Ma. Clara Carranza Gil
Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Clara Carranza Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Delgado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Así por oficio presentado el siete de noviembre de dos mil veintitrés, el apoderado de las responsables, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "SÉPTIMO EFECTOS DE LA SENTENCIA. En aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que: a) Realicen los estudios necesarios, incluidas las tomografías, radiografías y resonancias magnéticas a efecto de que se verifique si la parte quejosa cuenta con tres hernias nuevas, o qué le causa la lumbalgia que refiere y el adornamiento de su pie derecho, y que no han sido diagnosticadas por las autoridades responsables en la institución de salud a su cargo. Se continúe la atención médica especializada a la parte quejosa en el área de trauma y ortopedia derivada de la cirugía que se le practico del catorce al quince de junio de dos mil veintidós. b) Canalicen a la amparista con el especialista en la salud a su cargo, como lo sería un neurólogo, otorrinolaringólogo o cardiólogo, que se considere el idóneo para atender sus padecimientos de dolor de cabeza y oídos, mareos y desequilibrios, y si estos derivan de un golpe craneoencefálico o de diversa enfermedad, así como de los signos de infarto que dice presentar. c) Se dé atención médica especializada a la parte quejosa por lo que ve a los restantes padecimientos de hipertensión y obesidad. En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para los cal deberán precisar que se deben diagnosticar de manera precisa qué padecimientos tiene, y se le debe proporcionar la atención médica, medicamentos y la canalización a los especialistas necesarios. Esto es, con base en sus facultades, se asentará que se deberá tomar en cuenta lo establecido en los incisos a), b) y c), precisados con anterioridad, y se indique el tratamiento que se implementará para tratar sus diversos padecimientos, y la receta y entrega de los medicamentos necesarios para ello. Para efecto de lo anterior, será obligación ineludible de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante las autoridades responsables, a efecto de obtener el tratamiento y los medicamentos que le sean prescritos. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. Ello en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la parte quejosa a amanera de alegatos, así como lo referido por la agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que n existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. La Directora Médico del ******************** informó lo siguiente: 1) Emitió Acuerdo Administrativo de fecha de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dirigido al personal del área médica y administrativa del ******************** a través del cual, da la instrucción para que se ordenen las medidas médico-administrativas necesarias, a efecto de que se proporcione a la parte quejosa el tratamiento médico, medicamentos y estudios que requiera para sus padecimientos. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de doce de julio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa cumplimiento. Visto el oficio de cuenta que suscribe el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, en representación de las autoridades responsables; atento a su contenido, se le tiene informando, que con fecha de seis de noviembre del año en curso, se dictó el acuerdo administrativo donde se instruyó las medidas médico-administrativas a efecto de proporcionar a la quejosa ******************** el tratamiento correspondiente, así como los medicamentos y estudios que requiera para sus padecimientos. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de veintiocho de agosto del año en curso, en la que por un lado se SOBRESEYÓ el juicio de garantías, y por el otro se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. Clara Carranza Gil; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que les fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: Las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordenen a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que: a) Realicen los estudios necesarios, incluidas las tomografías, radiografías y resonancias magnéticas a efecto de que se verifique si la parte quejosa cuenta con tres hernias nuevas, o qué le causa la lumbalgia que refiere y el adormecimiento de su pie derecho, y que no han sido diagnosticadas por las autoridades responsables en la institución de salud a su cargo. Se continúe con la atención médica especializada a la parte quejosa en el área de trauma y ortopedia derivada de la cirugía que se le practicó del catorce al quince de junio de dos mil veintidós. b) Canalicen a la amparista con el especialista en la salud a su cargo, como lo sería un neurólogo, otorrinolaringólogo o cardiólogo, que se considere el idóneo para atender sus padecimientos de dolor de cabeza y oídos, mareos y desequilibrios, y si estos derivan de un golpe craneoencefálico o de diversa enfermedad, así como de los signos de infarto que dice presentar. c) Se dé atención médica especializada a la parte quejosa por lo que ve a los restantes padecimientos de hipertensión y obesidad. SE RESERVA REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que de momento proceda actuar en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, hasta en tanto sea evidente la omisión de las autoridades responsables de cumplir con el fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo 908/2023-V, promovido por Ma. Clara Carranza Gil, por propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el once de julio del año en curso, y recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Ma. Clara Carranza Gil, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estimó violados. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 8°, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4°, 8°, 25, 29, 31 y 32 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1°, 4°, 8°, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; Carta de la Organización de los Estados Americanos; 2°, inciso a) y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convenio número 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (número 159) de la Organización Internacional del Trabajo; 1°, 3° y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1°, 10 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10, 12 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1° y 2° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; Declaración y Programa de Acción en Vienta de 1993; y, Convenio 102 sobre la Seguridad Social. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de doce de julio del año que transcurre, se tuvo por admitida la demanda de amparo registrándose con el número 908/2023-V, y se concedió la suspensión de plano para el efecto de que a la parte quejosa se le proporcionara la atención médica que se estimara necesaria, se suministraran los medicamentos idóneos, y se proporcionara el tratamiento correspondiente para tratar los padecimientos que le fueron diagnosticados. En el mismo proveído, se solicitó informe con motivo de la suspensión de plano y el diverso justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa reclama diversas negativas atribuidas a autoridades administrativas con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: La violación a su derecho de salud, derivado de la negativa de brindar atención médica, y proporcionar tratamiento que requiere para sus padecimientos consistentes en: 1. Tres hernias discales nuevas; 2. Lumbalgia (dolor en la columna), con adormecimiento en pie derecho; 3. Hipertensión arterial; 4. Obesidad; 5. Dolor de cabeza, oídos, mareos y desequilibrios derivado de un golpe craneoencefálico que sufrió. 6. Signos de infarto. Así como la negativa a surtir el medicamento consistente en "liraglutida". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de surtir el medicamento denominado "liraglutida", ello porque el apoderado de las autoridades responsables al rendir su informe justificado indicó que no era cierto. No obstante tal negativa, de autos se advierte que la solicitante del amparo no aportó elementos de pruebas que justifiquen lo contrario; a más que de las notas médicas que allegaron las autoridades responsables, tanto las emitidas de manera previa como posterior a la presentación de la demanda de amparo, se observa que en ninguna de estas se le recetó a la quejosa el citado medicamento. De ahí que se acredite la inexistencia del citado acto reclamado. Resulta aplicable la tesis 4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página novecientos tres del tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, toda vez que la promovente del amparo no desvirtuó lo manifestado por las autoridades responsables en el sentido de que no era cierto que se le hubiera negado surtir el medicamento consistente en "liraglutida", es por lo que, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto a tal acto impugnado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Acorde a lo referido por la agente del Ministerio Público adscrita, en su pedimento, es cierta la negativa reclamada a las autoridades responsables, pese a que en el informe justificado rendido por su apoderado jurídico negaron la existencia de los actos reclamados. Se dice así, pues respecto a los padecimientos señalados con los numerales 2, 3 y 4, obra el reconocimiento de la existencia de tales problemas de salud en los oficios que rindieron las autoridades citadas, pero no se observa un tratamiento específico a seguir por parte de éstas para atenderlos de manera eficaz. Lo anterior porque solo existen indicaciones higiénico-dietéticas de columna, sin hacer un estudio íntegro sobre la causa de dicha lumbalgia, y si ésta es originada por las tres hernias nuevas que alega la parte quejosa; además de que solo existe diagnóstico sobre la hipertensión arterial y obesidad que padece, sin establecer un tratamiento para ello, lo que se abordará más adelante, pero ello es suficiente para acreditar la negativa de atender los padecimientos antes citados. Mientras que de las restantes enfermedades (1, 5 y 6) no hicieron manifestación alguna, aún y cuando la parte quejosa indicó bajo protesta de decir verdad que los tenía, incluso, del primero citado, señaló que se ha negado el servicio médico para la nueva revaloración de cirugía de columna, dado que no cuentan con especialistas para practicarla, ni lugar en el quirófano, de ahí que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la negativa de proporcionar el tratamiento y medicamentos que necesita para estos. Tiene aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por la promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el apoderado de las autoridades responsables indica que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la misma legislación, aunque solo manifiesta que es de estudio preferente la diversa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la