Ma. de Jesús García Lobato
Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de Jesús García Lobato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/2993/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Igualmente, se le tiene remitiendo como complemento a su informe de ley, copia certificada de algunas constancias del juicio laboral número ********************/2022, que adjunta; por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Del mismo modo, informa que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, no existe diverso amparo promovido por la parte quejosa o alguna otra persona. Ahora bien, del análisis de las constancias que remite la Junta responsable, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La dilación por parte de la autoridad responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que, fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número ********************/2022, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que, la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN, no obstante de que, la audiencia de Conciliación fue llevada a cabo el día 10 diez de marzo del año en curso y, hasta la fecha no se advierte que se haya señalado fecha para la continuación del presente juicio, constituyendo así el acto reclamado, puesto que han transcurrido ya más de 3 meses en los cuales el expediente de origen se encuentra paralizado por tal omisión..." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en copias certificadas de algunas constancias del juicio laboral expediente ********************/2022, misma que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del juicio laboral ********************/2022, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; no obstante, también lo es que la responsable acompaño a su informe de laye copia certificada del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se citó a las partes en el controvertido de origen para llevar acabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a las nueve horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala:
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/2993/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Igualmente, se le tiene remitiendo como complemento a su informe de ley, copia certificada de algunas constancias del juicio laboral número ********************/2022, que adjunta; por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Del mismo modo, informa que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, no existe diverso amparo promovido por la parte quejosa o alguna otra persona. Ahora bien, del análisis de las constancias que remite la Junta responsable, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La dilación por parte de la autoridad responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que, fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número ********************/2022, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que, la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN, no obstante de que, la audiencia de Conciliación fue llevada a cabo el día 10 diez de marzo del año en curso y, hasta la fecha no se advierte que se haya señalado fecha para la continuación del presente juicio, constituyendo así el acto reclamado, puesto que han transcurrido ya más de 3 meses en los cuales el expediente de origen se encuentra paralizado por tal omisión..." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en copias certificadas de algunas constancias del juicio laboral expediente ********************/2022, misma que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del juicio laboral ********************/2022, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; no obstante, también lo es que la responsable acompaño a su informe de laye copia certificada del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se citó a las partes en el controvertido de origen para llevar acabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a las nueve horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; lo anterior, con motivo de que dicha autoridad, se encontraba gozando de su primer periodo vacacional del año dos mil veintitrés, comprendido del diecisiete al veintiocho de julio del año en curso, reanudando sus labores el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, según se desprende del cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional; lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y lo expuesto en la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 199531, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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