Ma. de Jesús Aza Hernández
Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Aza Hernández
- Ma. de Jesús Aza Hernández y Otros.
- Hernán Hernández Aza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
gréguese el oficio signado por el Jefe de Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia de Distribución Bajío de Comisión Federal de Electricidad, en atención a su contenido, téngase rendido el informe previo que le corresponde, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo y dese vista a las partes, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como sus delegados a quienes indica. De igual manera, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuario "********************" acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. Se autoriza el uso de medios electrónicos para tomar impresiones fotográficas de las actuaciones que obren en el presente juicio de amparo hasta su conclusión. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las actuaciones que obren en el presente expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables solicitados en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés en el que se admitió la ampliación a la demanda, ni acuses de recibo de los que se advierta que hayan sido legalmente notificadas para tal efecto.En ese sentido, no se reúnen las condiciones necesarias para celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan las once horas del ocho de diciembre de dos mil veintitrés para su verificativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos Ma. De Je********************y ********************, mediante el cual promueven ampliación de su demanda; previo a proveer tal solicitud, resulta necesario advertir el estado que guardan los presentes autos. Actuaciones en el juicio. 1. Ma. De Je********************y ******************** presentaron su demanda de amparo el veinte de septiembre pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en esta ciudad; que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado el mismo día. 2. El veintiuno de septiembre pasado, este órgano jurisdiccional admitió a trámite dicha demanda y ordenó abrir el incidente de suspensión solicitado. 3. En su demanda los quejosos reclamaron la omisión de Comisión Federal de Electricidad de pronunciarse sobre el escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que los quejosos reclamaron la indemnización por la muerte de su familiar ********************, radicada con el expediente ********************. 4. Por cuerda separada se resolvió la medida cautelar respecto de los actos descritos. De lo anterior, se obtiene que los quejosos promueven el presente juicio con la finalidad de que las autoridades responsables emitan la resolución correspondiente al expediente ******************** en el procedimiento de reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial. Requisitos para la procedencia de una ampliación de demanda. La ampliación de la demanda es en principio una figura jurídica establecida en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Tal figura constituye un derecho para incorporar al juicio ya iniciado: autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados. El ejercicio de ese derecho está supeditado a los siguientes requisitos de procedencia: a) No se haya cerrado o integrado la litis. b) Los nuevos actos tengan relación con los originalmente reclamados, o bien, que al rendirse el informe justificado, de éste se advierta alguna relación con los actos primigenios o que tengan intervención otras autoridades. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Enero de 2004, página 1339, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." El aspecto sustantivo de dicha figura procesal, se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectivo, y por tanto, su procedencia en amparo indirecto debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen un juicio; siempre que ésta se presente dentro de los plazos que establecen el artículo 17, de la Ley de Amparo a partir del conocimiento del acto, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional Es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Objeto de la ampliación de demanda solicitada. En su escrito los quejosos promueven ampliación de demanda para efecto de señalar una nueva autoridad como responsable, pues añade como tal al Jefe del Departamento Divisional de Asuntos Jurídicos, de la División de Distribución Bajío, CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, también se amplían los actos reclamados de la demanda de amparo, pues se reclama la omisión de resolver a cerca del procedimiento reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial respecto de la indemnización correspondiente por la muerte de ******************** y no solo por la omisión de acordar lo conducente respecto a dicha reclamación de indemnización. Determinación. Para la procedencia de la ampliación de demanda deben acreditarse indistintamente dos supuestos: que no se haya cerrado o integrado la litis o que los nuevos actos tengan relación con los originalmente reclamados, o bien, que al rendirse el informe justificado, de éste se advierta alguna relación con los actos primigenios o que tengan intervención otras autoridades, lo que en el caso ocurre. Por tanto, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo se admite la ampliación de demanda respecto de la autoridad responsable que señala en el escrito de cuenta, así como del acto que reclama ateniente a la omisión de resolver a cerca del procedimiento reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial respecto de la indemnización correspondiente por la muerte de ******************** con número de expediente ********************. En ese sentido, se les solicita a las autoridades responsables señaladas como responsables, su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación del presente proveído, al que deberán acompañar copia certificada, completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida de que de no hacerlo, se entenderá que su actuación es de mala fe y, en consecuencia, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces la unidad diaria de medidas y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En caso de que hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, apercibidas de que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado con la presente determinación, así como la intervención que legalmente le corresponde en este juicio. Sin necesidad de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que subsiste la señalada en los autos para su verificativo es decir, las once horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase admitida y desahogada las pruebas documentales que ofrecen y obran en autos. Finalmente, se proveerá lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, pues se solicitó la suspensión de los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa.
