Ma. de Jesús Martínez Marmolejo y Otros.

Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
550/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Martínez Marmolejo y Otros.
  • Ma. de Jesús Martínez Marmolejo

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    León, Guanajuato, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese.

  3. Principal

    León, Guanajuato, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 550/2023. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LA MODALIDAD EN LÍNEA. En los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo. Por ello, con independencia del esquema en que actúen las partes (tradicional, híbrido o en línea) el eje rector de la actividad jurisdiccional de este órgano será la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico. En atención a lo anterior, se informa a las partes que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, y serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites ante el propio Consejo, Por su parte, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. MEDIDAS PARA LA ACTUACIÓN DESDE EL SISTEMA ELECTRÓNICO. Con la finalidad de conducir el juicio conforme al esquema en línea, se comunica a las partes: 1. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, así como las notificaciones realizadas por el sistema, tendrán validez legal suficiente y constarán únicamente en el expediente electrónico, sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente físico. Por lo tanto, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. 2. Las listas de acuerdos publicadas electrónicamente tendrán validez legal, por lo cual, durante el trámite de este juicio se prescindirá de incorporar la certificación de la notificación por lista al expediente físico. 3. Las constancias que se alleguen de manera física se digitalizarán e integrarán de inmediato al expediente electrónico, con la salvedad de aquellas que no puedan ni deban digitalizarse, ya sea porque se trate de objetos, para proteger la integridad del documento o los datos personales que contengan, o bien, porque por su voluminosidad, el SISE no alcance a cargarlos en formato digital (salvo que existan los acuerdos de interconexión). En estos casos, quedarán a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado en el cuaderno auxiliar que se forme para su consulta. 4. Los expedientes físicos y cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente, con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. 5. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. 6. Los documentos presentados en formato físico que no resulten relevantes para el trámite del asunto, no se agregarán al expediente electrónico. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6 todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA la demanda de amparo promovida por *, por conducto de quien dice ser su representante legal *, contra actos del Juzgado Séptimo Menor Civil del Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en León, y otras autoridades. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede. Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. Por su parte, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Asimismo, el diverso 3, de la ley de la materia establece que el juicio de amparo puede instaurarse de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, a través de la Firma Electrónica conforme con la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal; pues es el medio que permite el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, para el envío y recepción de promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Los numerales 3, fracción I, y 10 del citado ordenamiento, establecen que todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá contener firma electrónica y que para hacer uso de los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal, se hará uso de la Firma Electrónica Certificada emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del citado Acuerdo General y se registren en el sistema. En consecuencia, una demanda de amparo indirecto presentada a través de los servicios en línea aludidos, deberá desecharse de plano cuando carezca de firma electrónica, pues su ausencia no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la ley de la materia, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. En el caso, del contenido de la demanda de cuenta se advierte que se presentó a través de los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, carece de firma electrónica por parte del promovente, lo que impide tener por colmado el principio de instancia de parte agraviada, debido a que se contraviene lo dispuesto por los artículos 6 y 108, de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser una formalidad esencial reveladora de la voluntad de quien pretende dar noticia de un hecho supuestamente violatorio de derechos humanos. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. De igual manera, no se soslaya que la demanda contenga una firma autógrafa digitalizada y con ello se genere la presunción de que la demanda fue signada por quien dice ser representante legal de las quejosas, de acuerdo con la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Libro 50, tomo IV, del mes de enero del año dos mil dieciocho, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pues dicho criterio fue superado por la jurisprudencia reseñada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se estableció, de manera categórica, que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Esto es, al ser presentada la demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, necesariamente debe contener la firma electrónica del promovente por ser un documento que le proporciona identidad y con el cual se le otorga validez a su pretensión; sin que la circunstancia de que aparezca una firma digitalizada, al parecer autógrafa, subsane dicha omisión o, como ya se hizo mención, sea motivo de prevención. En consecuencia, al verificarse la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la citada Ley, y el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

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