MA. CRISTINA ITURRALDE MENDOZA y Otros.

Expediente 138/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • MA. CRISTINA ITURRALDE MENDOZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente de la Subdirección de Garantías "B" de la Tesorería de la Federación, por el que acusa de recibo los billetes de depósitos diversos ******************** y comunica que fueron aplicados en favor del erario federal. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que, por auto de auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se dejó a disposición de la parte quejosa los billetes de depósito números ***, dicho proveído fue notificado el quince de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, se desprende que han transcurrido dos años para que, a las quejosas ***, acudiera ante este órgano jurisdiccional a recoger los billetes de depósito números ***, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de d dos mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional cada uno, exhibido para garantizar los efectos de la suspensión definitiva respectivamente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, y en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declaran prescritos dichos billetes de depósito a favor del Erario Federal, por tal motivo remítanse debidamente endosados, a la Tesorería de la Federación, con sede en Ciudad de México, para su efectividad; solicitando acuse de recibo.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia, y el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, en relación a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, para los siguientes efectos: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos que se señalan en el penúltimo y último considerando de esta sentencia (foja 29 frente y vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SEXTO. ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA. Al resultar fundados los conceptos de violación examinados, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente los citatorios que se reclaman, y en caso de que aún estime necesaria la comparecencia de las quejosos, emita unos nuevos, en el entendido de que deberá subsanar los vicios formales detectados; a saber, precisar quién o quiénes son la parte ofendida, cuáles son los hechos que se investigan, precisando la medida de apremio que se pretenda impone, exponiendo los argumentos que justifiquen ese actuar, o bien, deberá fundar y motivar adecuadamente el por qué no es posible incluir dicha información en la citación (foja 28 vuelta y 29 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, requiriendo en dicha fecha a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento a la misma. En atención a lo anterior la citada autoridad remitió el oficio registrado con el número 3630 (foja 47), del que se advierte que en fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, dejó insubsistentes los citatorios enviados a las quejosas ***, sin que se hayan girado nuevos citatorios a las nombradas quejosas. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional estima que la agente del ministerio público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con residencia en Cortazar, Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, toda vez que dejó insubsistentes los citatorios enviados a las quejosas ***, sin que se hayan girado nuevos citatorios a las mencionadas quejosas; por tanto conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009, en cita se ordena desincorporar y destruir el duplicado del Incidente de Suspensión formado, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a partir de la fecha en que físicamente se ingrese al archivo de este Juzgado Federal. Toda vez que de autos se advierte que las quejosas ***, exhibieron billetes de depósito números ***, cada uno por la cantidad de*** expedidos a su favor respectivamente, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; por tanto, toda vez que se les concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se hace del conocimiento de las mencionadas quejosas que los referidos billetes de depósito se encuentran a su disposición, para que si consideran oportuna su devolución, acudan ante este Juzgado Federal debidamente identificadas con credencial oficial vigente con fotografía en días viernes, en virtud de que se ha determinado como único día en que se hará entrega de billetes de depósito. En la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de dos años computados a partir de que sean legalmente notificadas del presente proveído, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal según lo establece el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, el cual establece: Artículo 50.- Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el párrafo anterior, el plazo de prescripción será de tres años contado a partir de la fecha en que se recibió el depósito por la Tesorería. El término de prescripción a que se refiere este artículo se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que, mediante escrito, lleve a cabo el depositante o sus legítimos beneficiarios, y se suspenderá a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta que se resuelvan en definitiva. La Tesorería podrá declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya y disponer su aplicación al erario federal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. Previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  4. Principal

    INFORME DE CUMPLIMIENTO. Por recibido el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, sin remitir constancias por las razones que expone. Por tanto, previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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