Ma. Cristina Valdez Rodríguez
Expediente 384/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 14/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Ma. Cristina Valdez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, remite: a) el testimonio de la resolución pronunciada en el expediente de inconformidad administrativa ...; y b) el expediente 384/2016-I del índice de este Juzgado. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es INFUNDADA la inconformidad planteada. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto recurrido. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y vuelvan los autos al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El expediente principal como ya se dijo en auto de trece de junio de dos mil diecisiete, es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el quince de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad, es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el quince de enero de dos mil dieciocho; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Finalmente, como se advierte de la certificación de cuenta; se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(I)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 7292/2017 de cuenta, por medio del cual el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el recurso de inconformidad administrativo 7/2017 del índice de dicho órgano colegiado, en el cual, se acusa recibo del oficio 20876/2017, mediante el que se remitió el juicio de amparo 384/2016-I, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto contra el auto dictado el trece de junio de dos mil diecisiete. I
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene al autorizado de la parte quejosa Ma. Cristina Valdez Rodríguez, interponiendo recurso de inconformidad contra el auto dictado el trece de junio de dos mil diecisiete en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en el presente juicio de amparo. Por ende, atendiendo lo dispuesto por el artículo 201 fracción I, de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno con residencia en esta ciudad, de conformidad con el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.(I)
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis por este juzgado (fojas 115-137), se concedió el amparo para los siguientes efectos: Al advertirse que el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta inconstitucional, lo que se impone es desincorporarlo de la esfera jurídica de la quejosa, así como para que no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto tenga vigencia. Que la autoridad responsable denominada Subdelegado Estatal Prestaciones en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deje insubsistente el oficio PSEH/P/0782/2016, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en el que le informa a Ma. Cristina Valdez Rodríguez, que no tiene derecho a recibir una pensión como esposa de Herrera Daza Manuel por estar desempeñando un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Dicte uno nuevo en el que sin aplicar el dispositivo considerado contrario al Texto Supremo, resuelva la petición que formuló la aquí quejosa, observando en todo momento las disposiciones previstas en los artículos 1°, fracción I, 3°, fracción VIII, 5°, fracción V, 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV, 21 fracciones III y V, 42, fracción II, 48, 73, 74, 75 y 76, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como del propio reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la precitada ley, en todo aquello que no es materia de la declaración de inconstitucionalidad del numeral precisado en el inciso a). Inconforme con dicha resolución, mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al Director General de Amparos contra Leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, interponiendo recurso de revisión (foja 168), del que por razón de turno correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de doce de mayo del presente año, en el amparo en revisión administrativo 412/2016, en el que se confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió a las autoridades responsables, su cumplimiento (fojas 193-194). Por oficio recibido en este Juzgado, el dos de junio de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Jurídica y apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió constancias con las que acreditó su dicho, respecto de las cuales se dio vista a la quejosa (fojas 203 a 208). De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio PSEH/P/0782/2016, de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en el que le informa a Ma. Cristina Valdez Rodríguez, que no tiene derecho a recibir una pensión como esposa de Herrera Daza Manuel por estar desempeñando un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en la misma resolución identificada con el oficio PSEH/P/3312/2017 de treinta de mayo de dos mil diecisiete, el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la Delegación Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictó nuevo acto en el que sin aplicar el dispositivo considerado contrario al Texto Supremo, resolvió la petición que formuló la aquí quejosa, observando en todo momento las disposiciones previstas en los artículos 1°, fracción I, 3°, fracción VIII, 5°, fracción V, 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV, 21 fracciones III y V, 42, fracción II, 48, 73, 74, 75 y 76, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como del propio reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la precitada ley. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que este juzgado se reservó acordar lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa el siete de junio del año en curso, dígasele que sus argumentos son insuficientes para arribar a una conclusión distinta, en razón de que la responsable emitió una respuesta atento a los lineamientos de la ejecutoria y si en el caso particular, volvió a negar la pensión atendiendo a una razón diversa a la originalmente indicada, debe ser motivo de análisis en otra instancia y no en el presente juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el quince de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el catorce de diciembre de dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(IV)
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