Ma. de Jesus Ochoa Galvan

Expediente 789/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
789/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Jesus Ochoa Galvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa el estado procesal que guarda el expediente laboral del que deriva el acto reclamado. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con su contenido y con su anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable en cita, la documental que se adjuntó al oficio de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, de la mencionada documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de emprender el examen de la cuestión planteada, resulta necesario precisar el contenido del citado precepto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar la audiencia incidental de liquidación dentro del expediente laboral número 679/2018. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable, y del anexo que acompaña en copia certificada, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió la resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral de origen, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido la resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral número 679/2018, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. Audiencia Constitucional Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta determinación se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo1, en razón que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa el estado procesal que guarda el expediente laboral del que deriva el acto reclamado. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con su contenido y con su anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable en cita, la documental que se adjuntó al oficio de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, de la mencionada documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de emprender el examen de la cuestión planteada, resulta necesario precisar el contenido del citado precepto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar la audiencia incidental de liquidación dentro del expediente laboral número 679/2018. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable, y del anexo que acompaña en copia certificada, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió la resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral de origen, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido la resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral número 679/2018, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. Audiencia Constitucional Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta determinación se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo1, en razón que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que obre en autos el resultado de dichas gestiones. Requerimiento Se requiere nuevamente al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que derive del presente auto, de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas, si se advierte que no realiza todas las acciones a su alcance para dar cumplimiento a ello. Notifíquese.

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