- Incidental
Visto lo de cuenta, agréguese la copia certificada del escrito que obra en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, signado por los quejosos ********************y ********************, mediante el cual amplía su demanda de amparo. En atención a que dicha ampliación fue admitida en todos sus términos, se provee respecto de lo ampliado. Informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables el informe previo que les corresponde, el cual deberán rendirlo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído, apercibidas con que de no hacerlo, se establecerá la presunción de certeza de los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo. Apercibidas con que de no rendir su informe de ley en el término fijado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. Se autoriza a las responsables para que envíen su informe previo al correo electrónico 9jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Notificaciones a las autoridades responsables. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el trascurso de la presente incidencia, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la ampliación a la demanda se advierte que los quejosos reclaman la omisión de resolver a cerca del procedimiento de reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial respecto de la indemnización correspondiente por la muerte de ******************** con número de expediente ********************. Naturaleza jurídica de la suspensión La suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen. La naturaleza de la suspensión es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad mientras se resuelve el amparo. Su objeto es mantener viva la materia del amparo, para que el acto no se consume de manera irreparable y, por tanto, se haga ilusoria la eventual protección constitucional. Requisitos normativos de la suspensión a petición de parte. Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben concurrir para que surja la obligación jurisdiccional de concederla, las cuales se prevén en el artículo 138 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte agraviada. Implica en su rasgo genérico que el acto reclamado por su naturaleza jurídica sea susceptible de suspenderse y que el peticionario de la medida tenga interés jurídico o demuestre de manera indiciaria que le asiste el derecho que alega lesionado. b) Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Que se pondere entre el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, que con la suspensión se podrían generar frente a los daños y perjuicios se le pudieran causar a la quejosa de no concederla. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 315 del tomo XXX, diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165659, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Así, el juez verificará si con el otorgamiento de la suspensión se actualizaría alguna de las hipótesis previstas por el legislador o en casos específicos, le corresponde estimar desde una noción general de orden público e interés social, si al conceder la medida pudiera existir una afectación en ese sentido, en cuyo caso es procedente negar la suspensión; o bien, si los daños y perjuicios que se pudieran causar a la quejosa por la ausencia de la medida cautelar son más gravosos que los que pudiera resentir la sociedad de no concederla, para lo cual se establecerá una garantía con la que el quejoso deberá asegurar los daños y perjuicios que cause la medida de no asistirle la razón en el juicio de amparo. El primer requisito impone a la parte quejosa la obligación de demostrar su interés en forma presuntiva, es decir, le corresponde la carga procesal para allegar elementos de prueba suficientes que permitan establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular del derecho sobre el cual alega una afectación. El vocablo de manera indiciaria, implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Resolución de la suspensión En el particular, previo a realizar el análisis de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, es necesario verificar si la naturaleza del acto admite el otorgamiento de la medida cautelar en el amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la especie, los quejosos reclaman la omisión de las autoridades responsables de resolver el procedimiento de reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial respecto de la indemnización correspondiente por la muerte de ******************** con número de expediente ********************. Establecido lo anterior, con apoyo en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, se niega a los quejosos la suspensión provisional solicitada, ya que de lo contrario se le darían efectos restitutorios definitivos, lo que es propio de la sentencia de fondo materia del presente juicio; pues conceder la medida implicaría que la autoridad responsable emitiera un pronunciamiento definitivo respecto del procedimiento de indemnización solicitada, de ahí que no se trataría de un pronunciamiento provisional o transitorio, sino definitivo, de ahí la improcedencia de la medida suspensional. Al respecto, será en el juicio principal del que deriva este incidente donde se estudiará la constitucionalidad del acto reclamado y, en su caso se restituirá de manera definitiva a los quejosos en el goce de los derechos que aducen vulnerados. Prueba De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, admítase la documental exhibida junto a la demanda, sin perjuicio de relacionarla con posterioridad. Audiencia incidental. A fin de dictar una sola resolución definitiva respecto de los actos reclamados en la demanda de amparo y en la ampliación a la misma, se difiere anticipadamente la audiencia incidental señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre del dos mil veintitrés; y, en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Cabe mencionar que la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional obedece que una de las autoridades señaladas como responsables reside en Guanajuato, capital.
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