Ma. Concepción Ventura Arellano

Expediente 1650/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1650/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Ma. Concepción Ventura Arellano
  • MA. CONCEPCIÓN VENTURA ARELLANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. El suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el (los) informe justificado signado por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, así como las constancias que acompaña. Al respecto, vista la constancia remitidas de la que se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de revisión hecho valer por la quejosa, al que correspondió el expediente 48/2017, mismo que notificó a MARÍA CONCEPCIÓN VENTURA ARELLANO, el día ocho de enero del presente año (foja 19). Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de resolver el recurso de revisión hecho valer contra la negativa del Ayuntamiento Constitucional de Comala, de proporcionar al quejoso la información que le solicitó. En esas condiciones, si el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable resolvió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, y le notificó su contenido el día ocho de enero de dos mil dieciocho; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.59/99, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de febrero próximo.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de 24 enero de 2018, que dice: Agréguese a los autos el (los) informe justificado signado por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, así como las constancias que acompaña. Al respecto, vista la constancia remitidas de la que se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de revisión hecho valer por la quejosa, al que correspondió el expediente 48/2017, mismo que notificó a MARÍA CONCEPCIÓN VENTURA ARELLANO, el día ocho de enero del presente año (foja 19). Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de resolver el recurso de revisión hecho valer contra la negativa del Ayuntamiento Constitucional de Comala, de proporcionar al quejoso la información que le solicitó. En esas condiciones, si el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable resolvió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, y le notificó su contenido el día ocho de enero de dos mil dieciocho; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.59/99, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de febrero próximo.

  4. Principal

    Vistos los presentes autos, puesto que aún no transcurre el término otorgado a la autoridad responsable, y tomando en cuenta que es un hecho público y notorio para el suscrito, que el personal de esa dependencia se encontraba gozando de su periodo vacacional decembrino; por tanto, para dar margen a que se rinda su informe justificado, procede diferir la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

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