Ma Concepcion Rico Soto

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Ma Concepcion Rico Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ... Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero Menor Mixto, con residencia en Salamanca, Guanajuato, con el que acusa recibo del oficio 12311/2021, por el cual se le devolvieron los documentos base de la acción; de lo que se toma conocimientos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, once de agosto de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, para acreditar el cumplimiento que dio al fallo protector; sin que lo haya realizado. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo conducente de acuerdo a las constancias que obran en autos. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, en el ámbito de su competencia y atribuciones, realizara lo siguiente: "- Deje sin efectos la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte y su resolución aclaratoria de veintisiete de agosto siguiente, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, por medio de las cuales se determinó que la quejosa debía cubrir $***, por concepto de costas procesales en favor de la parte actora. a) En su lugar, reitere lo aquí desestimado y, con libertad de jurisdicción, dé respuesta a la totalidad de los argumentos expuestos por la parte quejosa que forman parte de la litis de dicha incidencia, absteniéndose en argumentar que deberá estarse a lo ahí resuelto." Luego, en proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, dicha resolución causó ejecutoria y se requirió a la responsable de su cumplimiento. En ese orden, mediante oficios registrados con los folios 6502/2021 y 6503/2021, cuya recepción se acordó en auto de quince de julio del año en curso, el Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, informó que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Por resolución de nueve de julio en año en curso, dejó sin efectos la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte y su auto aclaratorio de veintisiete de agosto siguiente, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil M-*** de su índice, por medio de las cuales se determinó que la quejosa debía cubrir $***, por concepto de costas procesales en favor de la parte actora, ordenando proceder a dictar una nueva determinación. [oficio con folio 6502/2021]; y Luego, el doce de julio de dos mil veintiuno, dictó una nueva resolución interlocutoria, relativa al incidente de liquidación de costas procesales, promovido por la parte actora, en el juicio de origen, en la que dio respuesta a la totalidad de los argumentos esgrimidos por la -aquí quejosa-, que formaron parte de la litis, al momento de desahogar la vista que le fue dada con motivo la interposición de la referida incidencia. [oficio con folio 6503/2021] De lo anterior, se considera que la autoridad responsable atendió el núcleo esencial del fallo protector, puesto que de manera escrita: 1) Dejó insubsistente la resolución reclamada, así como su auto aclaratorio; y, 2) Dictó una nueva resolución interlocutoria, relativa al incidente de liquidación de costas procesales, promovido por la parte actora en el juicio de origen, de la que se advierte se abordaron los argumentos vertidos por el demandado (aquí quejoso), que formaron parte de la litis al desahogara la vista en relación dicha incidencia; pues en el desarrollo de la determinación argumentó los motivos por los que calificó el negocio en una complejidad media y la cantidad que debía pagarse respecto de cada fracción del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. Ello, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Tiene aplicación la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Recurso de inconformidad 489/2017. Pfizer, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el sentido pero en contra de las consideraciones. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha del presente proveído. Existencia de documentos. No se allegaron documentos al presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido, 18, inciso b), 20, primer párrafo, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso c), todos del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los expedientes y el estampado de los sellos pertinentes en sus carátulas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, devuélvase a la Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, un sobre cerrado, en el cual se encuentran los documentos que contiene los originales de seis pagarés divididos de la siguiente manera: (Cuatro) pagarés por la cantidad de $********************; (Un) pagaré por la cantidad de $********************; y, (Un) pagaré por la suma de $********************; por resultar innecesaria su retención, ordenándose la baja del registro 13/2020, en el libro de gobierno correspondiente; solicitándole su respectivo acuse de recibo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    ...Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, mediante los cuales informa el cumplimiento que dio al fallo protector y para acreditarlo remite copia certificada de las resoluciones de nueve y doce de los cursantes, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, siendo la primera con la que dejó insubsistente el acto reclamado y la segunda con la que atiende el fallo protector. En tales condiciones, con copia de los oficios de cuenta y sus respectivos anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad responsable, los cuales, se dejan a disposición de la parte quejosa en este juzgado, considerando su domicilio procesal; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Para la obtención del referido traslado, deberá agendar una cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a las responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir" En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Incidente de inejecución 19/93. Juan González Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito Alva Zenteno. Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a la quejosa *** a efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato realice lo siguiente: "Deje sin efectos la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte y su resolución aclaratoria de veintisiete de agosto siguiente, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, por medio de las cuales se determinó que la quejosa debía cubrir $26,306.76 (veintiséis mil trescientos seis pesos 76/100, moneda nacional), por concepto de costas procesales en favor de la parte actora. a) En su lugar, reitere lo aquí desestimado y, con libertad de jurisdicción, dé respuesta a la totalidad de los argumentos expuestos por la parte quejosa que forman parte de la litis de dicha incidencia, absteniéndose en argumentar que deberá estarse a lo ahí resuelto." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Amparo en revisión 414/2008. Ignacio Flores Anguiano y otros. 22 de enero de 2009. Mayoría de siete votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Roberto Lara Chagoyán y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. Devuélvase al Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en el original del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, en tres tomos; por lo anterior, se le pide que acuse recibo de las constancias que le devuelven; lo cual podrá hacer incluso vía fax al teléfono 01 462 62 4 40 81, vía telegráfica, o bien por correo institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que tal acuse lao deberá remitir la citada autoridad, solamente por una de las vías antes señaladas...

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano