Ma. Consuelo Pérez Cruz
Expediente 360/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Consuelo Pérez Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 360/2016-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación al acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rex judicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 344/2016-IV del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: I. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, Ma. Consuelo Pérez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se especifican: -autoridades responsables- Juez Primero Civil de Partido. Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Partido. Acámbaro, Guanajuato. -acto reclamado- "IV.- ACTO RECLAMADO: el que las autoridades antes mencionadas pretendan despojarme de la posesión legitima que la suscrita gozo del inmueble casa habitación ubicado en calle 5 de febrero marcado con el número 7, cuya fracción esta marcada y poseída por la suscrita con el número 3, zona centro de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, esto mediante auto expedido por la Autoridad Ordenadora antes mencionada en fecha 14 de Abril del año 2016 de la cual anexo copia simple, la cual la Autoridad Ejecutora NO HA EJECUTADO AÚN, Esto dentro del expediente civil marcado con el número C-581/2015, radicado en el Juzgado Primero de Partido de Acámbaro, Guanajuato, del cual la suscrita no soy parte en dicho procedimiento." II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado de Distrito, la que mediante auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis se admitió y se registró bajo el número 344/2016-IV; por tanto, dicho juicio se encuentra en trámite. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que se estudia: 1. Igualmente es promovida por Ma. Consuelo Pérez Cruz, por propio derecho. 2. El acto reclamado también se hace consistir en la orden de desposesión del inmueble ubicado en calle 5 de febrero, número 7, fracción 3, zona centro de Acámbaro, Guanajuato, así como su ejecución. 3. Son las mismas autoridades responsables. 4. El referido juicio de amparo 344/2016-IV, se encuentra en trámite, en virtud que a la fecha no se ha celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, como el presente juicio lo promueve la misma quejosa, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, el cual se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Albarran Barajas, al contar con cédula profesional 5610255 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica, por no encontrarse en dicho supuesto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE.
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