Ma. Concepción Quiñones Ruesga

Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
834/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Ma. Concepción Quiñones Ruesga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se les concedió mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto 834/2020 en que se actúa, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, a MA. CONCEPCIÓN QUIÑONES RUESGA, para los efectos siguientes: "1. Se deje sin efectos el acto de aplicación del ordinal 21, fracciones I, VIII, inciso a) y XIV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevé el costo de derechos por la inscripción o registro de documentos (públicos o privados, subdivisión de predios y los que no expresen el valor determinado), para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro las tarifas previstas en tal precepto. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, con sustento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, declarado inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y el recibo de pago respectivo ante la institución bancaria. Y por lo que atañe a las cantidades fijas de $396.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) y $631.00 (seiscientos treinta y uno pesos 00/100 moneda nacional) por los conceptos de inscripción y registro de documento sin valor determinado y subdivisión de predio de hasta dos lotes, con sustento en el artículo 21, fracciones VIII, inciso a), y XIV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, declarado inconstitucional, devuelva el remanente que exceda la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de los registros. Cabe destacar que al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos de inscripción y registro de documento sin valor determinado y subdivisión de predio de hasta dos lotes, cantidades que se establecieron en el formato de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 21, fracciones VIII, inciso a), y XIV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el recálculo de las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, previstas en los ordinales 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que la quejosa María Concepción Quiñones Ruesga enteró derivado del pago de los indicados derechos, tomando como base para su cuantificación el importe mínimo que la legislación establece por concepto de inscripción y registro de los referidos documentos, y en el mismo sentido le devuelva la suma que resulte a su favor. Lo anterior en razón de que al resultar inconstitucional el artículo 21, fracciones I, VIII, inciso a), y XIV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, también debe realizarse ese pronunciamiento respecto de la aplicación de los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, en tanto que de acuerdo con los ordinales 78 y 79 de la Ley de Hacienda de la propia entidad federativa, la base de éstos atiende al monto de lo que se pague por concepto de impuestos, derechos y productos que establece la Ley de Ingresos del Estado. Sin que sea el caso ordenar la inaplicación total de los preceptos que estipulan los referidos impuestos adicionales y por consecuencia relevarla de su obligación de cubrirlos, ello atendiendo a la causa de pedir contenida en la demanda de amparo, puesto que la inconforme no les atribuyó a estos vicios propios de constitucionalidad, relacionados con los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios, sino que únicamente los impugna en vía de consecuencia de la aplicación del numeral 21, fracciones I, VIII, inciso a), y XIV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, informó que le fue devuelta a la impetrante la cantidad de $9,070.80 (nueve mil setenta pesos 80/100 moneda nacional), respectivamente, según se desprende de la copia del reporte de transferencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, de la Institución de Crédito BANORTE, a favor de MA. CONCEPCIÓN QUIÑONES RUESGA; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, los ocursos de cuenta firmado por BRISA IMELDA CASILLAS JIMÉNEZ en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, luego en atención, a su contenido téngase a la promovente informando que el catorce de abril del presente año, exhibió ante el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la documentación que le fue requerida por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento respecto a las manifestaciones y constancias que presenta la promovente, toda vez que por auto de veintiocho de abril del presente año se le dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento de la autoridad responsable, sin que en el presente expediente obre aun constancia del que se advierta que haya sido debidamente notificada de dicho proveído, por lo que una vez que desahogue la vista correspondiente o en su caso transcurrido el termino para hacerlo este órgano Constitucional resolverá de oficio respecto del cumplimiento o no de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic, y anexo que acompaña, a través del cual hace manifestaciones sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic, y anexo que acompaña, a través del cual hace manifestaciones sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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