Ma. de Jesús Macías Macías

Expediente 857/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
857/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Macías Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. -COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO COMO EL IMPRESO- Se instruye al Secretario de Juzgado encargado de la integración de los expedientes impreso y electrónico, para que previamente a la remisión física al archivo del primero de ellos, se realice y agregue a los autos la constancia de verificación respecto a la coincidencia total del expediente electrónico generado como el impreso. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 09/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario Juan Manuel Hernández Esparza quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 857/2021-V.

  2. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. - PRUEBAS- Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte lo siguiente: El dos de septiembre de dos mil veintiuno, Ma. De Jesús Macías Macías, presentó demanda de amparo contra la Presidenta de la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y reclamó en esencia la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente número 248/2017, del índice de la autoridad responsable. El treinta de septiembre del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y remitió constancia en copia certificada relativa al laudo dictado el veintisiete de septiembre de la presente anualidad dentro del expediente 248/2017; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. De lo anterior se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o realizar la que es esperada legalmente, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se dolió substancialmente, de la omisión de dictar el laudo respectivo dentro del expediente laboral 248/2017. Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió al rendir su informe justificado, se obtiene que en el expediente laboral 248/2017, la Presidenta de la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el veintisiete de septiembre del año curso, dictó laudo correspondiente. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, mediante la emisión del auto que requiere el cumplimiento del laudo, que ya se ha verificado en los términos expuestos en párrafo precedente, lo que derivaría en lo innecesario de obligar a la autoridad a que obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, acorde con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. -SE DEJA INSUBSISTENTE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL- En razón de lo acordado en el presente proveído, se deja insubsistente la audiencia constitucional, programada para celebrarse a las nueve horas del seis de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente al quejoso, al agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad con carácter de tercero interesada y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario Juan Manuel Hernández Esparza, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 857/2021-V.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Ma. de Jesús Macías Macías; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo 857/2021-V. -ADMISIÓN DE DEMANDA- En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, así como los preceptos 1°, fracción I, 5, 6, 37, 107, fracción II, 108, 112, 115, 117 de la Ley de Amparo en vigor y demás relativos, se admite la demanda promovida contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Sin tramitarse el incidente de suspensión. .... -AUDIENCIA CONSTITUCIONAL- Se señalan las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Respecto al señalamiento de la audiencia constitucional en un plazo mayor al señalado en el artículo 115, de la Ley de Amparo, obedece a la implementación por parte de este juzgado del criterio de interpretación reforzada en pro de los derechos de las partes, en especial el de completo acceso a la jurisdicción, así como al diverso de aplicación funcional de las reglas procesales que rigen el juicio de amparo, teniendo en cuenta la situación extraordinaria derivada del citado fenómeno de salud pública, que impone la obligación a los jueces de Amparo de interpretar las normas procesales en el citado contexto y realidad histórica a fin de darles operatividad y funcionalidad interior sistémica para que, por una parte, el juicio de derechos cumpla con sus fines y los gobernados que intervienen en él encuentren salvaguarda de sus respectivos derechos para una efectiva y oportuna protección judicial, y por otra, se garantice en la mayor medida posible la salud de las propias partes en el juicio y del personal jurisdiccional que interviene en ellas. Lo anterior es acorde a las acciones inéditas y extraordinarias adoptadas en el Acuerdo General 21/2020, con relación al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales, para evitar situaciones de contagio tanto del personal de servicio de la administración de justicia como de las personas justiciables, sus representantes y autorizados; puesto que el trabajo de este juzgado de Distrito se realiza de manera remota, con jornada de trabajo presencial en horario limitado y con número de personal restringido. De ahí que sea de singular importancia fijar la audiencia para esa fecha, a efecto de equilibrar las cargas laborales por el fenómeno de salud pública generado por el virus SARSCoV2 (Covid-19) y garantizar en mayor medida la salud de quienes intervienen en el presente asunto. ... I. JUSTIFICACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA: De actualizarse ese supuesto, el desahogo de la audiencia a través del sistema de videoconferencia resulta necesario con motivo de la emergencia sanitaria generada, lo cual encuentra apoyo, además, en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y conforme a los artículos 27, 28, 29, 31 y fracción II del Quinto Transitorio, constituye la regla general durante la contingencia sanitaria por COVID-19, la celebración de audiencias o diligencias mediante el uso de videoconferencias, salvo que a juicio del juez el caso requiera que la audiencia se celebre presencialmente. II. PREPARACIÓN: En ese contexto, sólo en el supuesto de que sea intención de las partes asistir a la audiencia por