Ma. de la Luz Cruz de Ávila
Expediente 79/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Cruz de Ávila
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta de enero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
con efectos de notificación para la parte quejosa: Visto; la demanda de amparo presentada por Ma. De la Luz Cruz de Ávila, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil (sic) y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ******************** y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es preciso señalar, que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa, en su escrito de demanda, reclama al Juez Tercero de lo Civil (sic), la orden de desalojo de la propiedad que se ubica en Calle ******************** número ******************** (********************), ******************** Vialidad ********************, en el Fraccionamiento ******************** en ********************, Zacatecas. Acto que el quejoso expone bajo protesta tuvo conocimiento el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 1********************, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Los preceptos legales antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 1********************. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En suma, bajo el cuadro legal expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados en la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a). Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b). Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c). Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Así, se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí y que además no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Con base a lo anterior, se advierte que el término de quince días que concede el artículo 1********************, de la Ley de Amparo, para interponer demanda de amparo, corre a partir del día siguiente, en que se tiene conocimiento de la existencia del acto reclamado, que se tilda de inconstitucional, que en este es el desalojo de su vivienda que se ubica en Calle ******************** número ******************** (********************), ******************** Vialidad ********************, en el Fraccionamiento ******************** en ********************, Zacatecas. Es así porque la parte quejosa expone bajo protesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Entonces, dado que el artículo 1********************, de la Ley de Amparo, otorga un plazo de quince días para interponer la demanda, por contados a partir del día hábil siguiente al en que se tuvo conocimiento del acto, dicho plazo comenzó a contar el quince de abril (día hábil siguiente), y concluyó el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, descontándose los días veintiocho y veintinueve de abril, así como los días uno, cinco, seis, doce y trece de mayo de dos mil dieciocho que fueron inhábiles. Es así, porque la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, tal como se advierte del sello de recepción de dicha Oficina de Correspondencia Común, que se estampó en la propia demanda de amparo. Por lo que, si la demanda de amparo fue presentada en la fecha indicada, es incontrovertible que el término de quince días a que se refiere el citado artículo 1******************** de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, en perjuicio de la parte quejosa, resultando así, que se actualiza la presunción legal de consentimiento del acto que aquí se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo ********************3 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." También sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo ********************3, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo civil (sic) y otra autoridad; por ello lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados, en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que no se proporcionan los datos con los que se acredite que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle ******************** número ******************** (********************), colonia ******************** en ********************, Zacatecas.
- Principal
Visto; la demanda de amparo presentada por Ma. De la Luz Cruz de Ávila, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil (sic) y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ******************** y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es preciso señalar, que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa, en su escrito de demanda, reclama al Juez Tercero de lo Civil (sic), la orden de desalojo de la propiedad que se ubica en Calle ******************** número ******************** (********************), ******************** Vialidad ********************, en el Fraccionamiento ******************** en ********************, Zacatecas. Acto que el quejoso expone bajo protesta tuvo conocimiento el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 1********************, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Los preceptos legales antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 1********************. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En suma, bajo el cuadro legal expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados en la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a). Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b). Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c). Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Así, se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí y que además no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Con base a lo anterior, se advierte que el término de quince días que concede el artículo 1********************, de la Ley de Amparo, para interponer demanda de amparo, corre a partir del día siguiente, en que se tiene conocimiento de la existencia del acto reclamado, que se tilda de inconstitucional, que en este es el desalojo de su vivienda que se ubica en Calle ******************** número ******************** (********************), ******************** Vialidad ********************, en el Fraccionamiento ******************** en ********************, Zacatecas. Es así porque la parte quejosa expone bajo protesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Entonces, dado que el artículo 1********************, de la Ley de Amparo, otorga un plazo de quince días para interponer la demanda, por contados a partir del día hábil siguiente al en que se tuvo conocimiento del acto, dicho plazo comenzó a contar el quince de abril (día hábil siguiente), y concluyó el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, descontándose los días veintiocho y veintinueve de abril, así como los días uno, cinco, seis, doce y trece de mayo de dos mil dieciocho que fueron inhábiles. Es así, porque la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, tal como se advierte del sello de recepción de dicha Oficina de Correspondencia Común, que se estampó en la propia demanda de amparo. Por lo que, si la demanda de amparo fue presentada en la fecha indicada, es incontrovertible que el término de quince días a que se refiere el citado artículo 1******************** de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, en perjuicio de la parte quejosa, resultando así, que se actualiza la presunción legal de consentimiento del acto que aquí se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo ********************3 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." También sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo ********************3, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo civil (sic) y otra autoridad; por ello lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados, en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que no se proporcionan los datos con los que se acredite que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle ******************** número ******************** (********************), colonia ******************** en ********************, Zacatecas.
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