Ma. De Jesús Reyes Garibay
Expediente 32/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. De Jesús Reyes Garibay
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", implementándose diversas medidas especiales que deben adoptarse a partir del cuatro de marzo de 2021, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021. .....Esto se acota así, dado que se considera que deberá atenderse tanto la reanudación de actividades de las autoridades responsables, así como la oportunidad que se tenga (de acuerdo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional), de notificar a las demás partes procesales. En esa tesitura, y a fin de continuar la tramitación del presente asunto, se provee: Visto el oficio que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, con el oficio de cuenta y constancias que anexa dese vista a la partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado Federal emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que a partir del tres de agosto del año en curso, se reanudaron en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, garantizándose la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, en irrestricto acatamiento a los lineamientos previstos en el citado Acuerdo General, se decreta la continuación del procedimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del 18 de marzo al 02 de agosto de 2020. Por otra parte, visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación hecha en supralineas, y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Remítase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de María Natividad Bautista Linares, Presidenta encargada del despacho por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "Dentro del plazo establecido en el artículo 91, Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, emita el acuerdo respectivo, dentro del expediente laboral 64/2016, en el que requiera al Juez Mixto de Paz del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, le devuelva diligenciado el exhorto que le fuera enviado para que desahogara la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y recabe el acuse correspondiente al envío de dicho requerimiento." Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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