Ma. De la Luz López Sandoval y Otros.

Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Ma. De la Luz López Sandoval y Otros.
  • Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando a este Juzgado que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dicho Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, promovida por Martín López Alvarado, en virtud de la incompetencia planteada por este Juzgado mediante auto de diecisiete de agosto del presente año. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; en consecuencia es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Martín López Alvarado y Ma. De la Luz López Sandoval, en representación de los menores de iniciales V.N.C.L. y C.H.C.L., contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 730/2022-V-B. Ahora bien, cabe señalar que los impetrantes del amparo, en su demanda señalan como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO. El Laudo dictado por el H. Tribunal de Arbitraje Municipal, el 1 de julio de 2022, en el expediente número 72/2022, formado por la reclamación de MARTÍN LÓPEZ ALVARADO Y MA. DE LA LUZ LÓPEZ SANDOVAL, en representación de nuestro menores nietos V.N.C.L. y C.H.C.L., en contra del Municipio de Juárez, Chihuahua." En atención a lo anterior, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página 309, Quinta Época, que señala: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Así, la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados, está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; (.)". Como ya se precisó con antelación, la parte quejosa señala como acto reclamado el laudo de uno de julio del dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 72/2022, formado por la reclamación de MARTÍN LÓPEZ ALVARADO Y MA. DE LA LUZ LÓPEZ SANDOVAL, en representación de menores de iniciales V.N.C.L. y C.H.C.L., en contra del Municipio de Juárez, Chihuahua, del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad. Luego, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio, dado que se trata de un laudo dictado en el expediente laboral 72/2020, del índice de la autoridad señalada como responsable, se concluye que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que promueven los quejosos Martín López Alvarado y Ma. De la Luz López Sandoval, en representación de los menores de iniciales V.N.C.L. y C.H.C.L., con apoyo en lo dispuesto por los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo y 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales en su orden establecen: ".Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito..". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; (...)". Los preceptos legales transcritos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. Por tanto, el laudo materia de reclamo, debe ser analizado en amparo directo, en términos del artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 34, 47, 48, 170, fracción I, 171, y 176 de la Ley de Amparo, por ende, debe conocer de dicho juicio constitucional un Tribunal Colegiado de Circuito y no un Juzgado de Distrito. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 y 48 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo y las copias de la demanda exhibidas, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados Circuito del Décimo Séptimo Circuito, en esta ciudad, para que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que determine lo procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y solicítese el acuse de recibo de estilo. Por otra parte, se tiene como su domicilio procesal, el que indica en su demanda de cuenta; asimismo, se le tiene designando como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a la licenciada Rosalía Avalos Rosales, al encontrarse registrada su cédula dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Para no retardar el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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