Ma. Concepcion Ferrusquia Canchola
Expediente 195/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Concepcion Ferrusquia Canchola
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de primero de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Menor Mixto de Tarimoro, Guanajuato (autoridad ordenadora; y del Secretario de Acuerdos en funciones de Ministro Ejecutor (autoridad ejecutora), que estimó violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 195/2017-VI.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo y tercer párrafos, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, artículos que textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" ".IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En efecto, el acto reclamado, que señala el quejoso, es el siguiente: "IV.- De la autoridad responsable, señalada como ordenadora, reclamo la determinación de fecha 05 cinco de enero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante la cual ordena la ejecución de la sentencia que recayera al juicio ejecutivo mercantil M-50/2016, radicado en el Juzgado Menor Mixto de la ciudad de Tarimoro, Guanajuato, sin respetar los plazos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo." "De la autoridad responsable, señalada como ejecutora, reclamo la realización de los actos tendientes a ejecutar la sentencia que recayera al asunto de origen, en específico la diligencia llevada a cabo en fecha 06 de enero del año en curso." Se señalan como antecedentes sustanciales del acto reclamado, entre otros, los que se resumen a continuación: 1.- Que con fecha 25 de mayo del año 2016, ***, en su carácter de endosatarios en procuración de ***, presentaron ante el Juzgado Menor Mixto de la ciudad de Tarimoro, Guanajuato, una demanda ejecutiva mercantil en contra de la quejosa, radicándose bajo el número de expediente M-**/2016. 2.- Que previo los trámites de ley, el 29 de noviembre de 2016, se dictó sentencia definitiva del citado juicio M-**/2016, misma que fue notificada por estrados el 30 de noviembre de aquel año, narrando la quejosa que tenía la "intención" de promover el juicio de amparo en su contra, pero no lo hizo porque la responsable ordenó la ejecución de la citada sentencia definitiva, sin respetar los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ordenando la ejecución por auto de 5 de enero del año en curso, la cual, se intentó cumplir en diligencia de 6 del mismo mes y año, sin que se lograra llevar a cabo dicha diligencia. Así las cosas, se desprende que los actos reclamados, no pueden considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tampoco se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por tanto es notoriamente improcedente el juicio de Amparo Indirecto en contra de determinaciones diversas, que aun siendo dictadas en ejecución de una sentencia definitiva, no se encuentren previstas por el artículo 107, fracción IV, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, aplicado en forma contraria, numeral que señala los casos previstos para la procedencia del juicio de garantías por la vía biinstancial, por lo que resulta procedente desechar la demanda de amparo, por advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en los términos del artículo 123 de la misma Ley. Por relacionarse con las ideas antes señaladas, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; publicada con Registro 2011474, en la página 1066, del Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado de su parte al licenciado ***, en los términos restringidos que señala la Ley de Amparo, por no tener debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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