videoconferencia, dentro del plazo de tres días computado legalmente, deberán realizar lo siguiente: Mediante promoción, preferentemente electrónica, o en su caso, física, manifestar que es su intención asistir mediante presencia remota a la audiencia por videoconferencia; asimismo, proporcionar su número telefónico móvil de contacto, la cuenta de correo electrónico a la que este juzgado les enviará el enlace para ingresar a la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal [ID -identificador numérico-], por el que se podrán integrar a la videoconferencia, el nombre de las personas que participarán en su representación, y de las que en su caso solo presenciarán la audiencia sin intervención en ella. En este último caso, de ser procedente a juicio del juzgador, se les generará una clave de acceso a la audiencia en la que se limitaran a presenciarla sin que les sea permitido participar en ella. b) Para que se genere la clave de acceso a la audiencia, las partes y los asistentes deberán contar con un dispositivo dotado de monitor, cámara, micrófono y altavoces códec, computadora PC o Laptop, tableta, smartphone teléfonos inteligentes, o enlaces de telecomunicación MPLS, satelital, celular mínimo 4G, Wireless inalámbrica, DSL residencial, compatible con la aplicación CISCO WEBEX MEETINGS", además de contar con acceso a internet. Por tanto, en el escrito que deberán presentar, deberán manifestar expresamente que cuentan con el equipo de comunicación con las especificaciones compatibles indicadas. c) En caso de ser intención de las partes comparecer a la audiencia, ya sea para intervenir o sólo presenciarla, pero que no cuenten con dispositivo electrónico para participar en la audiencia por videoconferencia, deberán manifestarlo así a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo legalmente conducente respecto a su celebración por esa vía o si habrá de realizarse de manera presencial. d) Con el objeto de optimizar el tiempo de la videoconferencia, se solicita a las partes que para el caso de que sea de su intención ofrecer algún medio de prueba que deba ser recibido en la audiencia, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 75, párrafo segundo, 119 y 124 de la Ley de Amparo, deberán hacerlo saber a este juzgado de Distrito, al menos veinticuatro horas antes de la hora y fecha programadas para su verificativo. e) Apoyo técnico, conforme a lo dispuesto en el numeral 31 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que la licenciada Ednna Alejandra Fernández Castilla, con número telefónico 686 273 2283 y correo electrónico ednna.fernandez.castilla@correo.cjf.gob.mx, es la funcionaria judicial responsable técnico de la implementación de la videoconferencia, por lo que en caso de que las partes requieran información para utilizar sus dispositivos propios para participar en la videoconferencia, podrán hacerlo mediante consulta ante dicha servidora pública. f) Aclaración, todas las promociones que se presenten por las partes en contestación a los puntos precisados en los incisos anteriores y expresen su intención de asistir a la audiencia, a efecto de organizar debidamente la programación y desahogo de la audiencia constitucional dada la excepcionalidad del uso de videoconferencia, serán acordadas por este órgano jurisdiccional de manera conjunta, una vez que haya transcurrido el plazo legal otorgado a la última de las partes en notificarse de este proveído. g) Toda vez que el verificativo de la audiencia por videoconferencia amerita requerimientos técnicos, de no ser posible su desahogo de esa manera o de no cumplir las partes con lo anterior, la audiencia se verificará sin su asistencia, la que en ese caso podrá verificarse, a juicio del juzgador, por la misma vía de videoconferencia o incluso "vía remota" mediante el sistema de comunicación telefónica o de videollamada en tiempo real y con consulta simultánea del expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], entre el Secretario de Juzgado y el titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de favorecer el trabajo "a distancia" y evitar la concentración de personas en el órgano jurisdiccional. h) De ser necesario, a consideración de este juzgado de Distrito y de manera excepcional, la audiencia podrá verificarse presencialmente en las instalaciones del órgano jurisdiccional, para lo cual se tomarán las medidas que amerita la situación de emergencia sanitaria. -EXHORTACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA- Con apoyo en el artículos 22 del citado Acuerdo General 21/2020, en relación con los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, ante la situación de emergencia generada por el virus SARS-CoV2, en la medida de lo posible, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de "juicio en línea"; para ese efecto, mediante la utilización de la firma electrónica vigente, desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal las partes previamente deberán solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que se emitan en este juicio. -MEDIO ELECTRÓNICO DE CONTACTO- Asimismo, con apoyo en el invocado precepto del Acuerdo General plenario, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que el personal de este juzgado, de ser necesario para los fines del presente juicio, establezca contacto con ellas. -GENERACIÓN DE CITAS- En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a las partes que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gpb.mx/ServiciosJusrisdiccionales. -CAUSAS DE IMPROCEDENCIA- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de ..., que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -PRUEBAS- En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En ese sentido, en cuanto a la solicitud del promovente, respecto a requerir a la responsable a efecto de que remita la copia de la audiencia de trece de octubre de dos mil veinte y el expediente laboral... de su índice; dígasele que se reserva a acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe con justificación. ..... Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, al tercero interesado en su carácter de autoridad, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante lista a las demás partes

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano