Ma. Concepción Carbajal Rojas
Expediente 550/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. Concepción Carbajal Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar y toda vez que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto, en el término de quince días que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo, se tiene por consentida esa determinación. Asimismo, con fundamento en el artículo 196 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena el archivo definitivo del asunto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado, dese de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, y capítulo séptimo, numeral 18, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; III. Realizar las gestiones conducentes para llevar a cabo las transferencias de expedientes a los depósitos documentales debidamente asegurados y con el acompañamiento de un dispositivo de seguridad; y IV.Participar en las sesiones del Grupo Interdisciplinario en las que se analice el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de los expedientes que produzcan. "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se hay negado o concedido la protección Constitucional; y, (.)" En consecuencia, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se trata de un asunto en el que se concedió el amparo a la parte quejosa, con excepción del escrito de demanda y la sentencia definitiva, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada; lo anterior, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y por lista a las demás partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio la autoridad responsable Comité de Pensiones del Consejo Directivo y Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, ambas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), al fallo protector decretado en el presente juicio, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por lo tanto, este órgano judicial procede a resolver si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no, dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, porque conforme a la Ley de Amparo, ningún expediente puede ser archivado en tanto no quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido la protección constitucional. En ese sentido, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la concesoria de amparo se encuentra o no cumplida. Ahora bien, es importante traer a colación que mediante sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado Federal, se resolvió lo siguiente: " ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a -----, en contra de la omisión precisada en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en el considerando QUINTO, y para los efectos señalados en el ÚLTIMO considerando de este fallo." Resolución que en su sexto considerando, establece los efectos para los cuales se otorgó la protección de la justicia federal, en ese sentido la autoridad responsable debía: " 1. Atender la solicitud de pensión presentada por Ma Concepción Carbajal Rojas, el veintidós de julio de dos mil veinte, y en consecuencia, emitir la respuesta que en derecho proceda de manera escrita, fundada y motivada, esto es: resuelva si es procedente o no otorgar la pensión solicitada por el quejoso. 2. Notificar dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión. Es importante reiterar que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable no está vinculada a responder favorablemente los intereses del solicitante, solamente a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo de su conocimiento en los términos apuntados." Así las cosas, por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, causo ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En atención a lo antes referido, por oficio recibido vía electrónica, el día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, registrado con el folio 11851, el Comité de Pensiones del Consejo Directivo y Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, ambas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), informó que respondió la petición de la quejosa mediante el dictamen de pensión CP/66590/2020, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido a favor de Ma. Concepción Carbajal Rojas, y que había llevado a cabo la notificación personal, cuya razón se encontraba firmada por la quejosa y estaba anexa copia de su credencial para votar en atención a la notificación realizada por su representada el dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, anexando las constancias respectivas con las cuales acreditó su dicho, mismas que en lo que interesa dice lo siguiente: "(.) En estricto cumplimiento a la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México en el Juicio de Amparo 550/2020-VI, del rubro importe del cuadro anterior se advierten las cantidades del sueldo sujeto a cotización que obtuvo la servidora pública entre el 16 de marzo del 2020 al quince de noviembre del 2020, para obtener el promedio del sueldo sujeto a cotización de la C. MA CONCEPCIÓN CARBAJAL ROJAS se suman todas y cada una de las cantidades referidas, de lo cual resulta $147,190.20 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 20/100 M.N.) lo que se multiplica por el 75% y da como resultado $110,392.62 (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 65/100 M.N.) cantidad que constituye el sueldo sujeto a cotización del Sistema Solidario de Reparto de conformidad con el artículo 5 fracción XV de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios vigente a partir del 01 de julio de 2002.