Ma. Cristina Ramos Flores

Expediente 857/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
857/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Ma. Cristina Ramos Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído emitido en este juicio el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, debido a que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito de demanda documentos que por sus características deben ser devuelto, por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos que adjuntó a su ocurso de demanda para que se realice el cotejo y devolución del original. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído emitido en este juicio el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, debido a que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito de demanda documentos que por sus características deben ser devuelto, por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos que adjuntó a su ocurso de demanda para que se realice el cotejo y devolución del original. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en el proveído de mérito, por lo que, se continua la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualización de causa de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y anexos que acompañaron a los mismos, se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del (i) Presidente Municipal de San Luis Potosí y (ii) Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí: La omisión en dar contestación a la petición recibida el uno de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, respecto a dicha omisión, la suscrita considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la impetrante del amparo reclama del (i) Presidente Municipal de San Luis Potosí y (ii) Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la omisión en dar contestación a la petición recibida el uno de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en representación del Presidente Municipal de San Luis Potosí, al rendir su informe de ley, acompañó copia certificada del oficio ********************, mediante el cual dio contestación a la petición elevada por el quejoso el uno de junio del presente año, así como de su notificación practicada a la quejosa el tres de julio del año que transcurre. Por su parte, el Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al rendir su informe de ley, allegó copia certificada del oficio ********************, mediante el cual atendió petición cuya falta de atención reclama la quejosa en este juicio, así como de la notificación respectiva. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, lo que origina que han cesado los efectos de las mismas, porque con la emisión de las determinaciones respectivas, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicho acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente, ante el hecho de que las responsables dieron contestación a la petición de la quejosa, haciéndole de conocimiento las mismas, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se soslaya el contenido de las jurisprudencias 1a./J.136/2011 y VI.1o.A. J/48, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ambas de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la ley de la materia, cuyos rubros establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.". "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.". Lo anterior en virtud de que como se advierte de la certificación de cuenta, mediante proveído de seis de julio del año en curso, se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que haya realizado manifestación alguna. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en el proveído de mérito, por lo que, se continua la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualización de causa de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y anexos que acompañaron a los mismos, se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del (i) Presidente Municipal de San Luis Potosí y (ii) Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí: La omisión en dar contestación a la petición recibida el uno de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, respecto a dicha omisión, la suscrita considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la impetrante del amparo reclama del (i) Presidente Municipal de San Luis Potosí y (ii) Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la omisión en dar contestación a la petición recibida el uno de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en representación del Presidente Municipal de San Luis Potosí, al rendir su informe de ley, acompañó copia certificada del oficio ********************, mediante el cual dio contestación a la petición elevada por el quejoso el uno de junio del presente año, así como de su notificación practicada a la quejosa el tres de julio del año que transcurre. Por su parte, el Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al rendir su informe de ley, allegó copia certificada del oficio ********************, mediante el cual atendió petición cuya falta de atención reclama la quejosa en este juicio, así como de la notificación respectiva. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, lo que origina que han cesado los efectos de las mismas, porque con la emisión de las determinaciones respectivas, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicho acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente, ante el hecho de que las responsables dieron contestación a la petición de la quejosa, haciéndole de conocimiento las mismas, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se soslaya el contenido de las jurisprudencias 1a./J.136/2011 y VI.1o.A. J/48, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ambas de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la ley de la materia, cuyos rubros establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.". "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.". Lo anterior en virtud de que como se advierte de la certificación de cuenta, mediante proveído de seis de julio del año en curso, se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que haya realizado manifestación alguna. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

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