Ma. de la Luz Luna Cabrera
Expediente 829/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 39 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Luna Cabrera
- Ma. de la Luz Luna Cabrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
l. Estado procesal de los autos. Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la quejosa y al tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente y toda vez que la ejecución de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia. II. Efectos de la concesión de amparo. En principio, se tiene que los efectos para los cuales se concedió el amparo, fueron los siguientes: "... Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que las autoridades responsables Presidente, Tesorero, Director de Ingresos y Sindico Municipal, todos del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, así como el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza: 1. Dejen insubsistente el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa, incluyendo el embargo, remate y adjudicación del inmueble ubicado en calle ********************, a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. En el entendido que como las autoridades responsables no localizaron físicamente el expediente que originó los actos reclamados, deberán formar un cuaderno de antecedentes donde ordenen lo indicado, a efecto de resarcir el daño causado a la quejosa. 2. El Director del Registro Público de la Propiedad, deberá cancelar las inscripciones relativas al embargo y adjudicación del bien inmueble a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 3. Hecho que sea lo anterior, en los subsecuente respeten el derecho de audiencia de la aquí quejosa, procediendo conforme a derecho estimen corresponda. III. Antecedentes. Ahora bien, mediante proveído de ocho de mayo del año en curso (fojas 365 a 367), causó ejecutoria la sentencia constitucional dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Presidente, Tesorero, Director de Ingresos y Sindico Municipal, todos del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, así como al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en dicha ciudad. Atento a lo anterior, por oficios con anexos, recibidos el seis y once de junio de este año, respectivamente (fojas 372 a 383 y 387 a 399), las citadas responsables informaron que se dejó sin efectos el procedimiento administrativo de embargo, remate y adjudicación instaurado contra la quejosa ********************, ordenándose la elaboración de un cuaderno de antecedentes, para que conste su sentencia para cualquier efecto y resarcir el daño a la quejosa; por su parte, el Director Registrador del Registro Público en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento de este juzgado, que realizó la inscripción relativa a la cancelación de embargo y adjudicación bajo la Partida 3080, Libro 31, Sección IV, anexando copias certificadas de las constancias pertinentes para acreditar su dicho. Con lo anterior, se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera; acuerdos que se les notificaron el once, trece, veinte y veinticuatro de junio del presente año, respectivamente (fojas 386, 403, 404 y 405); sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. III. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, toda vez que las mencionadas autoridades responsables, dejaron insubsistente el acto reclamado citado con antelación. Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la materia, archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. IV. Valoración. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Causa ejecutoria la sentencia. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia que se emitió el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 308 a 323), en la que se resolvió lo siguiente: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. de la Luz Luna Cabrera, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81 fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. II. Se requiere cumplimiento. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsable Presidente, Tesorero, Director de Ingresos y Síndico Municipal, todos del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, así como el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en dicha ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo otorgado. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los efectos siguientes: ".1. Dejen insubsistente el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa, incluyendo el embargo, remate y adjudicación del inmueble ubicado en calle David Alfaro Siqueiros, fraccionamiento Acoros, en Ciudad Acuña, Coahuila, a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. En el entendido que como las autoridades responsables no localizaron físicamente el expediente que originó los actos reclamados, deberán formar un cuaderno de antecedentes donde ordenen lo indicado, a efecto de resarcir el daño causado a la quejosa. 2. El Director del Registro Público de la Propiedad, deberá cancelar las inscripciones relativas al embargo y adjudicación del bien inmueble a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 3. Hecho que sea lo anterior, en lo subsecuente respeten el derecho de audiencia de la aquí quejosa, procediendo conforme a derecho estimen corresponda. No se soslaya que en el caso se embargó, remató, adjudicó y escrituró el bien inmueble propiedad de la parte quejosa, por un crédito fiscal por la cantidad total de $2,085.38 (dos mil ochenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional) (foja 93), que es considerablemente menor en relación al valor comercial del bien, que según el avalúo practicado asciende a la cantidad de $222,000.00 (doscientos veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional) (foja 91 vuelta). De ahí que, de ejercer nuevamente sus facultades en torno al impuesto adeudado, y de resultar procedente el embargo de bienes para que la contribuyente garantice algún crédito fiscal, se deberán buscar en la medida de lo posible alternativas para el cobro del impuesto a cargo de la deudora, con la finalidad de respetar el principio de dignidad humana, cuyo sustento se encuentra en la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se conforma a través de la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que conforman la base a partir de la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, etcétera).". III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la Ley de Amparo. Asimismo, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), visible en la página diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Registro: 2007918, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Así como la jurisprudencia 2ª./J.9/2016(10ª), visible en la página ochocientos treinta y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Registro 2010987, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento al fallo protector.
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