Ma. de Jesús Lugarel Sánchez
Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2023
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Lugarel Sánchez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe comunicado 23960. Téngase por recibido el oficio signado por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento al fallo protector, remite copias debidamente certificadas de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de doce de julio de dos mil veintitrés del expediente laboral 468/2014. Se recibe comunicado 23961. Téngase por recibido el oficio signado por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento al fallo protector, remite copias debidamente certificadas entre otras de las notificaciones realizadas a las partes respecto del auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, en el que deja insubsistente el proveído de tres de abril de los cursantes. Requerimiento. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que quede debidamente notificado del presente acuerdo, acredite haber dado cumplimiento con la ejecutoria dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, resuelva el incidente de liquidación promovido por la parte actora, señale nueva fecha para la reinstalación laboral de la peticionaria de amparo y realice las gestiones necesarias a efecto de que la parte demandada cumpla íntegramente con lo condenado en el laudo emitido, para lo cual podrá aplicar los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución total del laudo dictado veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral ordinario 468/2014." Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese.
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Envío de recurso. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que se encuentra debidamente integrado el expediente en que se actúa para remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, como se ordenó por proveído de once de julio de dos mil veintitrés, remítanse en las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, así como los originales de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno de esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. Andrea C.
- Principal
. Tepic, Nayarit, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, específicamente el inciso b, se desprende que mediante auto de nueve de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Tecuala, Nayarit, a través del cual remitió las constancias relativas al juicio 71/2023 de su índice, de las cuales revisadas en su integridad se observa que se hace mención a diversos juicios número 46/2020, 27/2018, 123/2018, 398/2022, dentro de los cuales hacen referencia a que Julián Tirado Acosta es parte; además de que se señala al aquí quejoso como presunto incapaz y/o discapacitado, sin embargo no obran constancias en el presente juicio de amparo que acrediten dicha circunstancia, resultando ser necesarias dada la naturaleza del presente asunto con la finalidad de tener certeza de su condición. Requerimiento de constancias. En esas condiciones, de conformidad con lo previsto por el arábigo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia de Tecuala, Nayarit, para que dentro del lapso de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el presente oficio, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de las constancias relativas a acreditar que Julián Tirado Acosta de una persona incapaz, toda vez que las mismas resultan necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. Ello, porque en su carácter de autoridad responsable tiene la obligación de remitir las constancias que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de omisión dentro del término indicado, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Diferimiento y audiencia constitucional. Por tal motivo, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Alegatos. En ese orden, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Jaime Hernández Aguirre promoviendo en su calidad de representante especial de la persona incapaz Julián Tirado Acosta quejosa y en atención a su contenido, con apoyo en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas al momento de verificarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. VALH/RGM
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