------------------------------------------------------------------------ De igual manera, con apoyo en el artículo 84 del Reglamento de Prestaciones del Instituto vigente, la siguiente operación consiste en dividir la última cantidad referida en el párrafo anterior entre 243.33 (factor que equivale al número de días de 8 meses) de lo anterior resulta $453.67 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100M.N.) producto que constituye el sueldo de referencia con forme al artículo 5 fracción xi de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios vigente a partir del 01 de julio de 2002.---------------------------------------------------- Una vez establecido lo anterior, se debe multiplicar el sueldo de referencia para la tasa de reemplazo señalada en la Ley, por acreditar 29 años, 11 meses y 15 días, al patrimonio del Instituto que por aproximación resultan 30 años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios vigente, para lo cual se debe atender al ordinal 89 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios vigente a partir del 01 de julio de 2002, así como al artículo Décimo Sexto Transitorio de la misma Ley, que precisan que la tabla de reemplazo será del 100% para todos los servidores públicos, cuyo último ingreso al servicio público antes de jubilarse haya sido anterior a la entrada en vigor de la propia, en tal virtud, el sueldo de referencia aludido se multiplica por 100% de la tasa de reemplazo, lo que resulta $453.67 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100M.N.) cantidad que equivale al monto diario de pensión para el año 2020.---------------------------------- Por lo expuesto, fundado y motivado, además, con apoyo en los artículos 5 fracciones XI y XV, 68, 79 y 86 Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 59 fracción II, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, y de sus Municipios de los Organismos Coordinados y Descentralizados vigente hasta el 19 de octubre de 1994, así como 3 fracción XLIV, 69, 82 y 84 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y en estricto cumplimiento a la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México en el Juicio de Amparo 550/2020-VI, el Comité de Prestaciones en su sesión ordinaria 778 resuelve que la C. MA CONCEPCIÓN CARBAJAL ROJAS tiene derecho a una Pensión por Jubilación, toda vez que cuenta con 29 años, 11 meses y 15 días al patrimonio del Instituto que por aproximación resultan 30 años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de seguridad Social del Estado de México y Municipios vigente, con monto diario de pensión para el año 2020 de $453.67 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.) lo anterior en términos de lo precisado en el presente dictamen.[.]" Aunado a lo anterior también se adjuntó copia certificada del acuse de recibo de esa determinación, signado por Concepción Carbajal Rojas, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y la razón de notificación; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por tanto, en concepto de este juzgador, fueron satisfechos los lineamientos expuestos en la ejecutoria de amparo, que le fueron señalados a la autoridad responsable, ya que atendió la solicitud de pensión presentada por Ma Concepción Carbajal Rojas, el veintidós de julio de dos mil veinte, mediante el dictamen de pensión CP/66590/2020, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido a favor de la quejosa, misma que le fue notificada de manera personal el dieciséis de diciembre de ese mismo año. De ahí que, se declare que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, al haberse agotado las obligaciones que emanaron de la concesoria, debido a que la autoridad responsable cumplió con las directrices a que constriño la protección constitucional, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento. Hágase del conocimiento de las partes el presente acuerdo para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado, en la que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a -----------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el término de TRES DÍAS, legalmente computados, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concedida para los siguientes efectos: "1 Atender la solicitud de pensión presentada por Ma Concepción Carbajal Rojas, el veintidós de julio de dos mil veinte, y en consecuencia, emitir la respuesta que en derecho proceda de manera escrita, fundada y motivada, esto es: resuelva si es procedente o no otorgar la pensión solicitada por el quejoso. 2 Notificar dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión." Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá exhibir al efecto copias certificadas, legibles y completas, de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que: 1.- Debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo; 2.- Con fundamento en lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193, de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo; 3.- Que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193, de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258, de la citada Ley, se le impondrá una multa de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. No obstante lo anterior, se requiere a la responsable, a efecto de que, sí considera que en dicho término, no puede cumplir con la sentencia, informe a este órgano jurisdiccional, un plazo razonable en que dará cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que debe tener en consideración que de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, ya no habrá lugar a que se esté prorrogando indefinidamente el plazo, para dar cumplimiento a la concesoria de amparo, sino que solamente son dos plazos que le es dable otorgar, en el entendido que de no dar cumplimiento a la misma, podría dar lugar a que la autoridad incurriera en desacato a la misma, trayendo como consecuencia una multa que se prevé al respecto, y hasta en responsabilidad, con las consecuencias que al efecto prevé la Ley de Amparo. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 550/2020-VI, promovido por -------------, por propio derecho, contra actos del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otra autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido electrónicamente el ocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, -----------, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: A.-Los integrantes del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). b.-La Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las responsables se reclama la omisión de resolver la solicitud de pensión de la ahora quejosa en los términos y plazos señalados en la ley." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa argumentó violados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. En auto de diez de septiembre del presente año, este Jugado Décimo de Distrito en el Estado de México, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente 550/2020-VI, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, los quejosos reclamaron lo siguiente: La omisión de resolver la solicitud de pensión de la quejosa presentada el veintidós de julio de dos mil veinte, la cual quedó registrada con el folio 11,078-43300. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado es cierto ya que la representante legal de las autoridades responsables Integrantes del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec del referido Instituto, al rendir informe su justificado aceptó tanto la existencia de la solicitud como el hecho de que en la fecha en que se rindió dicho informe aún no se había emitido una respuesta, por lo que se debe tener por CIERTO el acto reclamado a esa autoridad. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del rubro y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Al no haberse invocado causal de improcedencia por alguna de las partes, y sin que éste juzgador de oficio advierta su actualización, a continuación se procede al estudio de fondo. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación en contra del acto reclamado se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, la quejosa alegó lo siguiente: La omisión por parte de las responsables produce afectaciones en su calidad de vida y en su salud, pues lleva más de un mes esperando la respuesta de su solicitud para poder pensionarse, lo cual además resulta contrario al artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que claramente establece que estas solicitudes se resolverán en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Presentó su solicitud desde el dos de julio de dos mil veinte, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le haya dado alguna respuesta, de lo que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días para resolver la solicitud, lo cual transgrede el artículo 17 constitucional. Atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa hace valer esencialmente que la responsable trasgrede lo establecido por el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, al ser omisa en dar respuesta a la solicitud de pensión presentada desde el veintidós de julio de dos mil veinte; lo cual implica a su vez una violación al artículo 8 constitucional. Se dice lo anterior, ya que no obstante que la quejosa únicamente alegó violaciones al diverso 17, de la Constitución Federal, este Juzgado Federal debe resolver atendiendo a la causa de pedir, pues no existe obligación procesal a cargo del quejoso, de señalar con exactitud los preceptos legales aplicables, sino que tal obligación recae en el órgano jurisdiccional al momento de realizar el estudio del asunto, por ello, el estudio de los conceptos de violación se realiza a la luz de lo dispuesto por el artículo 8, del Pacto Federal, que tutela el derecho de petición. En ese entendido, se advierte que el motivo de inconformidad vertido por la parte quejosa resulta FUNDADO y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por la transgresión al artículo 8 de la Constitución Federal, toda vez que de autos se advierte que no se ha dado respuesta a la petición formulada por la quejosa, a través de la solicitud presentada el veintidós de julio de dos mil veinte, en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo a la solicitud de pensión por jubilación, por las consideraciones que se exponen a continuación. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho precepto consagra el denominado derecho de petición, el cual consiste en la facultad que tiene el gobernado para poder dirigirse a la autoridad y la correspondiente obligación que tienen los órganos y servidores que ejercen el poder público, de contestar por escrito los pedimentos y darlo a conocer a los interesados en un breve lapso. El precepto transcrito presupone la existencia de determinados requisitos, por parte de quien pide, como de quien contesta, los cuales son: 1. La petición del gobernado deberá ser formulada al servidor público en su calidad de autoridad; 2. La petición se realice de manera escrita; y 3. También se realice en forma respetuosa y pacífica. Por su parte, conlleva la correlativa obligación a cargo de la autoridad ante la cual se haya elevado la solicitud, de dar respuesta, es decir de acordar lo que en derecho corresponda y de hacerlo saber al gobernado en breve lapso el contenido de la resolución. Además, el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, establece ciertos requisitos que la respuesta de las autoridades debe cumplir, a saber: 1. La respuesta se otorgue por escrito. 2. Ésta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. 3. La respuesta a la petición del gobernado sea en breve lapso. Resulta aplicable para sostener lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 931, registro 160206, que establece: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Sobre esas bases, tal como lo menciona y acredita la parte quejosa con el acuse de recibo de la solicitud registrada con el folio 11,078-43300, con fecha de recepción de veintidós de julio de dos mil veinte, presentado ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; el cual se encuentra robustecido con la aceptación del acto reclamado por parte del representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se evidencia que la quejosa realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Con lo anterior, resulta claro que el demandante de amparo cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 8 Constitucional; no obstante ello, el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios ha sido omiso en dar contestación a la petición de referencia, lo cual hace evidente que su proceder, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se precisa que, a la fecha de presentación de la demanda (ocho de septiembre de dos mil veinte) habían transcurrido en exceso los treinta días que la ley concede a la autoridad, sin que el Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios, haya emitido la respuesta en la que atienda la petición del quejoso entorno al otorgamiento de pensión que le fuera presentada, en términos del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Máxime que a la fecha en que se resuelva han transcurrido más de tres meses, sin que se haya emitido la respuesta correspondiente. Lo que implica una violación en perjuicio de la quejosa del derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya analizado. Es así, ya que la autoridad responsable estaba vinculada a dar una respuesta en la que decidiera si la quejosa reunía los requisitos o no para que se le otorgara la pensión solicitada; sin embargo, ello hasta la fecha no ha sucedido, por lo que se insiste, la responsable ha tardado en demasía para dar respuesta a la solicitud. Retraso que a su vez se traduce en una transgresión al derecho a una subsistencia digna de la quejosa, ya que debe tomarse en consideración que en la mayoría de los casos, la pensión jubilatoria es la única manera en que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, al pertenecer a una clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales que garanticen ese sostenimiento; por ende, cualquier retraso en su autorización, determinación o pago, pone en juego su capacidad de afrontar los costos de vida y de contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Al respecto resulta ilustrativa la tesis, XV.3o.9 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Página: 236, de rubro y texto: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión." Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito, lo manifestado por la responsable en su informe justificado, en relación con la carga de trabajo y las solicitudes de pensión presentadas por otras personas, con antelación al aquí quejoso, así como el hecho de que el artículo 75, párrafo segundo del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, prevé que deberá emitirse respuesta dentro de los treinta días hábiles, también señala como excepción, las solicitudes que por su naturaleza requieran mayor tiempo para su resolución. Sin embargo, la responsable no allegó medios de prueba que hayan justificado el motivo o razón por el cual, no ha podido dar una respuesta a la solicitud de pensión. En ese sentido, es importante destacar que no se desconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 1, 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate; aspectos que pueden aplicarse por analogía al derecho de petición en estudio. No obstante ello, como se hizo mención en párrafos anteriores, en el presente juicio no existe constancia que acredite la complejidad del asunto, que justifique el retraso excesivo en que ha incurrido la autoridad responsable, al haber transcurrido siete meses desde que se presentó la petición, lo que pone de manifiesto la afectación a la esfera jurídica del quejoso; en consecuencia, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. SEXTO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la protección constitucional debe tender a una restitución en el goce de los derechos violados, por lo tanto el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, deberá: 1. Atender la solicitud de pensión presentada por Ma Concepción Carbajal Rojas, el veintidós de julio de dos mil veinte, y en consecuencia, emitir la respuesta que en derecho proceda de manera escrita, fundada y motivada, esto es: resuelva si es procedente o no otorgar la pensión solicitada por el quejoso. 2. Notificar dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión. Es importante reiterar que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable no está vinculada a responder favorablemente los intereses del solicitante, solamente a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo de su conocimiento en los términos apuntados. Lo que además es acorde con la jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia(s): Común, página 2689, registro 165204, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a -------------, en contra de la omisión precisada en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en el considerando QUINTO, y para los efectos señalados en el ÚLTIMO considerando de este fallo. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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