Ma de Jesús Castellanos Nicanor
Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma de Jesús Castellanos Nicanor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por cuerda separada el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción de dicho incidente con un plazo de tres años, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en definitiva. Devolución de documentos Finalmente, no se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 466/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de agotar todas las medidas de apremio para hacer valer sus resoluciones. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veinte de abril del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. La autoridad responsable antes citada, al rendir su respectivo informe previo acepto la existencia de los actos que se les reclaman. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, es conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables, conforme a lo dispuesto en el artículo 1472 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados estos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. A criterio del suscrito, debe negarse la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados en atención a que los actos reclamados en este juicio son de naturaleza omisiva, respecto de los cuales la medida suspensiva resulta improcedente. Considerar lo contrario, es decir, de conceder la suspensión solicitada, se podría dejar sin materia este asunto, aunado a que dotaría de efectos restitutorios que son propios de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, en términos del diverso precepto 77 de la legislación en cita, pues implicaría darle un alcance indebido, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la suspensión, incluso sustituyéndola en la toma de medidas para lograr el acatamiento del laudo, cuestión que sólo puede ser propia del fondo del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.T. J/3 L (11a.)4 , sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUDO. Hechos: La parte quejosa recurrente reclamó la omisión de las autoridades responsables en el juicio de amparo, de dar cumplimiento y total ejecución a un laudo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional o definitiva, si el acto reclamado es la omisión o negativa de dar cumplimiento y total ejecución a un laudo. Justificación: Ello es así, ya que en términos de los artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 de la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios que la ejecución del acto le pudiera ocasionar; por lo que su materia la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo, siendo que, por regla general, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que otorgue al quejoso la protección solicitada; empero, por excepción, se puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado, hasta tanto se emita la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Acorde con ello, se concluye que en aquellos casos en los que el acto reclamado consista en la omisión o negativa de dar cumplimiento y total ejecución a un laudo, opera la regla general, pues éste no puede ser objeto de suspensión, en virtud de su naturaleza, al tratarse de un acto negativo en que presumiblemente la responsable se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del particular, ya que de concederse la medida cautelar definitiva en este supuesto, se le darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, en términos del diverso precepto 77 de la legislación en cita, pues implicaría darle un alcance indebido, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la suspensión, incluso sustituyéndola en la toma de medidas para lograr el acatamiento del laudo, cuestión que sólo puede ser propia del fondo del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas, tratándose de la suspensión provisional". Igualmente, se estima aplicable la tesis XXI.2o.11 K5 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito cuyo rubro y texto enseguida se transcriben: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por último, sirve de apoyo la tesis I.6o.T.3 K (10a.)6, sustentada por Sexto Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, cuyo rubro y texto cita: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ma. de Jesús Castellanos Nicanor, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 466/2023, promovido por Ma. de Jesús Castellanos Nicanor contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ma. de Jesús Castellanos Nicanor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos."La omisión de emitir auto de ejecución, y agotar todas las medidas de apremio para hacer valer sus determinaciones, lo cual fue solicitado mediante escrito de siete de marzo de dos mil veintitrés." SEGUNDO. El diez de abril de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa una vez realizada el veinte de abril siguiente, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 466/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar el escrito de siete de marzo del año en curso, en ejecución de laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el siete de marzo del año en curso, registrado con el folio 001269, y el catorce de abril de dos mil veintitrés, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral ********************. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar el escrito que presentó el siete de marzo de dos mil veintitrés, donde pide ejecución de laudo, en los autos del juicio laboral ********************; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su escrito, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Más aún que, la parte quejosa no se inconformó con la determinación emitida por la autoridad responsable al dar respuesta a su petición, pues al tratarse de un proveído dictado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance el medio de impugnación que provee la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de actos en etapa de ejecución de laudo. Aunado al hecho que el procedimiento de ejecución de laudo, no es oficioso, pues en términos del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, requiere de impulso procesal por parte de quien obtuvo laudo a su favor. Lo que genera que, cada vez que resulte necesario deberá instar a la autoridad responsable la prosecución de la etapa de ejecución. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el veintinueve de marzo de la anualidad, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintitrés, registrado con el folio 001269, y el catorce de abril siguiente, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral ********************. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, el escrito con anexos signado por ********************, en su carácter de Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual solicita se deje sin efectos la designación realizada previamente de ******************** como encargado de despacho de dicha secretaría y se le tenga a ella con el carácter que ostenta, asimismo, solicita se revoque el acceso al expediente electrónico otorgado al entonces secretario técnico, pidiendo ahora se le otorgue el acceso al expediente electrónico a los usuarios que propone; al respecto, como lo solicita se le reconoce la personalidad de Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública. Asimismo, se ordena eliminar el acceso al expediente electrónico respecto de las cuentas autorizadas anteriormente. Y, por otra parte, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando las cuentas se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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