Ma. Concepcion Diaz Escobar

Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. Concepcion Diaz Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacan, tres de agosto de dos mil veintitres. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído treinta de junio del año en curso, que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que obra el original del toca - formado en un tomo, y original del juicio sucesorio intestamentario número -, formado en cinco tomos, que remitió la autoridad responsable el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena devolver a la citada autoridad responsable los referidos tomos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se entenderá que lo recibió a su entera satisfacción. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese como constancia al presente juicio de garantías, el escrito signado por -, apoderado del tercero interesado -, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de treinta de junio del año en curso, se desechó la demanda de garantías promovida por -, en cuanto albacea definitiva de la sucesión a bienes de-. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, treinta de junio de dos mil veintitres. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el expediente número A.D.C. -, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, en cuanto albacea definitiva de la sucesión a bienes de -, así como el original del toca - formado en un tomo, y original del juicio sucesorio intestamentario número -, formado en cinco tomos; de igual manera, la determinación de veintisiete de junio en curso, mediante la cual el Tribunal de Alzada se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional, al considerar que los actos reclamados no constituyen sentencia definitiva en el juicio de origen, ordenando remitirlo al juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad; por tanto, al compartir el criterio adoptado por el Tribunal de Alzada, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto, regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número VII-843/2023-1, y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa medularmente señala como acto reclamado: La resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro del toca - dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, que confirmó la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa, y que reiteró el reconocimiento de la personería que ostenta -, en cuanto coheredero de -, en el juicio sucesorio intestamentario -. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" Ahora bien, de la lectura íntegra de la aclaración de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia,la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a "... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda". Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Luego, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de los tomos de prueba que remitió la autoridad responsable, se colige que el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro del toca - dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, que confirmó la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa, y que reiteró el reconocimiento de la personería que ostenta -, en cuanto coheredero de -, en el juicio sucesorio intestamentario -, se concluye que dicha resolución interlocutoria deriva del incidente de remoción de albacea; esto es, la quejosa reclama actuaciones dictadas dentro del aludido incidente, el cual todavía se encuentra pendiente de resolución. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues se trata de un acto emitido en dicho incidente, de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios más no de imposible reparación, los cuales no necesariamente llegarán a trascender al resultado de la resolución interlocutoria que en su caso se dicte; y en caso contrario, podrá hacer valer los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en dicha incidencia que lo hayan dejado sin defensa. Apoya lo anterior la tesis número I.7o.P.9 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1670, tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, con número de registro 170864, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EMITIDO EN LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE SEGUIDO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Del contenido de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo se advierte la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento de ejecución de sentencia y de remate, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente, sean reclamables en el amparo que se promueva contra la resolución final que se dicte en éste; por lo que la misma razón debe regir para aquellos amparos en que se reclame el acuerdo de desechamiento de pruebas emitido en la tramitación de un incidente seguido después de concluido el juicio, pues se trata de un acto de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, tomando en cuenta además, que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en dicho incidente; y, en caso contrario, que goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un incidente promovido dentro de un juicio sucesorio intestamentario. Esto es así atendiendo a la naturaleza de la primera sección del juicio sucesorio previsto en los artículos 1012 y 1013 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como lo sustentado en la tesis aislada número XII.2o.2 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada de rubro y texto siguientes, publicada en la página 396 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ALBACEA, NOMBRAMIENTO DE. LEGITIMACION PARA EL AMPARO EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LOS HEREDEROS. La sentencia que revoca el auto por el que se nombró como albacea de una sucesión a la persona propuesta por varios herederos, designando en su lugar a quien propusieron otros herederos, no afecta los intereses jurídicos de la propia sucesión, la cual no sufre menoscabo en los bienes que la constituyen, ni en sus derechos y acciones. Tal sentencia perjudica directamente a los herederos que propusieron al albacea cuyo nombramiento se revocó, pues son ellos los interesados en que el albaceazgo se desempeñe por su conducto, e igualmente afecta en lo personal al albacea primeramente designado, si llegó a desempeñar el cargo; por lo que, si la sentencia fue reclamada por dicho albacea a nombre de la sucesión, la improcedencia del juicio es patente y debe decretarse el sobreseimiento, al carecer aquélla de legitimación." Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de presentar el juicio de amparo contra la designación del albacea definitivo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo promovida por -, en cuanto albacea definitiva de la sucesión a bienes de - Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo y en el artículo 23, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

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