Ma. Cristina Sánchez Moreno

Expediente 1838/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1838/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2016

Partes del expediente

  • Ma. Cristina Sánchez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio con anexo, suscrito por el la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 202/2015, interpuesto por Ma. Cristina Sánchez Moreno, concluyendo con el punto resolutivo que del tenor siguiente: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el presente recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 202/2015. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de revisión y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el cual informa que de acuerdo a las dificultades financieras del municipio, le impide cumplir con el pago requerido, debido a que se ha agotado el recurso con que cuenta ese Ayuntamiento, además de que ante la terminación del periodo de administración municipal que corre, ya no se están entregando los fondos y recursos municipales suficientes, solicitando un plazo razonable para dar cumplimiento en atención que se encuentra realizando actos necesarios y para acreditar lo anterior, remite copia certificada de lo siguiente: Oficio SH/02012-2/2015, de fecha siete de octubre del año en curso, expedido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual informó a la Presidenta y Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que no es posible dar trámite favorable, toda vez que no se cuenta con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo del Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, celebrada el veintiuno de septiembre del año en curso, por la cual como resultado de la votación la Presidenta Municipal declaró aprobado por unanimidad de votos la modificación al presupuesto de egresos para asignar una partida presupuestal para el pago de ISABIS de acuerdo a los procedimientos juzgados por la diferentes instancias judiciales. Oficio PM/214/9-2015 de fecha treinta de septiembre del año en curso, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por el cual solicitó respaldo económico con recursos extraordinarios debido al estado que guarda la administración municipal; y en contestación al referido oficio la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informó entre otras cosas que lo que respectaba a la solicitud de aportación extraordinaria de recursos no era posible dar trámite favorable a su solicitud toda vez que no se contaba con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Por consiguiente, toda vez que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Danira Santana Barrera, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, reintegre a la quejosa la cantidad faltante de $1,518.29 (trece mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, cantidad que se encuentra debidamente actualizada, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, y del Ayuntamiento por conducto de los integrantes del Cabildo, por el cual informa que giró oficio a la Tesorera Municipal Danira Santana Barrera para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realizara el pago por la cantidad que fue condenado el Ayuntamiento, anexando la constancia para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y toda vez que para este juzgado, es un hecho notorio que en el juicio de amparo 132/2015-IV del índice de este juzgado, se advierte que fungen como Presidenta Municipal (OLGA CASTILLO MONTESINOS), calidad que acreditó con copia de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce y Tesorera Municipal (DANIRA SANTANA BARRERA), ambas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por lo tanto se procede a resolver lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a EVANGELINA GARDUÑO MARTÍNEZ, respecto a los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación de los artículos 94 bis a 94 bis 12, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; 13 y 14 de la Ley general de Ingresos para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos para el ejercicio fiscal 2013, y 77, fracción II, 59 a 64 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de las cantidades de $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y su adicional $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); así como $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y su adicional $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en aplicación de las normas reclamadas que aquí se precisan, que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, así como Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, respectivamente.." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de las autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos) en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/07/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de octubre de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza da fe..

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha actual el Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta) y superiores jerárquicos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificados del requerimiento de diez de septiembre del año en curso, ocasionando un retraso en la impartición de justicia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta), para que dentro del término de DÍEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, devuelva a la parte quejosa, la suma que ampara el aviso recibo 297 101 139 401, por la cantidad de $2,627.75 (dos mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 moneda nacional), relativa al derecho por servicio de prestación de alumbrado público, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se hará efectiva la multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se devuelva a la parte quejosa, la suma que ampara el citado aviso recibo, por la cantidad de $2,627.75 (dos mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 moneda nacional), relativa al derecho por servicio de prestación de alumbrado público. Respecto a la actualización de la devolución de la contribución pagada, conviene citar al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Devolución que correrá a cargo de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. En su esencia, tiene aplicación la Tesis Aislada, establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 353, Tomo XII, Diciembre de 1993; Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que enseguida se transcribe: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." También cobra aplicación la jurisprudencia 178, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento de no hacerlo así se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (Jesús González Otero), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos; para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumplan con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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