Ma. de Jesús Reyes Garibay
Expediente 695/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Reyes Garibay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, Ma. de Jesús Reyes Garibay, por conducto de su autorizado legal Fausto Tavira Solís, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral ********************. II. Luego, el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 125 a 136), se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la autoridad responsable estaba obligada a realizar lo siguiente: "Constate la notificación a la parte demandado de los autos de dos de junio y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral ********************. Certifique el término de quince días hábiles otorgado a la demandada para cumplir con el pago condenado. En caso de que el ayuntamiento demandado no cumpla con el requerimiento, acuerde lo conducente al apercibimiento decretado en auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis (solicitados por el apoderado legal de la parte actora, mediante escritos presentados el treinta de septiembre, seis y diecinueve de octubre, once de noviembre de dos mil dieciséis, catorce de febrero, siete de abril, cinco de septiembre, diecisiete de octubre y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, veintiséis de febrero, siete de marzo, dieciocho de abril y treinta de mayo de dos mil dieciocho)." III. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 141 a 145), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 10517/2018 (foja 151), remitió copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes de los autos de dos de junio y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, así como el proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el cual acordó lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, mediante escritos presentados el treinta de septiembre, seis y diecinueve de octubre, once de noviembre de dos mil dieciséis, catorce de febrero, siete de abril, cinco de septiembre, diecisiete de octubre y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, veintiséis de febrero, siete de marzo, dieciocho de abril y treinta de mayo de dos mil dieciocho, e hizo efectivo el apercibimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en autos del expediente laboral ********************. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes de los autos de dos de junio y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, así como el proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el cual acordó lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, mediante escritos presentados el treinta de septiembre, seis y diecinueve de octubre, once de noviembre de dos mil dieciséis, catorce de febrero, siete de abril, cinco de septiembre, diecisiete de octubre y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, veintiséis de febrero, siete de marzo, dieciocho de abril y treinta de mayo de dos mil dieciocho, e hizo efectivo el apercibimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en autos del expediente laboral 282/2009; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de garantías. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 125 a 136); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia del tercero interesado relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal por violación al artículo 17 constitucional; dicho tercero interesado no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión que establece la ley de amparo, lo anterior sirve de apoyo la tesis XXI.2º.C.T.8 K (10a.) con registro 2015213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 81, fracción I, inciso e), 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la sentencia definitiva que se impugna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.", sostuvo que los recursos son medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada para poder obtener la modificación o revocación de una resolución, por lo que la legitimación para impugnarla y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia deriva no sólo de la calidad de parte en el juicio de amparo, sino además, de que la resolución combatida cause agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o, en su caso, porque cuente con la representación legal de aquél. Así, el tercero interesado tiene, en términos generales, un interés opuesto al del quejoso y, le resulta jurídicamente conveniente que subsista el acto reclamado; por ende, la determinación que concede el amparo, podría estimarse que lo legitima para interponer la revisión. Sin embargo, eso no sucede cuando se reclama la violación al derecho fundamental de pronta administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya titularidad corresponde al quejoso, de tal suerte que la sentencia que concedió el amparo por tal motivo, no causa al tercero interesado un agravio personal y directo, necesario para su impugnación, en razón de que la ejecutoria debe cumplirse por la autoridad responsable, sin que ello tenga alguna incidencia en su esfera jurídica; de ahí que carezca de legitimación para interponer el recurso citado". Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, por conducto de la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, ********************, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Constate la notificación a la parte demandado de los autos de dos de junio y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral ********************. Certifique el término de quince días hábiles otorgado a la demandada para cumplir con el pago condenado. En caso de que el ayuntamiento demandado no cumpla con el requerimiento, acuerde lo conducente al apercibimiento decretado en auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis (solicitados por el apoderado legal de la parte actora, mediante escritos presentados el treinta de septiembre, seis y diecinueve de octubre, once de noviembre de dos mil dieciséis, catorce de febrero, siete de abril, cinco de septiembre, diecisiete de octubre y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, veintiséis de febrero, siete de marzo, dieciocho de abril y treinta de mayo de dos mil dieciocho). Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración los efectos de la ejecutoria de amparo que se precisan en párrafos precedentes; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************, en su carácter de Presidente Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomo posesión como titular de este Juzgado Federal, Basilio Rojas Zimbrón.
- Principal
Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ma. de Jesús Reyes Garibay, contra el acto señalado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones y fundamentos contenidos en el diverso considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Ma. de Jesús Reyes Garibay, en contra del acto de autoridad señalado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. QUINTO. Notifíquese al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, por medio de oficio enviado a su residencia oficial, como está ordenado en esta sentencia.
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