citada Ley (que establece la inexistencia del acto reclamado), pero nada dice de la primera invocada. Esto es, no precisa las razones por la cual debe actualizarse, en el entendido de que, para su ponderación, se requiere el desarrollo de mayores razonamientos. De ahí que deba desestimarse; máxime que no se trata de propuesta de improcedencia que sea de obvia y objetiva constatación. Para justificar el anterior aserto, se debe tener en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios número 142/2006-SS, determinó que por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (que actualmente encuentra su correlativo en el numeral 61 de la ley de la materia), para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de amparo que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado (ahora tercero interesado). Asimismo, esa Sala del Máximo Tribunal de la Nación resolvió que si las partes aducen una causa de improcedencia del juicio citando solo la disposición que estiman aplicable, sin formular argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Las anteriores consideraciones se recogen en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 174086 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Análisis causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Ahora, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, indicaron que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado, debido a que sí han proporcionado la atención médica a la parte quejosa cada vez que le corresponde, con calidad y calidez. Sin embargo, de las constancias que anexaron tanto a su informe justificado como al relativo a la suspensión de plano, no obra algún documento en el que se advierta que, efectivamente, a la actualidad, las autoridades acrediten un plan integral para proporcionar el tratamiento y que ha entregado todos los medicamentos requeridos para tal efecto. A más de que las autoridades responsables, en los citados oficios, no indicaron el seguimiento de algún tratamiento para contrarrestar los padecimientos puntualizados, incluso de dos de ellos no realizó algún pronunciamiento, del que se pueda obtener que ha cesado la negativa reclamada. De ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de estos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de estos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia con clave de identificación 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es fundado el concepto de violación dirigido a controvertir la negativa de las autoridades responsables que se simplifica en garantizar su derecho de salud, con el diagnóstico certero y el otorgamiento del tratamiento necesario para atender sus padecimientos de (1) tres hernias discales nuevas; (2) lumbalgia (dolor en la columna), con adormecimiento en pie derecho; (3) hipertensión arterial; (4) obesidad; (5) dolor de cabeza, oídos, mareos y desequilibrios derivado de un golpe craneoencefálico que sufrió; y, (6) signos de infarto. Se explica. I. Marco legal y constitucional Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación alguna, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3° y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y de otras progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2°, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas las personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo, resulta aplicable la tesis LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. II. Caso concreto y decisión Sentado lo anterior, resulta pertinente precisar que, de la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1. La quejosa indicó que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin precisar la fecha, manifestó que tiene graves problemas de salud, dado que le detectaron tres hernias nuevas en la columna, que se apreciaban de la resonancia magnética que pagó ante un nosocomio privado el treinta de junio de dos mil veintitrés, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social se negó a darle dicho servicio; también que presenta hipertensión arterial y obesidad. También señaló que tiene fuerte y permanente dolor en su columna, se le adormece su pie derecho, como si "tuviera espinas en la espalda"; de igual manera, indicó que sufrió un golpe craneoencefálico que afectó sus funciones motrices, lo que le produce dolor de cabeza y oídos, mareos y desequilibrios. Ello porque ha sufrido constantes riesgos de trabajo y las autoridades le niegan la rehabilitación, incluso que acudió a la unidad médica familiar número 075, al Hospital Regional 01 y al Hospital General de la zona 83, todos del IMSS, en esta ciudad, pero le han negado el servicio médico para la nueva revaloración de cirugía de columna por las tres hernias discales nuevas, destacando que le informaron que no tenían los insumos para realizarla, ni los especialistas o un lugar en el quirófano para practicarla. Por lo anterior es que tuvo que pagar la cantidad de $10,500.00 pesos por una resonancia magnética que le niegan reembolsar. De ahí que refiera que necesita con urgencia que se realice una junta con médicos especialistas en traumatología, neurología y otorrinolaringología que valoren su columna, oídos, cráneo y cerebro, pero le dicen que en dicha Institución de salud no tienen lugar para atenderla y tiene que hacer cita con el médico familiar. Incluso, refiere que ha presentado signos de infarto. Para acreditar lo anterior exhibió la cartilla de salud con número de seguro social 5393681680, a su nombre, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que se advierte se encuentra adscrita a la unidad médica UMF 080. Así como diversas imágenes que no contienen descripción alguna sobre lo ahí detectado, pero la parte quejosa afirma corresponde a "fotos de una resonancia magnética". 2. El apoderado de las autoridades responsables, mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, al rendir su informe con motivo de la suspensión de plano dictada en el presente asunto, indicó que, contrario a lo que referido por la parte quejosa en su demanda de amparo, en todo momento se le ha proporcionado a ésta la atención médica adecuada, realizado los estudios correspondientes y canalizado a las especialidades necesarias para atender sus padecimientos. Tanto era así, que tenía agendada una cita médica para el veintitrés de julio de dos mil veintitrés, tal como como se acreditaba con las constancias que anexó, consistentes en las notas médicas de columna, trauma y ortopedia, medicina física, rehabilitación, y otros denominados como "no especificados", pero se observa son relativos a la hipertensión, así como la lumbalgia que presentaba la quejosa, de fechas siete de marzo, doce de mayo, veintiséis de junio, veinticinco y veintiocho de julio, veinticuatro de agosto, ocho de septiembre, seis, once y veintisiete de octubre, veinticinco de noviembre, diecinueve y veintinueve de diciembre, todos de dos mil veintidós; dieciocho de enero, dos de febrero, uno y diez de marzo, veintiuno y veinticuatro de junio, todos de dos mil veintitrés; así como del servicio de "audiología" de siete de marzo de dos mil veintidós. De la penúltima nota médica (de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés), correspondiente al servicio de trauma y ortopedia, se observa se asentó que la parte quejosa acudió por "lumbalgia secundario a movilización desde agosto de dos mil veintidós", con periodo de "agudización y remisión", dolor en "región toraco-lumbar", con "irradiación a miembro pélvico derecho"; "rx ap y lateral" de columna lumbosacra donde se observó el material de osteosíntesis "tronillos" (sic) traspediculares de L4 y L5, con adecuada ubicación, sin datos de aflojamiento o migración de material. También se asentó: "idx: po instrumentación tarspedicular de l4 y l5 v+lumbalgia crónica sistematizada." De igual manera se señaló que estaba pendiente una toma de tomografía y valoración, con cita subsecuente para valoración de "tac", y se solicitó resonancia magnética de columna lumbosacra. Mientras que de la correspondiente al servicio de audiología, se señaló en el apartado de exploración física y diagnóstico: "otoscopía. Membranas timpánicas íntegras. Audiometría tonal. Oído derecho: Hipoacusia derecha superficial de tipo sensorial. Oído izquierdo: Hipoacusia izquierda superficial de tipo sensorial. Logoaudiometría: OD: Discriminación fonémica izquierda del 100% al 40 DB OI: Discriminación fonémica izquierda del 100% a 40 DB. Timpanometría. Curvas tipo A de Jerger bilaterales. Reflejos estapediales ipsilaterales presentes bilateralmente en todas las frecuencias. Prueba de williams positiva bilateral. (.) Diagnóstico Hipoacusia neurosensorial, bilateral. Complemento de dx Cortipatía mixta bilateral + disfunción tubaria bilateral + disfunción de ATM. (.)." Como plan se indicó: "1. Cuidado de oídos. 2. Datos de alarma cocleovestibular. 3. Control de patologías de base. 4. Evitar exposición a ruido intenso. 5. Se explica resultado de estudio. 6. Seguimiento por ORL en su HGZ. 7. Alta del servicio de audiología HGR #1. (.)." 3. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, el apoderado de las autoridades responsables rindió informe justificado, en el que indicó que no eran ciertos los actos reclamados, porque contrario a lo sostenido por la quejosa, sí se le proporcionó atención médica adecuada y especializada, así como suministrado de manera oportuna los medicamentos necesarios para atender sus padecimientos de salud y cuando ha ameritado estudios médicos, el propio Instituto se los ha otorgado. 4. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintitrés, las autoridades responsables exhibieron nota médica y prescripción del servicio de trauma y ortopedia, de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, de la que se advierte que la parte quejosa acudió a dicho nosocomio por una "lumbalgia secundaria a movilización desde agosto de dos mil veintidós", con "periodo de agudización y remisión, dolor en región toraco-lumbar, con irradiación a miembro pélvico derecho". También se señaló: "(.) RX AP y lateral de columna lumbosacra donde se observa material de osteosíntesis tronillos traspediculares de L4 y L5, con adecuada ubicación, sin datos de aflojamiento o migración de material. Tac de columna lumbar en la cual se aprecian tornillos en L4 y L5 dentro de pedículo, sin datos de aflojamiento ni migración. Resonancia magnética de columna lumbar con discopatías de L3, L4, L5, S1, datos de descompresión de L4L5. IDX: PO instrumentación tarspedicular de L4 y L5. (.)." Como plan se asentó: "(.) Se comenta a paciente que de acuerdo con nivel tratado no hay indicación alguna de reintervención. Paciente quien refiere inicialmente mejoría del 100% en el postquirúrgico inmediato, sin embargo, refiere que al acudir al mes a salud en el trabajo, la ponen a realizar movimientos bruscos (a referir por la paciente) donde se reagudiza sintomatología, de menor intensidad a situación preoperatoria. Alta de esta consulta Pendiente acuaterapia. Se comenta a paciente que de persistir sintomatología se propondrá trabajar nivel L3L4. No cargar objetos mayores a 7 KG Bajar de peso No agacharse Realizar actividad física de bajo impacto como bicicleta o natación Favor de enviar como primera vez en caso necesario. Se envía a salud en el trabajo para resolver situación laboral (.)." Así, de las constancias reseñadas y de los documentos exhibidos tanto por la parte quejosa como por las autoridades responsables, referentes al diagnóstico de las enfermedades numeradas como 2, 3 y 4 del considerando segundo de la presente ejecutoria, derivado de las notas médicas que fueron emitidas por el instituto de asistencia social señalado como responsable, hacen prueba en favor de la parte solicitante del amparo y contra las autoridades responsables, por lo que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional. Incluidas las señaladas con los números 1, 5 y 6, dado que la parte quejosa afirmó que las autoridades negaron realizar los estudios y canalizarla con los especialistas correspondientes de neurología y traumatología; de la última citada, derivada de las tres hernias nuevas que le fueron detectadas en un estudio que se realizó en una institución privada el treinta de junio de dos mil veintitrés. No obstante, las autoridades solo aludieron de manera genérica que sí proporcionaron la atención médica, así como los medicamentos para tratar los diversos padecimientos que refirió la parte quejosa, pero no anexaron constancia alguna que así lo acreditara, menos aún alguna relativa a la canalización de ésta al área de neurología (o cardiología por signos de infarto) que refiere o si la lumbalgia que alude en su escrito de demanda es relativa a las tres hernias nuevas que afirma le fueron diagnosticadas en una institución privada. Así, se reitera, de tales medios de convicción su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecian los padecimientos que la parte quejosa señala en su demanda, también que requiere tratamiento médico e imprescindiblemente para atenderlos, dado que es conocedora de las complicaciones propias de sus enfermedades. Por esas razones, es que tales documentos resultan suficientes para crear convicción en este Juzgador de que la parte quejosa requiere atención médica para tratar sus padecimientos, mientras que de los restantes que la autoridad responsable no realizó pronunciamiento (1, 5 y 6), que necesita el diagnóstico certero para su tratamiento, tal como lo expuso bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo. Sin embargo, aun y cuando en autos se advierte la disponibilidad de las autoridades responsables para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por la quejosa, al menos por lo que ve al padecimiento de lumbalgia, no lo es así por lo que ve a las tres hernias nuevas que afirma la quejosa adolece, del golpe craneoencefálico que dice sufrió y que le genera dolor de oídos y cabeza, mareos y desequilibrio, de la hipertensión arterial (que es de naturaleza crónica e incurable), de la obesidad y de los signos de infarto que afirma presenta, últimas de las que no se dijo nada; a más que de las notas médicas que exhibieron las responsables se advierte que no existe un diagnóstico médico definitivo que determine su alta, que es innecesario o que materialmente no se pueda otorgar. Se aclara que si bien en las notas de atención médica y prescripción se observa una cirugía en junio de dos mil veintidós, y la colocación de diversos tornillos en la zona de la columna, no se precisa si corresponde a hernias anteriores o a las nuevas que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Además que las autoridades responsables no propusieron algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle tratamiento médico y medicamento que necesite de forma gratuita, para atender sus padecimientos. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de las autoridades con la cual se integre a la quejosa a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente el diagnóstico certero y, en su caso, el tratamiento y servicios que requiere para tratar los padecimientos de (1) tres hernias discales nuevas; (2) lumbalgia (dolor en la columna), con adormecimiento en pie derecho; (3) hipertensión arterial; (4) obesidad; (5) dolor de cabeza y oídos, mareos y desequilibrios derivado de un golpe craneoencefálico; y, (6) signos de infarto, que afirma padece, cuya negativa inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo. Por tanto, atendiendo a la maximización de derechos, este juzgador determina que la protección del derecho a la salud debe ser total y, en el caso, los padecimientos que afirma la amparista la aquejan deben ser atendidos de manera integral, hasta lograr, en la medida de lo posible, su recuperación; así como la atención y diagnóstico de aquellos síntomas que indica y que han sido precisados en los numerales 5 y 6 del párrafo anterior, canalizándose con el especialista de la salud que se considere necesario, que podría ser el de neurología, otorrinolaringología o cardiología. Ello porque el derecho a la salud constituye un derecho humano integral que no se agota, hasta en tanto la quejosa tenga una prerrogativa reconocida por las autoridades responsables, y le sean diagnosticadas con certeza las enfermedades, derivado de sus dolencias, así como suministrados todos los medicamentos, tratamientos y consultas que necesite contra sus padecimientos. En ese contexto, es evidente que la obligación de las autoridades responsables radica en efectuar todas las gestiones necesarias, para que sean diagnosticados de manera certeza sus padecimientos, así como atendidos de manera integral y continua, y le sean proporcionados los medicamentos que requiere para su tratamiento. Por tanto, dicha atención debe ser efectuada en su integridad por las responsables siempre bajo su más estricta responsabilidad; esto es, con base en lo que su médico tratante determine que es lo más adecuado para la peticionaria de amparo, y que ésta acepte a través de su consentimiento informado, así como sus condiciones (temporalidad, modalidades y todas las cuestiones que sean susceptibles de determinar por los especialistas médicos), lo que debe acontecer de manera gratuita en las instituciones de salud públicas, señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. De ahí que la presente sentencia no solamente tiene como efecto reconocerle el derecho a la salud, sino que se debe garantizar; de manera que es obligación del Estado, en reconocimiento y garantía de tal derecho, asegurarse de que se otorgue la atención médica que necesita, u otro diverso, y se le practiquen todos los tratamientos que requiera para enfrentar las enfermedades que padece. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud de la solicitante de amparo con las acciones que refieren las autoridades responsables, y que justificaron con motivo de la suspensión de plano concedida en el presente asunto, toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá cuando se constituya en su favor una prerrogativa que formalmente consolide un diagnóstico certero, el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta, o los que resulten derivados de la evolución respecto de su patología. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Luego, está claro que la negativa de las autoridades responsables al no brindar toda la atención médica, continua, gratuita y requerida por la quejosa, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos con los recursos que la Ley General de Salud impone. Aplica en lo conducente la jurisprudencia que sostiene: "Época: Novena Época Registro: 168549 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Página: 61 SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que existen gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio médico a ésta. Por consiguiente, al advertirse una transgresión al derecho fundamental a la salud de la quejosa que, además, debe ser garantizado, lo que procede es conceder el amparo solicitado por la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. En aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordenen a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que: a) Realicen los estudios necesarios, incluidas las tomografías, radiografías y resonancias magnéticas a efecto de que se verifique si la parte quejosa cuenta con tres hernias nuevas, o qué le causa la lumbalgia que refiere y el adormecimiento de su pie derecho, y que no han sido diagnosticadas por las autoridades responsables en la institución de salud a su cargo. Se continúe con la atención médica especializada a la parte quejosa en el área de trauma y ortopedia derivada de la cirugía que se le practicó del catorce al quince de junio de dos mil veintidós. b) Canalicen a la amparista con el especialista en la salud a su cargo, como lo sería un neurólogo, otorrinolaringólogo o cardiólogo, que se considere el idóneo para atender sus padecimientos de dolor de cabeza y oídos, mareos y desequilibrios, y si estos derivan de un golpe craneoencefálico o de diversa enfermedad, así como de los signos de infarto que dice presentar. c) Se dé atención médica especializada a la parte quejosa por lo que ve a los restantes padecimientos de hipertensión y obesidad. En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que se establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para lo cual deberán precisar que se deben diagnosticar de manera precisa qué padecimientos tiene, y se le debe proporcionar la atención médica, medicamentos y la canalización a los especialistas necesarios. Esto es, con base en sus facultades, se asentará que se deberá tomar en cuenta lo establecido en los incisos a), b) y c), precisados con anterioridad, y se indique el tratamiento que se implementará para tratar sus diversos padecimientos, y la receta y entrega de los medicamentos necesarios para ello. Para efecto de lo anterior, será obligación ineludible de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante las autoridades responsables, a efecto de obtener el tratamiento y los medicamentos que le sean prescritos. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. Ello en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la parte quejosa a manera de alegatos, así como lo referido por el agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.".[Registro digital: 2018276, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 26/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia]. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Clara Carranza Gil, por propio derecho, únicamente respecto a la negativa de surtir el medicamento denominado "liraglutida", atribuida a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Clara Carranza Gil, en contra de las autoridades y los actos reclamados, consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la negativa de proporcionar los servicios que requiere para los padecimientos que presenta, con base a las razones expuestas en el sexto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. gabk
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