Ma. de Jesús Fuentes Cervantes

Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Fuentes Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de cuenta que promueve ********************, por propio derecho, en el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia en Ecatepec de Morelos, Estado de México. ACTO RECLAMADO El auto dictado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el cual se tuvo por no emplazada a la parte demandada. REGISTRO DE DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 825/2023-I. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. DESECHAMIENTO Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, como la vida o la libertad, siempre y cuando y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, ese acto además, produzca efectos de imposible reparación, es decir que la afectación sea actual, ya que cuando ésta depende del resultado del juicio, el amparo tampoco será procedente. El caso concreto no encuadra en el supuesto relatado con anterioridad, en virtud de que, el quejoso reclama lo siguiente: El auto dictado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el cual se tuvo por no emplazada a la parte demandada. En efecto, dicho auto, no constituyen actos de imposible reparación, porque los efectos que producen no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Lo anterior, ya que de lo manifestado por el propio promovente en su demanda de amparo, se advierte que en el proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, únicamente hace de conocimiento que no se tuvo por emplazado al demandado, toda vez que el exhorto que se remitió para tal efecto no se diligencio en términos de ley. En consecuencia, se estima que el proveído del cual la quejosa se adolece, no contiene una determinación de imposible reparación, pues el acto reclamado consiste en el proveído en el cual la autoridad responsable declaró que no se tuvo por emplazada a la parte demanda, el cual tiene efectos que sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos, sin que necesariamente trascienda al momento de dictarse la resolución que se pronuncie en el procedimiento, pues, no afecta, ni es impedimento para que la autoridad responsable dicte una resolución favorable a los intereses de quien lo promueve. Aunado a que, la diligencia de emplazamiento es un acto mediante el cual se llama a juicio a la contraparte del actor para hacerle del conocimiento que se inició un procedimiento en su contra, por lo que el referido emplazamiento, no puede afectar derechos sustantivos de quien promueve el juicio, pues es un acto tendiente a proteger la presencia de las partes en el proceso. Así, el acto reclamado no implica afectación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, por el contrario, únicamente representa la notificación al demandado del inicio de un procedimiento, la cual como ya se dijo no afecta materialmente derechos sustantivos de la misma, toda vez que es necesaria la presencia del demandado al juicio de origen para defender lo que a sus intereses corresponda. Ello es así, toda vez que el acto reclamado se refiere a cuestiones meramente intraprocesales, pues en dicho proveído la responsable acordó lo relativo a la diligenciación de una comunicación oficial en la cual se ordenó subsanar el emplazamiento a la parte demandada. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Ahora bien, sin que pase inadvertido para este órgano que en el capítulo de conceptos de violación, la quejosa expresó lo siguiente: "Motivos los cuales, llevan a concluir que ante unos conceptos de violación fundados y suficientes como en el caso lo procedente es conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado para el efecto de que me sean restituidos al quejoso su derecho de Audiencia dentro del Juicio Ordinario civil número ********************, Terminación de Contrato Verbal de Comodato seguido ante el JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ya que el suscrito nunca fui debidamente notificado al citado juicio, razón por la cual debí ser llamado a juicio a fin de deducir mis derechos, lo cual se traduce en una franca contravención a las garantías de audiencia, debido proceso legal y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (sic). Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de veintidós de junio del presente año, lo que se corrobora con el capítulo de hechos, lo cual no guarda relación con las manifestaciones que se transcribe en el párrafo que antecede; aunado a que, la quejosa en el cuerpo de la demanda no realiza diversa manifestación a efecto reforzar o pretender que este juzgado analice lo señalado con antelación, de ahí que, este juzgado no realiza mayor pronunciamiento al respecto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que la quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, dada la trascendencia del presente auto, notifíquese por única ocasión el contenido del presente proveído de manera personal, en razón de ello, comisiónese al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio de la quejosa ubicado en ******************** y previo cercioramiento de que es la persona buscada, le notifique el presente proveído. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que mencionó se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo siempre y cuando en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de trece de julio de dos mil veintitrés y por esta vía se notifica a la quejosa Ma. de Jesús Fuentes Cervantes el acuerdo de siete de julio del año dos mil veintitrés, el cual, en lo que interesa, señala: (.) En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, (.) En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. (.).

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