Ma. Cristina Alarcón Adame
Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Cristina Alarcón Adame y Otros.
- Ma. Cristina Alarcón Adame
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil ********************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesta por la recurrente ********************". En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que se desechó la demanda instaurada. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el cual fue registrado con el número de queja civil ******. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ****, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo propuesta. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Presidente de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponde 1331/2022 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6º.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "A).-LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL EXPEDIENTE TOCA CIVIL NUMERO *****, por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que declara improcedente el recurso de reconsideración hecha valer por la suscrita quejosa *******, en contra del acuerdo de once de julio de dos mil veintidós." Como puede advertirse de los anexos del juicio, el acto reclamado lo constituye la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós que declara improcedente el recurso de reclamación en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, en el cual, la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado le negó la admisión de la prueba documental consistente en la copia certificada de la carpeta de investigación número ********, incoada en contra de ****** y otros, toda vez que dicho documento no tuvo el carácter de prueba superveniente, en virtud de que debió haber acompañado dicha copia en su escrito de apelación, ya que de la solicitud de las copias que pidió ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Bravo, se advierte que tiene el carácter de víctima y aunado a que el dictamen en materia de grafoscopia es de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, dicha prueba consistente en el dictamen pericial tuvo oportunidad de ofrecerla antes de la publicación del acuerdo que citó a las partes para oír sentencia definitiva en primera instancia (veintitrés de mayo de dos mil veintidós) y no lo hizo. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia de índole procesal. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en razón de que se trata de un acto emitido dentro de la secuela procesal del expediente relativo al toca civil ******; de manera que solo incide en afectar derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del procedimiento natural y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que, como se dijo, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en los artículos 170 y 171, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales puede combatir, como violación procesal cuando se coarten sus derechos que la ley le otorga. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso, y oportunidad se promueva en contra de la sentencia, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, es evidente que la resolución reclamada de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido en el toca civil ******, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa, no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de dicha parte, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcida al dictarse la sentencia en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamada mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Apoya lo expuesto por las razones que la integra, la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), sustentada por el pleno, publicada con el registro 2013364, en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a Antonio de Jesús Martínez Ángel, Frida Leticia Vela Guevara, Sagrario Rosas Escamilla, Diana Karen Díaz Lejideño Fernanda Escalante Zeferino y Rosi Itzel Reyes García, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
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