Ma. de la Luz Beatriz Arcos

Expediente 915/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos
  • Ma. de la Luz Beatriz Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que el treinta de enero de dos mil veinte, se acordó que una vez que se contara con el cuadernillo original de incidente de suspensión derivado del presente juicio, se atendería lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda lo conducente: En consecuencia, y toda vez de que ya obra en mismo, se ordena glosar el cuadernillo original del incidente de suspensión, al expediente principal. Se hace constar que en el incidente de suspensión, no obran documentos originales, ni documentos valiosos a devolver. Por tal motivo, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y, en virtud de que se negó la suspensión provisional y la definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que adjunto a su informe justificado, las cuales y dada su voluminosidad y para su mejor manejo se ordenó formar por separado en quince anexos, sin que sea necesario acusar recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesado Arturo Tapia Durán; las determinaciones de veinticuatro y veintiocho, ambas de octubre de dos mil diecinueve, las que señalan: "Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, al tercero interesado Arturo Tapia Durán; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación al tercero interesado de dicho auto, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazado al presente juicio, hasta la fecha no se ha apersonado y en consecuencia no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese." "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Ma. de la Luz Beatriz Arcos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ejecución de la resolución definitiva ordenada por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el expediente 38/2012-2, derivado del procedimiento de un juicio ordinario civil, y consecuencia; los efectos de la ejecución para llevar a cabo la orden de remate, adjudicación, embargo y desalojo del inmueble ubicado en; Avenida San Diego número 705, local 3, Colonia Extensión Vista Hermosa del Municipio de Cuernavaca, Morelos.". SEGUNDO. El treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo y radicó el asunto con el número de expediente 951/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el juicio de amparo, y ordenó remitirlo a este Tribunal Federal. CUARTO. El cinco de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal recibió oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remitió los autos del juicio de amparo 951/2019, de su índice, con motivo de la incompetencia planteada. QUINTO. El ocho de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el oficio signado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda, requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la falta de emplazamiento al juicio de origen 38/2012-2, la resolución definitiva y su ejecución consistente en la orden de embargo y desalojo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, consistente la orden de desalojo del inmueble ubicado en Avenida San Diego número 705, Colonia Extensión Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, pues al momento de rendir su respectivo informe justificado negaron su existencia de manera categórica, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa. En las relacionadas condiciones, tomando en consideración que la negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Existencia de actos reclamados. Es cierto el diverso acto reclamado a las autoridades responsables Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la falta de llamamiento al juicio de origen, pues así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó al mismo, las cuales son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa; el precepto invocado refiere: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, [.]." La causa de improcedencia prevista por el numeral trascrito, se hace consistir en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, la procedencia del medio extraordinario de control de la constitucionalidad, refiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean posesorios, de propiedad o de cualquier otra clase, y sin duda, cuando un acto de autoridad causa perjuicio al quejoso, lesionándole directamente en su persona o patrimonio, es precisamente cuando puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro dicen lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo.". De igual forma, es pertinente señalar que uno de los principios fundamentales del juicio de garantías es el de la existencia de un agravio personal y directo, el cual está contenido en el artículo 5º de la Ley de Amparo, que establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Es aplicable la Jurisprudencia, de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72, página 55, que se transcribe a continuación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Por otro lado, en cuanto al interés legítimo, si bien es verdad que éste no requiere dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y, además provenir de un interés individual o colectivo, tales supuestos no son aplicables al caso concreto, en donde el acto reclamado deriva de actos provenientes de un tribunal judicial por lo que exige que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Resulta aplicable la Jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIX, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, del mes de abril, página 1807, cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Atendiendo a lo anterior, en relación al acto que reclama consistente en la orden de embargo, remate y adjudicación del inmueble ubicado en Avenida San Diego número 705, Colonia Extensión Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, ordenado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 38/2012, índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, y de un estudio de las constancias relativas, se advierte que no es parte dentro del referido juicio de origen, por tanto, resulta evidente, que no le depara perjuicio alguno dicho acto de autoridad. Ahora bien, de constancias de autos del juicio de amparo, si bien es cierto, obra un contrato privado de arrendamiento, celebrado entre el la persona moral denominada "Plaza Comercial ATD", Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Alma Rosa López Morales como "arrendador" y por la otra la señora Ma. de la Luz Beatriz Arcos "arrendatario", respecto del bien inmueble materia del juicio que constituye el acto reclamado, también lo es, que dicho contrato carece de eficacia probatoria para acreditar lo que se pretende a través del presente juicio de amparo, que en el caso es el derecho de posesión de un bien inmueble, en primer lugar porque si bien es cierto que fue suscrito ante Notario Público, también lo es que es posterior a la fecha de inicio de la etapa de ejecución del natural de donde emanan los actos reclamados, además lo que acontece en diversas hipótesis como ya se precisó la de que la fecha de suscripción es posterior a la determinación judicial de veinte de junio de dos mil trece y ejecutoria de la misma de veintiocho de enero de dos mil catorce, así como el auto de ejecución forzosa de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, de donde derivó el embargo del inmueble materia del acto reclamado, de ahí la insuficiencia para acreditar el interés jurídico en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por similitud de razones jurídicas la Jurisprudencia por contradicción 1a./J. 51/2005, Novena Época, emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 183, Tomo XXII, Julio de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, que prevé: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial.". En efecto, se entiende por una parte en un juicio los que litigan en éste, bien como actor o como demandado, quienes desde ese momento les surge el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho de otra manera, parte es todo aquél que pide o contra quien se pide en juicio una declaración de derechos; por esa razón, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, sus excepciones, así como para impugnar las determinaciones que les agravien a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal cuando les son transgredidos sus derechos por la actuación de la autoridad, demandando el cese de esa violación. A más de lo anterior, cabe destacar que la parte quejosa demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por estimar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. Empero, como se ha dicho en párrafos precedentes, después de analizar las constancias que integran el sumario constitucional, se concluye que en la especie la impetrante no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional relativo al interés jurídico. Así las cosas, debe verificarse si la ahora quejosa, para efectos del juicio de amparo, demuestra que los actos demandados agravian su interés jurídico, sin que pueda pensarse que con las simples manifestaciones que formula la parte agraviada en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad se haya satisfecho dicho requisito o por el hecho de que las autoridades hayan convenido en la existencia de los actos reclamados, pues si bien pueden existir tales actos de autoridad, también suele acontecer que los mismos no producen afectación alguna a los derechos de los gobernados, cuando éstos no acreditan en forma fehaciente el interés jurídico relativo o la transgresión al mismo y, por ende, el acto de autoridad no les produce agravio que reparar mediante el juicio. Con base en tales premisas, se hace patente exponer que la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, ya que reclama, esencialmente y atendiendo a la causa de pedir, la orden de embargo, remate, adjudicación y desalojo del inmueble materia del juicio de amparo, en relación a la determinación dictada en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable, que decretó el embargo y ahora ordena el remate en segunda almoneda del inmueble materia del acto reclamado. Bajo esa óptica, debe concluirse que resulta evidente que en el caso, la ahora peticionaria de amparo, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías; circunstancia que se robustece al no haber comprobado con la documental idónea la afectación a su esfera jurídica, en los términos que se indicaron. A más de lo anterior, cabe mencionar que la calidad con la que se ostenta; es decir, tercero extraño al juicio natural, lleva a considerar que se estime como totalmente ajena al procedimiento de origen, por no haber figurado en modo alguno como parte en el mismo, esto es, debe entenderse en términos generales, que tercero extraño a juicio propiamente dicho es aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que se emitan, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que en cada caso particular el juez de distrito deberá analizar el acto de autoridad que concretamente afecta a quien se ostenta como tercero extraño a juicio para así determinar el interés jurídico que el promovente del amparo debe acreditar. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que prevé: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Con base en lo anterior, no cualquier gobernado está en aptitud de promover el juicio constitucional contra actos dictados en algún procedimiento, es decir, hasta antes de dictarse la resolución definitiva o después de dictarse la misma, sino únicamente aquéllos que resienten un perjuicio personal, actual y directo por contar efectivamente con el carácter de tercero extraño a juicio, dado que lo que justifica la promoción del amparo es el hecho de que un gobernado se puede ver afectado en su esfera jurídica sin haber sido oído y vencido previamente, ya que tal desconocimiento del acto de autoridad judicial que concretamente afecta su esfera jurídica es lo que provoca el estado de indefensión a subsanar en el juicio de amparo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo por personas que se ostenten como terceros extraños a juicio, es un requisito elemental la afectación a sus intereses jurídicos con motivo de actos dictados dentro o fuera de ese procedimiento, es decir, que resientan un perjuicio por la transgresión a sus derechos legítimamente tutelados. Así pues, en tratándose de tercero extraño a juicio propiamente dicho, esto es, de persona que no tuvo intervención alguna en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber figurado como parte material ni formal en el mismo, el interés jurídico no se puede tener por demostrado por el simple hecho de existir el juicio del que se aduce ser ajeno, sino que es necesario demostrar cuál es el derecho concreto tutelado por la ley que se ve afectado por el referido procedimiento o por alguno de los actos dictados dentro o fuera del mismo. Ello es así, porque el hecho de ser ajeno a la litis de un juicio del orden común hace concluir en primer término que no se es la persona en contra de quien va encaminado el acto de autoridad judicial, desde el momento en que por disposición del artículo 14 constitucional, no se puede afectar a personas que no hubieren sido parte en el mismo, es decir, oídas y vencidas legalmente y por ende, que quien se alegue afectado con motivo de algún acto dictado dentro o fuera de dicho procedimiento, necesariamente debe demostrar el nexo de afectación a su esfera jurídica, esto es, el derecho concreto reconocido a su favor por la ley que se ve trastocado por un acto de autoridad judicial sin mediar garantía de audiencia previa. Como se anticipó, y ha quedado demostrado en autos; después de analizar las constancias que integran el sumario constitucional, se concluye que en la especie la impetrante de garantías no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional relativo al interés jurídico; pues como quedó precisado no exhibió algún documento idóneo para acreditar la afectación a sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.C.T.20K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, contenida en la página 648, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Robustece lo anterior, la circunstancia de que el contrato de arrendamiento con el que pretende acreditar el interés jurídico es insuficiente, en razón de que la persona que aparece con la calidad de "arrendador", es una diversa a la demandada en el juicio de origen y no acredita con justo título contar con la propiedad y posesión del bien inmueble materia de la litis. Considerado lo anterior y al no haber medio de prueba aportado por la quejosa para acreditar su interés jurídico en el presente juicio, consecuentemente, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, resultando procedente imponer el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino a virtud de la inconstitucionalidad de aquellos que se reclaman a la ordenadora. Es aplicable a la estimación que precede, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, página 690, con el texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En este contexto y al decretarse el sobreseimiento en este juicio por los motivos expuestos, ello impide a este Juzgador el estudio del fondo de la cuestión planteada. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual solicita que se emplacen a diversas partes tercero interesadas; atento a lo anterior, agréguese el escrito de cuenta para que obre como corresponda y dígase a la promovete que el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 915/2019, por lo que se encuentra en estudio para su respectivo proyecto de resolución; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuadernillo correspondiente y una vez dictada la sentencia en el juicio 915/2019, glósese el mismo.

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