Ma de Jesus Martinez Mendoza

Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
910/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Ma de Jesus Martinez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.**** Destino del expediente, es destruible en tres años.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, ********************, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 910/2022-IV. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ******************** del índice de la Sala responsable, mediante la cual confirma el acuerdo de dieciséis de junio del mismo año, emitido en el juicio ordinario civil ********************, por el que se tuvo a la aquí quejosa confesa de las posiciones calificadas de legales. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. *** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ******************** del índice de la Sala responsable, mediante la cual confirma el acuerdo de dieciséis de junio del mismo año, emitido en el juicio ordinario civil ********************, por el que se tuvo a la aquí quejosa confesa de las posiciones calificadas de legales, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y la quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable confirma la determinación que tiene confesa a la aquí quejosa, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Lo anterior, porque el acto del que se duele constituye una lesión que podría quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse la sentencia que decida el juicio de origen, la que puede ser a su favor y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio que tenga a su alcance. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. Protesta de ley. **** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorizados y domicilio. Como lo solicita, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en ********************; y, autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** toda vez que cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.

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