hacerlo, opera la causa de improcedencia invocada. Tampoco se reclaman normas generales en la demanda de amparo que se analiza; de ahí que la quejosa no se ubica en ninguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. No se inadvierte la existencia y contenido de los criterios jurisprudencial y aislados que cita en su demanda con los rubros siguientes:

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano