Ma. de Jesús Sánchez Díaz

Expediente 1883/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1883/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Sánchez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés******************** Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria******************** Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento******************** ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido******************** En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8********************1********************2********************, numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental******************** Devuélvase al tribunal de alzada responsable los discos ópticos que adjuntó como complemento de su informe justificado; sin que sea necesario que acuse recibo, por tratarse de reproducciones certificadas******************** **

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1883/2022-III-C estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado María Eréndira Pérez Pérez, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, la Secretaria de Juzgado procede a realizar la relación de constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, consistentes en la demanda de amparo, informe justificado, constancia de notificación a la representación social de la adscripción, emplazamiento del tercero interesado y agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos, consistentes en la demanda de amparo, así como por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual deberá ser considerado al resolver el presente juicio de amparo. PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, consistentes en un disco en formato DVD que contiene copia certificada del expediente electrónico del toca penal 661/2022, remitidas por la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como seis discos en formato DVD que contienen copia certificada del expediente electrónico de la causa de control 111/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y de la totalidad de las videograbaciones de las audiencias de primera instancia; asimismo, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, al no existir alguna otra pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos y la Secretaria de Juzgado certifica: que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1883/2022-III-C; promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el seis de diciembre de dos mil veintidós, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 661/2022, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirmó el auto de no vinculación a proceso. Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado, que por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós lo radicó bajo el número 1883/2022-III-C, admitió la demanda de amparo, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y ordenó emplazar en calidad de tercero interesado a Fernando Alberto García Sánchez, así como al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que se reclama del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación 661/2022, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la causa de control 111/2022, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, a favor de Fernando Alberto García Sánchez por el hecho delictuoso de despojo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Tribunal de Alzada responsable a dicho informe, consistentes copia certificada del toca de apelación 661/2022, contenida en un disco formato DVD, de cuyo contenido se advierte la existencia de la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, así como seis discos versátiles digitales relacionados con la causa de control 111/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de actos derivados de otros consentidos, que se desprende del artículo 61, XXIII, en relación con el numeral 217, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Así, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, puesto que la fracción XXIII, establece que puede actualizarse cualquier otra causal que se derive de otra disposición de la Ley de Amparo, por lo que este numeral en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que se señala que la jurisprudencia que emita el Pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito, da cabida a que pueda sobreseerse en el juicio atento al criterio jurisprudencial que prevé la improcedencia del juicio tratándose de actos derivados de otros consentidos, que dispone: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Sobre el tema relativo a los requisitos para la actualización de dicha causal, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, p. 9, señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De la tesis transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se estima consentido exista una relación de causa a efecto, es decir, debe existir una interdependencia tal entre ambos actos de autoridad, que haga patente que el segundo acto que se reclama en el amparo, no surge autónomamente y desligado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia del primer acto que se considera consentido. En ese contexto, el artículo 459, fracción I, de del Código Nacional de Procedimientos Penales -normativa que rige a la resolución reclamada- prevé lo siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma." Tal disposición legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues este último impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño, asimismo, con tal legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. Ahora bien, los antecedentes más relevantes del acto reclamado son los siguientes: En el año de dos mil quince, la ahora quejosa ********************, en calidad de propietaria del terreno de 461 M² (cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados), ubicado en el domicilio conocido como Coscomate del Progreso, Jilotepec, Estado de México, prestó a Fernando Alberto García Sánchez, una fracción de dicho terreno equivalente a 120 M² (ciento veinte metros cuadrados) y, continuó ocupando el resto del inmueble, esto es, 351 M² (trescientos cincuenta y un metros cuadrados). El veintidós de agosto de dos mil veintidós, ******************** acudió al referido terreno y se percató que Fernando Alberto García Sánchez había cercado la totalidad de la superficie y al cuestionar a este último, la amenazó y le dijo que se fuera porque ese terreno le pertenecía. Hechos que fueron denunciados ante el agente Ministerio Público y motivaron el inició la carpeta de investigación correspondiente, en la que en su momento se ejerció la acción penal por el hecho con apariencia de delito de despojo. 2. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México dictó auto no vinculación a proceso, en la causa de control 111/2022, a favor de Fernando Alberto García Sánchez por el hecho delictuoso de despojo. 3. En contra de tal determinación, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Tribunal de Alzada el cinco de octubre de dos mil veintidós; asimismo, no se consideró pertinente llevar a cabo la audiencia de alegatos a que hace referencia el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que ninguna de las partes lo solicitó; asimismo, por lo que hizo a la apelación adhesiva interpuesta por la víctima ********************, se determinó que había sido interpuesta fuera del término de tres días establecido en el numeral 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual no sería materia de estudio en esa segunda instancia. 4. Mediante resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 661/2022, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó el auto de no vinculación a proceso de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Como corolario de lo expuesto podemos concluir lo siguiente: a) El acto reclamado consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación 661/2022, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la causa de control 111/2022, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, a favor de Fernando Alberto García Sánchez por el hecho delictuoso de despojo, afecta directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil. b) La víctima u ofendido del delito están legitimados para impugnar el auto de no vinculación mediante el recurso de apelación, conforme al artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) En el particular, únicamente el Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Primera Instancia, pues con independencia de que la revisión adhesiva no constituye un recurso autónomo, la intentada por la ahora quejosa en calidad de víctima del delito resultó extemporánea. Por lo anterior, el presente juicio de amparo interpuesto por la víctima en contra la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de no vinculación a proceso, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia legal de un acto consentido, pues la omisión de apelar la determinación de primer grado no puede subsanarse por el hecho de que haya sido apelada por el Ministerio Público, puesto que ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y los derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de impugnación. Es ilustrativo a lo anterior el criterio judicial sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, registro digital 2013253, publicado en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1697, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Cuando el Juez de primera instancia dicta un auto de no vinculación a proceso y decreta la libertad absoluta del inculpado, por no obrar algún elemento configurativo del delito materia de impugnación, y ello afecta directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil, esa circunstancia se traduce en un agravio a la víctima u ofendido del delito impugnable mediante el recurso de apelación, conforme al artículo 398 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y los derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la resolución de segundo grado confirme dicho auto de no vinculación a proceso, el juicio de amparo indirecto promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que el auto de primera instancia haya sido apelado por la autoridad ministerial." Asimismo, es orientadora la diversa tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 2023570, publicado en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, septiembre de 2021, tomo IV, página 3063 que establece: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO, SI SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO APELÓ EL FALLO PRIMIGENIO, AUN CUANDO AQUÉLLA HAYA INTERPUESTO APELACIÓN ADHESIVA, PUES ÉSTA NO CONSTITUYE UN RECURSO AUTÓNOMO. Hechos: En un proceso penal el Juez de la causa decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en favor del imputado; el Ministerio Público apeló la resolución y la víctima se adhirió a la misma; resolución que fue confirmada en segunda instancia, contra la cual la víctima del delito presentó demanda de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo directo promovido por la víctima del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma el sobreseimiento en la causa penal es improcedente, si sólo el Ministerio Público apeló el fallo primigenio, aun cuando aquélla haya interpuesto apelación adhesiva, pues ésta no constituye un recurso autónomo. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que la víctima u ofendido impugne las determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se haya o no constituido en coadyuvante del Ministerio Público. Precepto que lo legitima para apelar la sentencia de primer grado, a fin de que el órgano de segunda instancia estudie su legalidad, con el propósito de que la confirme, revoque o modifique, lo que favorece a sus derechos fundamentales, porque se le posibilita reclamar la correcta aplicación de la ley a través del citado medio de defensa. Por tanto, el recurso de apelación debió ser agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, atento al principio de definitividad que, entre otros, rige en el juicio constitucional; omisión que, irremediablemente, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y conduce al sobreseimiento, en términos del diverso 63, fracción V, de la propia ley; sin que constituya obstáculo que la víctima u ofendido interpusiera el recurso de apelación adhesiva, porque éste no es un medio de defensa autónomo, sino secundario o derivado, pues el derecho a adherirse sólo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como lo prevé el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con el 61, fracciones XIV y XXIII, así como con el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio. Conclusión ante la cual, resulta innecesario ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior, se encuentra contemplado en la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página 115, registro 220705, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria de Juzgado María Eréndira Pérez Pérez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintidós******************** Agréguese el oficio signado por la Notificadora del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, a través del cual devuelve diligenciado el despacho ******************** (orden ********************), de este índice******************** Acúsese recibo******************** Háganse las anotaciones respectivas******************** En ese orden, téngase por legalmente emplazado al tercero interesado ********************, al juicio en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar********************

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. PEDIMENTO Agréguese la intervención ministerial signada por la fiscal Federal adscrita, por el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos, en consecuencia, fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechos los alegatos en cita y dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse en su momento procesal las copias que solicita previa razón de recibo.

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